"La tragedia de las residencias durante la pandemia termina sin depurar responsabilidades.
Los familiares de residentes reciben como un cubo de agua fría el contenido de un informe que sólo resalta carencias, pero que no señala a ningún responsable de una gestión que dejan como pésima o que justifican con argumentos absurdos y sin autocrítica. Tampoco habla sobre cómo reparar ese perjuicio causado, ni de un calendario de trabajo para implementar todas las mejoras que necesita el sistema.
La situación vivida durante la pandemia con las personas mayores provocó que las familias buscaran depurar responsabilidades oficiales entre las personas que gestionaron aquella situación, que se llevó muchas vidas, provocando una auténtica tragedia por los familiares, que veían como a sus abuelos y abuelas, en teoría en buen estado de salud, morían de un día para otro. Esta demanda por esclarecer qué había ocurrido acabó con la conformación de un grupo de trabajo en el Parlament de Catalunya, que debía dar respuestas a las personas afectadas y también provocar un cambio en el sistema de residencias. Por último, el pasado 14 de febrero, se aprobaron las conclusiones del informe final. Según este informe, elaborado por el Grupo de Trabajo de Análisis del Impacto de la Covid-19 en las Residencias (GTAICRE), hasta el momento de la redacción y según datos del Departamento de Salud, la Covid había causado la muerte de 23.694 personas. Un 27,3% de estas defunciones se correspondían a personas mayores de 90 años, un 40,9% a personas de entre 80 y 89 años y un 19,3% a personas de entre 70 y 79 años. Esto deja algo claro: las personas mayores eran más vulnerables al virus.
En esta misma situación de vulnerabilidad se encontraban las personas usuarias de las residencias, donde fallecieron 4.598 residentes. Estas cifras fueron también las que motivaron la formación de un grupo de trabajo que, en un primer momento, estaba pensado como una comisión de investigación. Según el grupo de trabajo, este cambio en la metodología y en la nomenclatura se debe a que necesitan: "centrarse más en los aspectos técnicos para poder disponer de un análisis objetivo para poder empezar un cambio en el modelo residencial". La versión oficial Por la elaboración del informe se contó con una gran cantidad de expertos y de profesionales del ámbito sociosanitario.
Cada grupo parlamentario que participa en este grupo de trabajo presentó a un profesional experto, haciendo un total de seis. Además, hubo intervenciones de representantes de diferentes instituciones y organismos, así como fundaciones y plataformas de personas afectadas por la situación en la que se encontraron sus familiares en las residencias durante la pandemia. Otra parte importante fue la demanda de documentos en el Gobierno, más de una treintena.
Por último, después de meses de trabajo, esta versión oficial ha sido aprobada con el apoyo del PSC, de ERC y de Junts. Las conclusiones a las que se llegan, entre otras, es que en la fase inicial de la pandemia hubo una carencia de recursos y un gran desconocimiento sobre cómo funcionaba el virus, lo que obligó a improvisar en gran medida la respuesta que se daba. Muchos de los errores cometidos fueron consecuencia de la falta de estructuras preparadas y protocolos correctos.
Otro factor que destacan por justificar la mortalidad que se dio en las residencias (recordemos, según datos del Departamento de Salud, 4.598 vidas), es que en Cataluña la mortalidad fue tan elevada como en el resto del mundo, afectando más a personas de edad avanzada y con otras patologías crónicas. También influyó en que el sistema de residencias está diseñado como un sistema hospitalario, facilitando la transmisión del virus, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia.
Por lo que respecta a cómo se decidía a quién se derivaba a los hospitales ya quién no, justifican que todas las decisiones se tomaron bajo criterio médico, siguiendo lo que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) había publicado. Sin embargo, debido al tensionamiento que sufría el sistema hospitalario, constatan que existió un acceso desigual al mismo. También hacen mención a que se vulneraron derechos a la información de las familias, debido al sistema de confinamiento utilizado en las habitaciones, provocando que muchas quedaran desinformadas y desamparadas.
En cuanto a los profesionales sociosanitarios que tuvieron que cargar con esta situación desconocida, quieren darles reconocimiento, admitiendo que se vieron superados por la carencia de titulaciones adecuadas, sueldos bajos, largas jornadas laborales, alta rotación entre el personal y un ratio que no se actualiza desde el año 2011. Si esto sumamos una situación como una pandemia sin precedentes, podemos empezar a entender por qué hablamos de tragedia en las residencias.
Por último, destacan también que el sistema de inspección fue completamente deficitario y que el equipamiento con el que contaban las residencias era insuficiente como para realizar pruebas diagnósticas, lo que provocó un aumento de contagios por la imposibilidad de detectar a personas positivas pero asintomáticas . Con todos estos factores expuestos, explican en sus conclusiones que es necesario “establecer un modelo de atención centrada en la persona”, para garantizar la dignidad de los usuarios, así como reforzar diferentes organismos públicos ligados a la Salud Pública. Piden una mayor financiación por parte del Estado español para poder abordar esta reforma.
Y aquí es donde nace el desconcierto de las familias al conocer el contenido de un informe que sólo resalta carencias, pero que no señala a ningún responsable de una gestión que dejan como pésima o que justifican con argumentos absurdos y sin autocrítica como que la mortalidad fue igual de elevada que otros países de Europa. Además, tampoco se habla sobre cómo reparar ese perjuicio causado, ni de un calendario de trabajo para implementar todas las mejoras que necesita el sistema (y que ellos mismos reconocen). La realidad de las familias Una vez que se hace público el contenido del informe, las familias quedan sorprendidas.
La organización Coordinadora Residencias 5+1, formada por familiares que buscan una atención digna en las residencias, hace público un comunicado y convoca una concentración frente al Parlament de Catalunya. La entidad destaca tres hechos muy importantes: que algunas de las conclusiones a las que se llegan al informe son mentira, que existen omisiones de algunas informaciones que podrían ser muy importantes y que no hay ninguna propuesta concreta de cambio en el modelo residencial.
Respecto a las mentiras, la que más destacan es que la derivación de los residentes en el sistema hospitalario se realizó bajo criterios médicos del SEM. El informe explica que se siguió el protocolo, pero las familias tienen constancia de que, hasta mediados de abril del 2020, los residentes fueron excluidos por razones de edad y de lugar donde vivían, una situación, señalan , que fue contada por muchos de los comparecientes que hablaron con el Grupo de Trabajo. Y este punto lo relacionan estrechamente con la elevada mortalidad registrada en las residencias.
Cuentan que los residentes no tuvieron acceso al sistema sanitario de salud y que no fueron trasladados a hospitales, sin atención médica en las residencias y dejándoles morir en condiciones indignas. Esto lo ejemplifican con el período entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, donde murieron 3.896 residentes con COVID confirmada o sospechosa, de los que 2.798 murieron dentro de las residencias y 1.098 en los hospitales. Sin embargo, en 6 residencias sumaron 101 defunciones sin un solo traslado a un centro hospitalario.
En las redes sociales encontramos a personas que participaron como testigos para la elaboración del informe. La usuaria Rossy Laciana, en la red social X, donde la propia Coordinadora lo comparte, explica que: “es injusto que el testimonio que hemos dado decenas y decenas de personas no hayan servido ni para hacer justicia ni para replantear un modelo residencial y sanitario que condenó a muerte a miles de personas. Desatendidas, sin derechos. Y las carencias, siguen. ¿Cómo se puede tolerar?”
La Coordinadora Residencias 5+1 recibió como un cubo de agua fría toda esta situación, sintiendo que todo el esfuerzo que dedicaron por luchar por la justicia, fue por nada. Su presidenta, Maria José Carcelén, considera que la resolución de este Grupo de Trabajo es "una burla a los fallecidos ya las familias", considerando que no han leído ni los mismos documentos, ni han escuchado la gran cantidad de testigos con los que van contar. Por eso las familias todavía tienen un largo camino por recorrer en esta lucha.
La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las residencias todavía no ha cambiado, tal y como reconoce el propio informe del Grupo de Trabajo, donde se reclama mayor inversión y un cambio de modelo que todavía no está ni planificado. Es por ello que deben tomarse medidas de carácter urgente para revertir una situación que carga a muchos muertos en sus hombros." (Yeray García , El Diari de la Sanitat, 16/02/24)
No hay comentarios:
Publicar un comentario