"En enero del año pasado, los ciudadanos cubanos Lino Antonio Rojas Morell y Yudith Pérez Álvarez se presentaron ante las autoridades en la provincia griega de Evros para solicitar asilo, tras haber entrado irregularmente en el país. Los agentes de policía no solo no hicieron caso a sus demandas, sino que los llevaron a una comisaría donde les quitaron sus teléfonos y sus mochilas. Al día siguiente, antes de ser transportados ilegalmente a Turquía junto a decenas de personas de diferentes nacionalidades, fueron registrados de nuevo.
“El jefe metió mi dinero [375 euros] en su bolsillo”, explica Rojas Morell. “Los agentes buscaban claramente dinero. El hombre incluso quiso mirar mis bragas. Me tocaron los pechos y entre las piernas”, relata Pérez Álvarez en una denuncia que ha sido recientemente admitida a trámite por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Un año después, ambos se encuentran en Estambul, aún traumatizados por la violencia sufrida durante su deportación ilegal. Su caso, lejos de ser único, revela cómo se están gestionando los flujos migratorios en la frontera oriental de la Unión Europea.
Durante los últimos seis meses, dos periodistas de EL PAÍS y del medio griego Solomon han entrevistado a más de una docena de fuentes, entre migrantes, empleados de diversas instituciones relacionadas con el sistema de asilo heleno, miembros en activo y retirados de las fuerzas de seguridad, abogados, expertos y habitantes de la provincia fronteriza de Evros, la más oriental de Grecia. También han analizado los testimonios recogidos por diversas asociaciones y ONG sobre 374 incidentes en los que más de 20.000 personas fueron deportadas ilegalmente por fuerzas de seguridad griegas a Turquía a través de la frontera que delimita el río Evros entre los años 2017 y 2022.
Las conclusiones de la investigación indican un claro modus operandi por parte de las autoridades griegas: la mayoría de los migrantes son capturados cuando entran irregularmente en Grecia y, sin ofrecerles la posibilidad de solicitar asilo o registrar su detención —algo que exigen las leyes griegas y europeas—, se los lleva a diversos puntos de concentración (comisarías de policía, cuarteles del ejército, almacenes abandonados) donde se los trata de forma violenta.
Antes de transportarlos a Turquía en lanchas inflables, se los despoja de sus pertenencias. Los datos recabados permiten estimar que, en los últimos seis años, las fuerzas de seguridad griegas se han apropiado de más de dos millones de euros en efectivo (entre 2,2 y 2,8 millones), así como de teléfonos y otros objetos de valor (anillos, pendientes, pulseras, relojes…). Esta cantidad podría ser bastante mayor, puesto que muchas de estas deportaciones —y el consiguiente robo— no son registradas por las ONG que trabajan en la zona.
Las informaciones analizadas conducen a establecer que lo que hace unos años podían ser incidentes aislados, se ha convertido en una táctica sistemática. “Cuando les confiscas los teléfonos, eliminas cualquier prueba de que estuvieron allí. Cuando les confiscas el dinero, haces su vida más difícil. Cuando los dejas desnudos, otra tendencia que va en aumento, los humillas y los desmoralizas. Es parte de una estrategia para disuadirlos de intentarlo [cruzar la frontera] de nuevo”, denuncia Eva Cossé, investigadora de Human Rights Watch (HRW) en Grecia.
“No podemos hablar de unas pocas ovejas negras, porque en los últimos años se ha convertido en parte de una práctica operacional sistemática”, subraya Hope Barker, portavoz de la Red de Monitorización de la Violencia Fronteriza (BVMN), que integra una decena de asociaciones de base que recogen testimonios de pushbacks (devoluciones ilegales de migrantes) en las fronteras europeas: “Los teléfonos a veces se los quedan, a veces los destrozan; pero el dinero definitivamente se lo quedan. Y es habitual que si descubren que alguien ha ocultado su dinero, le peguen aún más como castigo”. Es lo que les ocurrió a dos jóvenes marroquíes que fueron deportados el 1 de noviembre junto a medio centenar de personas. Los internaron en un centro de detención y, un día más tarde, los llevaron al río Evros, donde los cachearon por segunda vez. “Dejaron claro que les habían quitado todas sus posesiones en el lugar de detención […] Sin embargo, cuando alegaron que no les quedaba nada, los agentes se comportaron de forma violenta con ellos”, se lee en el informe de BVMN sobre el caso. (...)
En 2020, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió 700 millones de euros a Grecia para ayudar a proteger la frontera. Ahora, los policías patrullan la zona con uniformes nuevos y en flamantes Nissan Qashqai. Además de efectivos militares, hay 1.800 agentes de la Guardia Fronteriza (unidad de la policía) de los que 650 fueron contratados el año pasado, dando prioridad a los habitantes de la zona norte de Grecia. En enero, se anunciaron 400 nuevos puestos de guardias fronterizos para la provincia de Evros. “De este pueblo hemos enviado a tres muchachos a la Guardia Fronteriza”, afirma uno de los parroquianos de Nea Vyssa.
“Hay policías que únicamente quieren servir a lo largo del río —afirma la fuente institucional—. Imagina lo que puede ganar una unidad si le quitan 100 o 200 euros a 100 personas. Pueden sacarse un sueldo entero en un solo turno de trabajo”. (...)
Se desconoce qué hacen las fuerzas de seguridad con los teléfonos de los
migrantes, pero una fuente municipal de Orestiada afirma que los
agentes se quedan los aparatos de mejor calidad. “Sus hijos aparecen en
la escuela con teléfonos móviles nuevos y dicen orgullosamente que sus
padres se los quitaron a los migrantes ilegales. La primera noticia que
tuve de ello fue a través de un pariente, pero luego me lo han
confirmado los padres de otros alumnos”, explica la fuente. Lamenta que
los jóvenes que se apuntan a los cuerpos de seguridad, incluso aquellos
que no tienen nada contra los migrantes, terminan asumiendo “el espíritu
de grupo” que predomina en el cuerpo, y que cada vez está más influido
por “la narrativa de la ultraderecha”, que ve en los migrantes un cuerpo
invasor que amenaza la seguridad del país. (...)" (Andrés Mourenza , Stavros Malichudis , El País, 06/03/23)
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