"Lawfare, esa es la palabra que ha entrado en la conciencia de la sociedad española durante este otoño. Este concepto anglosajón, que viene a significar guerra jurídica, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política o acoso judicial, ha tomado gran relevancia política desde que Junts consiguiese introducir ese termino en el acuerdo político que firmó junto al PSOE para apuntalar la investidura de Pedro Sánchez. (...)
Centrándonos en el lawfare, el partido judicial se lleva la manos a la cabeza por la utilización en España de este concepto, pero lo cierto es que en los últimos años hemos asistido a una retahíla de casos en los que el despropósito y los procesos injustos hacen que hablar de guerra sucia judicial sea una necesidad democrática. La persecución judicial a Podemos o Unidas Podemos, los casos de Alberto Rodríguez, Celia Mayer y Sánchez Mato, Vicky Rosell, Isa Serra o Antonio Rodrigo Torrijos, exteniente de alcalde de Sevilla (2007-2011), que ha tenido que soportar años de procesos para ver finalmente cómo las cuatro acusaciones contra él han quedado en nada, son ejemplos de esta guerra sucia.
Controlar la sala penal «desde detrás»
A pesar de la gravedad de estos casos, que son solo un botón de muestra, en la mayoría de ellos los jueces ni siquiera han recibido la reprobación de sus superiores, los cuales han utilizado el CGPJ como ariete contra el gobierno pero nunca para llamar a la seriedad jurídica a la hora de encausar a activistas y políticos vinculados a la izquierda de este país. La renovación de este órgano de gobierno lleva retrasada más de cinco años, coincidiendo con la última vez que las derechas tuvieron el control del Parlamento que escoge a parte de sus miembros. Como consecuencia, han sido muchas las ocasiones en las que este órgano de gobierno eleva quejas públicas contra las declaraciones de dirigentes políticos de izquierdas, lo cual forma parte de la misma estrategia de desgaste político. El control de los órganos judiciales por parte de la derecha ha sido incluso reconocido por dirigentes conservadores, como cuando se supo que el portavoz de Justicia del PP aseguró a sus compañeros que controlaban la sala penal del Tribunal Supremo «desde detrás».
A la luz de estos hechos, es muy difícil no llegar a la conclusión de que una parte sustancial del poder judicial y del poder mediático, aparatos centrales del Estado, mantienen una posición de acoso y derribo contra, al menos, la izquierda política y social y, en no pocas ocasiones, contra el propio gobierno del que forman parte. Se trata, con toda probabilidad, de una actitud impulsada por la creencia de que, en última instancia, están salvando a la nación de los elementos anómalos que, a su parecer y como ha considerado toda la tradición reaccionaria en España, deben ser extirpados de la vida pública.
Querella de Sumar contra 9 miembros del CGPJ
En este contexto debe entenderse la querella que hace unos días interpuso el grupo parlamentario de Sumar contra 9 miembros del CGPJ, una vez que 8 vocales solicitasen la celebración de un pleno extraordinario en el que como único punto del orden del día se aprobase una declaración institucional, declaración en la que, entre otras consideraciones, se reprobaba al presidente del Gobierno y a los grupos parlamentarios que iba a apoyar la ley de amnistía, sin que está aún hubiese sido presentada públicamente.
El acuerdo objeto de la querella, la declaración institucional dirigida a
una disposición legal que ni siquiera existía en el momento de su
adopción, descalifica e imputa conductas gravísimas al presidente del
Gobierno, que pueden ser calificadas como desconsideración entre
instituciones, contradiciendo lo que el CGPJ exige en sus resoluciones
previas respecto del Poder Judicial, e incluye afirmaciones de extrema
gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo
—como han explicitado un miembro del mismo órgano y su propio presidente
en funciones—, en una actuación de crítica política partidista,
desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto
administrativo del acuerdo. Pese a la solvencia jurídica de la querella,
es de esperar que el partido judicial, con el presidente de la Sala
Segunda a la cabeza, Marchena, salga al rescate de los miembros del GGPJ
querellados, pero eso ya es otro capítulo que habrá que escribir en su
momento." (Juan Moreno, Mundo Obrero, 19/12/23)
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