Íñigo Errejón @ierrejon
Milei decreta la “Emergencia Pública” para gobernar con poderes de monarca pasando por encima del Congreso. Impone la venta de todo el patrimonio de Argentina, y suspende de facto derechos civiles y políticos para evitar las protestas por el hambre y el dolor que sus medidas van a causar.
Los liberales lo llaman “libertad”, pero el despotismo de mercado necesita de la más brutal coacción estatal para sostenerse. Y ni con esas.
Al lado del pueblo argentino.
2:47 p. m. · 28 dic. 2023 115 mil Reproducciones
AntonioMaestre @AntonioMaestre
Imagina que Pedro Sánchez promulga un proyecto de ley que le faculta para atribuirse todos los poderes del Congreso durante su legislatura.
Ya no tendría que pasar por el Congreso ni el Senado para aprobar ninguna ley. Todo dependería de su única voluntad. ¿Cómo lo llamaría Jorge Bustos?
10:32 a. m. · 28 dic. 2023 255,3 mil Reproducciones
AntonioMaestre @AntonioMaestre
Javier Milei acaba de enviar al Congreso una “ley habilitante” similar a la que se promulgó en Alemania en 1933.
11:41 p. m. · 27 dic. 2023 868,1 mil Reproducciones
"El ultraderechista Milei impulsa por ley hasta seis años de cárcel para los promotores de protestas sociales.
La medida forma parte de un proyecto de más de 600 artículos que otorga atribuciones legislativas al presidente en cuestiones económicas, fiscales, tarifarias y hasta electorales.
El ultraderechista Javier Milei ha enviado este miércoles al Congreso un proyecto de ley que declara al país en “emergencia pública” e incluye 664 artículos que cambian de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. La ley ómnibus, como se llama por su extensión y variedad de temas, supone la transferencia al poder ejecutivo de amplias facultades legislativas en cuestiones económicas, financieras, previsionales, fiscales, sanitarias y hasta electorales. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias por el Congreso, incluye además un endurecimiento de las sanciones contra la protesta social. Milei pretende que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” sea considerada una manifestación punible con hasta seis años de cárcel si impidiese el libre tránsito o la provisión de servicios públicos.
El texto enviado al Congreso, la iniciativa política más contundente de Milei desde que asumió el poder en Argentina, a principios de mes, advierte de que cualquier manifestación deberá ser notificada con antelación y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer cambios. Además, los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las convocatorias para facilitar su identificación en caso de merecer sanciones penales. El proyecto da forma de ley al protocolo antiprotestas que firmó hace dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Al proyecto de ley remitido el miércoles se suman otras acciones previas que han elevado el descontento social durante las primeras tres semanas en la Casa Rosada. Primero, fue el decálogo de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien devaluó la moneda un 50% y anunció la eliminación de subsidios al transporte y la energía a partir de enero, entre otras medidas. Esta semana, el Gobierno también anuló los contratos de al menos 5.000 empleados estatales, tras la firma de un decreto con cientos de reformas que, según la lectura del Ejecutivo, no necesitaban pasar por el Congreso.
En la lista de reformas que propone el proyecto legislativo, llamado con pompa “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, está la facultad del Ejecutivo para privatizar medio centenar de empresas públicas, el fin de las elecciones primarias de los partidos y una reestructuración de la Cámara de Diputados que facilita sumar parlamentarios a segundas y terceras fuerzas electorales, como es en este momento el partido de gobierno, La Libertad Avanza. La ley, de aprobarse, interviene sobre todo tipo de cuestiones. Las universidades públicas gratuitas, por ejemplo, podrán cobrar a los estudiantes extranjeros su formación; se promueve además un blanqueo a las grandes fortunas que llevan años evadiendo impuestos.
La propuesta de Milei declara al país en situación de “emergencia pública” hasta el 31 de diciembre de 2025. Este plazo tan amplio, además, podrá prorrogarse otros dos años, con lo que abarcaría todo el mandato del presidente. Es esa situación de supuesta emergencia pública la que habilita al Gobierno para asumir competencias que corresponden al poder legislativo. La Constitución argentina impide esa transferencia de poderes “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. (...)" (Constanza Lambertucci , El País, 28/12/23)
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