"(...) Claramente, en nuestro país hay ahora un contexto favorable a la política industrial.
Para que esa apuesta por la política industrial se consolide en el tiempo, que no sea coyuntural ni dependa de los fondos europeos, necesitamos avanzar en las tres “C” características de una buena política industrial: coordinación de actores, coherencia de políticas y criterios para la selección de sectores.
• Coordinación de actores: debemos construir un sistema institucionalizado de gobernanza capaz de coordinar, bajo el liderazgo estatal, a los distintos actores públicos (de diferentes instancias administrativas: ministeriales y autonómicas) y privados (trabajadores, bancos y empresas —grandes y pequeñas, nacionales y extranjeras—), que directa o indirectamente van a participar en el esfuerzo de transformación del modelo productivo.
• Coherencia de políticas: se ha de concebir la política industrial como un paquete único de distintas políticas que, bien orientadas y desplegadas de manera tanto simultánea como sucesiva, puedan convertirse en una gran palanca para la transformación de la estructura productiva en la dirección que nos hayamos propuesto.
• Criterios para la selección de sectores: tenemos que dotar a la política industrial de un “empuje direccional”, dirigiendo esfuerzos productivos hacia determinados sectores. Y aunque —en una economía que siempre es dinámica e incierta— sea difícil “acertar”, el Estado ha de contar con objetivos claros y criterios precisos para elegir los sectores que mejor asistan a la persecución de esos objetivos.
Nuestro diagnóstico es que esa es la intención que se deduce de la lectura de los planes recientemente publicados por el Gobierno. Pero la intención no es suficiente. Todavía hay espacio para la mejora.
• En los planes actuales se insiste en la importancia de la colaboración público-privada. Ese es el camino correcto. Pero las colaboraciones puntuales no construyen un sistema permanente y global de coordinación entre actores públicos y privados.
• En los planes actuales se incluye una amplia batería de medidas para la modernización de nuestro sistema productivo, divididas en nada menos que 10 palancas y 30 componentes. Hay que aprovechar esa ambición política para que en todos los ámbitos se incorporen medidas específicamente orientadas hacia los objetivos de la política industrial.
• En los planes actuales se reiteran las metas de sostenibilidad y digitalización, a las que más recientemente se ha añadido la de autonomía estratégica. Se podrían hacer expresas otras metas, pero es un buen comienzo. No obstante, hay que insistir en que la política industrial española no puede consistir únicamente en que nuestras industrias digitalicen sus procesos y en que generen procesos o productos medioambientalmente más sostenibles. La política industrial tiene que querer industrializar la sostenibilidad e industrializar la digitalización (o la cohesión social y territorial, la salud y los cuidados, etc.). Solo añadiendo de forma expresa esta otra dimensión se puede entender que sostenibilidad y digitalización actúen como vectores orientadores de la acción de la política industrial; de lo contrario, tendríamos políticas de sostenibilidad o digitalización, pero no políticas industriales propiamente dichas.
A partir de lo hecho o, más bien, de lo anunciado hasta ahora, este informe propone ocho iniciativas para seguir avanzando hacia la consolidación de la política industrial española:
• Para empezar a construir un sistema de gobernanza basado en la coordinación entre actores, proponemos la creación de: una Comisión Delegada de Desarrollo Productivo, que asuma el liderazgo de la política industrial y actúe de nodo central de la red de interrelaciones que unen a las distintas instancias ministeriales y territoriales, que estén directa o indirectamente relacionadas con la política industrial; un Foro Permanente de Coordinación Cuatripartita, que ofrezca a las autoridades públicas un espacio de diálogo con representantes empresariales, asociaciones bancarias y organizaciones de trabajadores, y una Mesa de Transferencia Empresarial, específicamente orientada a facilitar canales de comunicación entre pymes y grandes empresas, entre bancos y empresas no financieras, y entre trabajadores y empresas.
• Para empezar a dotar de coherencia a la política industrial, proponemos la creación de: una Oficina de Dato Industrial, que, en colaboración con el INE, ofrezca una base de datos de recurso público y que facilite la identificación de cuellos de botella u oportunidades de intervención en cadenas productivas de acuerdo con los criterios de selectividad descritos en el informe; una Plataforma de Servicios Industriales y Soluciones tecnológicas, que, en colaboración con el CDTI, ofrezca a demanda servicios intangibles y soluciones tecnológicas a las empresas, especialmente a las pymes; un Fondo de Promoción Industrial, que, gestionado por AXIS, facilite financiación a empresas para el desarrollo productivo, con KPI claros, y de acuerdo con criterios que combinen selectividad productiva y ambiental o digital; una Formación y Garantía de Transición Justa, que, en colaboración con el ITJ, ayude a dotar de capacidades productivas funcionales para los sectores a promover, tanto a trabajadores jóvenes como a aquellos afectados por la transformación productiva, y un Programa de Contratación Pública para el Desarrollo Industrial, que, bajo la supervisión de la AIReF, regule las condiciones para que las entidades públicas comprometan una porción de sus fondos a la compra pública estratégica en torno a objetivos que resuelvan problemas para la Administración y que a la vez sirvan para crear mercados entre empresas innovadoras.
Se trata de un trabajo paciente: los resultados no serán inmediatos y habrá algunos fracasos. Pero el informe concluye que el esfuerzo merecerá la pena. Interiorizar esta “filosofía” y adoptar estos mecanismos de coordinación de actores, coherencia de políticas y criterios de selección de sectores nos permitirá transitar hacia una economía no solo más verde, sino también más justa, con mayor productividad, calidad laboral y estabilidad de derechos sociales." (Future Policy Lab, 'El retornode la política industrial')
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