La vivienda se ha convertido en una emergencia en España. La dificultad de acceso a una casa envenena el conjunto de la economía y afecta a muchos otros aspectos cotidianos. Los jóvenes son de los que más tarde se emancipan de Europa y la tasa de fertilidad también es de las más bajas del mundo... Europa busca la fórmula ante la crisis con multas a pisos vacíos, límites al alquiler y construcción masiva. El precio de la vivienda se dispara un 47% en dos años en el continente

 "La vivienda se ha convertido en una emergencia en España. La dificultad de acceso a una casa envenena el conjunto de la economía y afecta a muchos otros aspectos cotidianos. Los jóvenes son de los que más tarde se emancipan de Europa y la tasa de fertilidad también es de las más bajas del mundo, dos problemas que se arrastran desde hace tiempo. Para hacer funcionar la economía, se necesitan miles de migrantes, que una vez llegan se topan con el muro del mercado inmobiliario y acaban compartiendo piso a la fuerza. Y mientras la tasa de hacinamiento (básicamente, familias que no pueden permitirse vivir solas) no ha hecho más que crecer en la última década, el esfuerzo por alquilar o comprar es tan grande, que muchos hogares no pueden ahorrar o concentran todo su ahorro en la casa, lo que merma otras inversiones más productivas y reduce las opciones en tiempos de crisis. Al final, un piso asequible se convierte en un tesoro que nadie quiere abandonar, a costa de reducir la movilidad laboral, lo que complica bajar el paro. Ante este panorama, no sorprende que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, describiera esta misma semana como “una emergencia social” lo que sucede en muchas ciudades. Pero la realidad, coinciden los expertos y admitió la propia ministra, es que no hay soluciones mágicas y llevará años enderezar el rumbo.

El país atraviesa una “grave crisis de vivienda” en palabras del sociólogo Jesús Leal, con cuatro décadas de investigación en la materia a sus espaldas. Y esa crisis es la primera ficha del dominó que hace caer muchas otras porque, como recuerda Beatriz Jordao, responsable de la oficina en España de ONU-Hábitat, “la vivienda es un derecho humano, pero también es un medio a través del cual accedemos directa o indirectamente a otros derechos como son la seguridad, la salud, la intimidad o la educación, entre otros”. “Todo el sistema socioeconómico de un país se resiente por la falta de vivienda asequible”, agrega.

En el origen de todo se encuentra el esfuerzo que hay que hacer para acceder a una vivienda, particularmente entre quienes alquilan. Los datos de oferta del portal Fotocasa indican que, en los últimos 18 meses, los precios de arrendamiento han batido su récord histórico en 49 de las 50 capitales de provincia. Solo Zaragoza se libra. Y las cosas solo son ligeramente mejores para aquellos que pueden comprar. La última estadística de precios del INE sitúa los importes a solo tres puntos porcentuales de alcanzar los máximos de 2007, en plena burbuja inmobiliaria. En algunas de las urbes más caras, como Madrid o San Sebastián, lo que se pide ya está por encima de aquella época, según Fotocasa. Y eso implica tener unos ahorros para dar la entrada del piso que muchos hogares no se pueden permitir. La vivienda en propiedad tiene mucho arraigo, pero cada vez hay más inquilinos porque el salto del alquiler a la compra resulta imposible para muchos. Según Eurostat, un 39% de los hogares que viven de alquiler destinan más del 40% de sus ingresos a pagar la casa, el tercer porcentaje más elevado en la UE.

“El problema es tan fuerte que afecta a clases medias, sobre todo a los hijos de las clases medias”, alerta Leal. El catedrático lamenta la falta de políticas de vivienda tras el estallido de la burbuja (con presupuestos menguantes desde entonces y hasta 2018) y pone el énfasis en dos fatídicas consecuencias demográficas: el retraso en la formación del hogar y la “caída de la fecundidad a niveles nunca vistos, en los que empiezan a producirse ya saldos de población nativa negativos”. En 2022, último dato disponible, la edad media de emancipación superó en España por primera vez los 30 años, la cuarta más elevada de la UE. Mientras, la tasa de fertilidad se ha reducido hasta 1,2 hijos por mujer: solo ocho países tienen un peor resultado en los registros del Banco Mundial. La reposición con población migrante, de la que “no podemos prescindir”, según destaca Leal, genera a su vez retos de planificación. Un estudio codirigido por el sociólogo halló que Madrid era la capital con mayor segregación social de Europa, por encima de otras 12.

Pero, además, tener un mercado inmobiliario tan tenso tampoco es bueno desde un punto de vista económico. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, se atreve incluso a desterrar uno de los mitos más arraigados en el imaginario español: que no hay mejor inversión que una casa. “Como activo de ahorro, la vivienda tiene bastantes debilidades”, lanza. Es decir, que no es lo más recomendable para cuando vienen mal dadas porque normalmente el valor de los inmuebles cae en las crisis y difícilmente permiten recurrir solo a una parte de ese ahorro y preservar el resto. Un reciente informe de la consultora Afi destacaba que los hogares españoles tienen muchos menos productos financieros de previsión (planes de pensiones, seguros de vida, rentas vitalicias) que los europeos. Con datos del Banco de España, estos solo suponen un 3% del ahorro total, mientras la vivienda supone el 70%, lo que plantea un reto para generaciones jóvenes que cada vez tienen menos expectativas de tener una casa propia. La devoción por el ladrillo también corta otras inversiones productivas, lo que repercute en la educación o la innovación. Pero para Cardoso, una de las mayores disfunciones es la que afecta al mercado laboral. “No es fácil dejar atrás una vivienda”, explica el economista, y “por eso en España vemos convivir tasas de paro del 25% en algunas zonas con otras donde está en torno al 5%”.

En las facultades de Economía se estudia 1959 como un hito. Es el año del Plan de Estabilización, que sentaba las bases de una economía moderna como la que tenían otros vecinos europeos, y en el que el ministro de Vivienda José Luis de Arrese dejaría una frase para la historia: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”. Pero aquel país con anhelos de cambio se refleja mejor en una película del mismo ejercicio. El Pisito, con el primer guion del genial Rafael Azona, retrataba a una pareja ya no tan joven que estaba dispuesta a que él se casara con una anciana enferma con tal de heredar un ventajoso contrato de alquiler. Un relato de precariedad y planes de vida en suspenso que, 65 años después, no suena tan alejado. España afronta otra gran crisis de vivienda, pero con distintas variables: ¿Es posible transitar de un país solo de propietarios a otro donde el alquiler sea una solución razonable para muchas familias?

 L PAÍS ha pedido a seis hogares repartidos por toda España que cuenten sus problemas con la vivienda. Así es el pisito de 2024:

XISCA SÁEZ. 34 años, Mallorca. Volar cada día para no pagar casa

A Xisca Sáez su trabajo como profesora de primero de primaria en el colegio Can Raspalls de Ibiza le sale a pagar. Le asignaron esta plaza hace unos meses, después de aprobar las oposiciones, y, como muchos otros docentes, la ha obtenido en una isla distinta a la que reside con su marido y sus dos hijos de ocho y cinco años. En septiembre comenzó la pesadilla que ha llevado a algunos de sus compañeros a renunciar a su plaza de funcionarios, ante la imposibilidad de compaginar las necesidades del mercado laboral con los azares del mercado inmobiliario. Sáez hizo todo para intentarlo: “Me tuve que reducir la jornada para pasar solo dos noches en Ibiza y empecé a buscar piso. Encontré un sofá en el que me dejaban dormir por 600 euros, me ofrecieron vivir en un piso en reforma, y en una habitación minúscula y deprimente de un piso con dos personas, a las que no conocía, por 450 euros”, explica. Una amiga desplazada a Ibiza por el mismo motivo le dijo que una de las habitaciones de la casa que compartía se quedaba libre y decidió alquilarla. Paga 700 euros mensuales por una vivienda que solo usa dos noches por semana y en la que la casera entra “cuando le da la gana” con la excusa de que solo alquila las habitaciones y no el resto de las zonas. Hace un par de semanas pidió una rebaja en el precio y se encontró con una negativa taxativa de la propietaria. “Me dijo que el precio era más que razonable”, lamenta Sáez. Las enormes dificultades para encontrar un alojamiento digno y poder conciliar con su familia la han llevado a tomar la decisión de abandonar el piso después de Semana Santa. “He hecho números y me sale más rentable ir y volver en avión cada día para trabajar. Es un desgaste enorme, pero es la única manera de no perder dinero con mi trabajo”, explica.

DAVID MELERO. 29 años, Madrid. Atrapados en la casa paterna

Los jóvenes españoles dejan el hogar paterno alrededor de los 30 años y cuatro meses de edad, cuando sus pares suecos, fineses o daneses llevan ya casi una década fuera del nido. David Melero tiene 29 años y ha intentado independizarse en tres ocasiones, aunque siempre ha terminado regresando a casa de sus padres. Los precios de la vivienda, unidos a la precariedad de los sueldos, hacen que estos ensayos de emancipación acaben irremediablemente fracasando entre los jóvenes españoles. “Todo mi entorno está en la misma situación”, indica. El último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España calculaba el coste medio de vivir independiente en 1.082 euros, por encima de los 1.005 euros en que se sitúa el salario mediano de los menores de 35 años. Solo queda, por tanto, la opción de compartir. Esto es lo que hizo Melero desde 2017, tanto con parejas como con amigos. En 2021, ante la imposibilidad de alquilar en solitario, decidió que lo más inteligente era volver al hogar familiar con el objetivo de ahorrar y poder comprar. “Fui un iluso porque llevo dos años y no es suficiente. Estuve mirando pisos por Ciudad Lineal y Vallecas [zonas residenciales modestas de Madrid], pero por menos de 200.000 euros no encuentras nada decente”, cuenta el joven que lleva un año en paro y que en este momento estudia un curso de programación web con prácticas remuneradas de 500 euros al mes. Con esfuerzo, ha conseguido ahorrar unos 24.000 euros, prácticamente la mitad de lo que necesitaría. “El año pasado, antes de quedarme en paro, fui al banco a preguntar si me daban una hipoteca. Me dijeron que a mí solo no y que necesitaba otra persona más un aval”. El joven es pesimista, y por eso se plantea otras alternativas: “He tirado la toalla, veo inviable comprar o alquilar en Madrid”, comenta. “Lo más probable es que me vaya a A Coruña con mi pareja. Alquileres que en Madrid cuestan 1.200 euros al mes los puedes encontrar allí por 750”, concluye.

ROSBELYS OSTOS. 39 años, Vigo. Compartir casa a la fuerza

Rosbelys Ostos, una venezolana de 39 años, llegó a España hace cuatro. Desde entonces, no sabe lo que es tener una casa para ella. Actualmente, vive en Vigo en un piso de tres habitaciones que comparten dos familias. La suya, de tres personas (tiene una hija de 6 años y un hijo de 18), y la de su compañera, que tiene un hijo de 15. “No me imaginaba que esto era así”, cuenta al teléfono. “Casi todas mis amistades viven compartiendo piso”. Un 6,6% de los hogares de España no cuentan con las habitaciones suficientes para sus miembros, según Eurostat. Es lo que se conoce como tasa de hacinamiento, que ha subido más de un punto en la última década. Un informe elaborado por Provivienda en 2022 señalaba esto como “una de las consecuencias más habituales de sufrir discriminación racial en el ámbito de la vivienda”, y remarcaba que, en el conjunto de Europa, las personas de raza negra la sufren tres veces más que el resto. Ostos vive precisamente en una casa facilitada por esa organización sin ánimo de lucro que ofrece, en función del grado de vulnerabilidad de las familias, desde alojamientos gratuitos hasta programas de alquileres asequibles. “Este piso cuesta 500 euros, que no está mal”, cuenta la venezolana. Lo que no es posible dentro de la red asistencial es lo que más ansía, vivir sola. Y ese sueño se ha complicado ahora que la panadería donde trabajaba cerró y se ha quedado en el paro. Así que Ostos sigue soñando: “Me da igual que sea una casa pequeña o que no tenga calefacción, lo que más añoro es vivir sola con mis hijos donde sea”, reflexiona. “Me iría adonde fuera, aunque tuviera que sacar el agua de un pozo”.

RAQUEL SANZ. 50 años, Madrid . Cuando el ahorro de 17 años se esfuma

Raquel Sanz nunca imaginó que a sus 50 años el piso que compró hace ahora 17 años se iba a convertir en una trituradora de sueños. “Mi idea era vivir en esta casa toda la vida y que se la quedaran mis hijos”, dice esta mujer que trabaja en una compañía aseguradora en la Comunidad de Madrid. No ha sido posible. La subida de la letra hipotecaria mensual ha arrastrado a toda la familia. Se han visto obligados a vender su casa en el municipio de San Sebastián de los Reyes porque, como dice con pesar, “el ladrillo no se come”. Su historia comienza en 2007, cuando Raquel y su marido, que actualmente tienen dos hijos adolescentes, compraron un piso de dos habitaciones con una hipoteca variable de Caja Madrid (integrada actualmente en CaixaBank), referenciada a euríbor más 0,40% y con un plazo de 30 años. El problema es que se trataba de un préstamo con cuota creciente. Con los tipos de interés en negativo, llegó a pagar 500 euros al mes. Pero en verano de 2022, el BCE inició la subida de tipos de interés más abrupta de su historia. “La letra de marzo ha sido de 1.430 euros”, describe. Raquel gana unos 1.300 euros al mes y su marido, 1.800. Con 3.100 euros en total, la cuota hipotecaria supone el 46% de sus ingresos, cuando el límite saludable se sitúa en el 30%. La familia es un ejemplo del exceso de esfuerzo que muchos españoles dedican a la casa y que les impide hacer frente a otros gastos. “Antes podía salir a cenar y ahora no, este pasado verano no nos hemos podido ir de vacaciones, y al hacer la compra voy mirando el céntimo”, relata. En su caso, además, será en vano. Intentó negociar con el banco, pero fue infructuoso. “No nos atendían y cuando lo hicieron fue para ofrecernos una novación aumentando el plazo de la hipoteca en 10 años más y dejándonos una letra de 1.023 euros”. La decisión está tomada. Raquel venderá el piso que compró por 237.000 euros por 195.000 euros, prácticamente lo que le resta de hipoteca. Ha encontrado ya comprador para escapar cuanto antes de una situación que le está costando la salud: “Tras cuatro meses de baja laboral por ansiedad, he llegado a la conclusión de que es nuestra única salida”. Y es consciente de lo que vendrá luego: “Tengo que empezar de cero con 50 años y dos hijos”.

N.R. 40 años, Alicante. Sin alternativa a un alquiler imposible

España tiene menos de un 2% de vivienda social, frente la media europea del 9%. Eso complica mucho las cosas para las familias más desfavorecidas, como la de N. R. Esta mujer de 40 años recibió en diciembre un burofax en el que su casero le advertía de que le iba a subir el alquiler, y cuenta su caso bajo la condición de anonimato porque todavía tiene esperanzas de negociar con este. Actualmente, paga 414 euros por una casa de tres habitaciones en la que vive con dos de sus tres hijos en un barrio histórico de Alicante. En abril, cuando expire el contrato de arrendamiento que firmó en 2018, el precio subirá a 750 euros. Un importe inaccesible para sus ingresos, de alrededor de 800 euros, que percibe gracias al Ingreso Mínimo Vital y la Renta Básica Valenciana, ya que no puede trabajar a causa de las secuelas de un accidente de tráfico por el que ha pedido el certificado de incapacidad. “No sé cómo va a llegar mi cuerpo a ese momento en que me saquen de casa”, cuenta, resignada al desahucio.

N.R. ya frenó el año pasado las intenciones de su casero. Pocos días antes de que se cumplieran los cinco años del contrato de arrendamiento, en abril de 2023, le advirtió de la subida del precio. Pero desde una asociación de su barrio que lucha contra los desahucios le comentaron que le “tenía que haber avisado con dos meses de antelación” y logró prorrogar su estancia. Este año, sin embargo, el propietario de la vivienda, con tres habitaciones y poco menos de 80 metros cuadrados, ha cumplido los plazos. “Está en su derecho”, lamenta la inquilina, que ha entrado en un plan municipal de emergencia habitacional “que tiene las listas cerradas”. No hay viviendas a precios asequibles, asegura. En la escalera de al lado de su casa, se alquila un piso igual a 1.000 euros. En un piso similar, situado en uno de los barrios marginales de la ciudad, “solo me permitían alquilar si vivía sola, no con un hijo de 8 años”. “Estamos en una realidad alternativa”, sostiene. “¿Quién puede pagar casi 800 euros por un piso enano que no está en condiciones?”, se pregunta. Sigue asesorada. Ha presentado toda la documentación a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), de la Generalitat, que tampoco le proporciona “una vivienda nueva” a la que mudarse. “Han llegado a sugerirme”, señala, “que eche abajo la puerta de una de las viviendas cerradas que hay en Alicante y se supone que son para casos como el mío”. “¿Tengo que hacerme okupa, esa es la solución?”, exclama.

MARÍA BERMEJO. 51 años, Málaga. Vivir “regateando al turismo”

Tras estudiar Arquitectura en Sevilla, María Bermejo, de 51 años, se mudó junto a su pareja al centro de Málaga en 1999. El casco histórico era entonces una sucesión de solares, edificios ruinosos y suciedad, pero en 2002 algo cambió. La calle Larios, principal arteria comercial, pasó a ser peatonal. “Fue el punto de partida de la gentrificación. Poco a poco, los coches fueron expulsados de otras muchas calles, pero el espacio ganado no pudimos disfrutarlo demasiado los ciudadanos: fue vendido a bares y restaurantes para sus terrazas”, afirma Bermejo. La irrupción del turismo de masas ha transformado su entorno a toda velocidad. “El centro es pequeño y tiene de todo: cine, teatro, museos o un estupendo mercado central. Está todo a mano, es maravilloso, pero ya somos solo 5.000 vecinos y nos enfrentamos a muchos miles de visitantes que se cruzan en nuestra vida cotidiana como una plaga de hormiguitas”, relata. “Tenemos que ir regateando al turismo”, insiste. “En eventos y foros nos invitan a convertirnos en resistencia, a la militancia política contra lo que ocurre, pero en el fondo lo único que queremos es llevar una vida tranquila en este barrio que hemos elegido para vivir”, añade quien destaca que la turistificación ha expulsado también a muchas de las familias con las que han criado a sus hijos por los precios o los miles de pisos y apartamentos turísticos que hay en el centro. Los fenómenos de gentrificación (sustitución de la población de una zona por nuevos grupos sociales que llegan y elevan los precios por disponer de más medios) está muy estudiada en la literatura académica. La expulsión normalmente se produce de los centros a las afueras de las ciudades y puede provocar, por los tiempos de desplazamiento al trabajo y la insuficiente dotación de transportes públicos, problemas medioambientales. Bermejo, de momento, se resiste a irse de un espacio que considera “ocupado por turistas, pero también por las administraciones”. Ocurre, por ejemplo, en la céntrica Plaza de la Constitución, que lleva cinco meses ocupada sin interrupción: luces de Navidad, carnaval, semana de la moda, Copa del Rey de baloncesto, festival de cine y, en las últimas semanas, preparativos para Semana Santa. “No hay descanso”, lamenta Bermejo. “Esto se parece cada vez menos a un barrio: es como una mercancía en venta permanente”, sentencia."       (José Luis Aranda, El País, 24/03/24)

"Europa busca la fórmula ante la crisis con multas a pisos vacíos, límites al alquiler y construcción masiva. El precio de la vivienda se dispara un 47% en dos años en el continente.

 La vivienda se ha erigido en uno de los grandes retos que afronta Europa. La mayoría de los países han experimentado en los últimos años una escalada que ha privado a muchos ciudadanos del acceso a la vivienda. Según el Observatorio Social Europeo de Vivienda, entre 2020 y 2022 los alquileres escalaron un 19% y los precios de compra, un 47%. Muchos países han echado mano de medidas más o menos imaginativas para combatir esa emergencia: multas a pisos vacíos, topes a los alquileres o el freno a los pisos vacacionales. Estas son algunas de las situaciones límite que vive Europa.

Francia: más construcción de vivienda social

El Gobierno francés propone “un choque de oferta” para responder a la crisis de la vivienda, según anunció el nuevo primer ministro, Gabriel Attal, en su primer discurso de política general ante el Parlamento. “Oferta, oferta, oferta”, enfatizó días después su ministro del ramo, Guillaume Kasbarian. Unos cuatro millones de personas viven en residencias en malas condiciones en Francia y, de ellas, 330.000 personas sin domicilio fijo, según la fundación Abbé Pierre. Hay, además, 2,6 millones a la espera de acceder a una vivienda social, en un país en el que es obligatorio entre un 20% y un 25% de vivienda pública en los municipios de más de 3.500 habitantes y en ciudades de más de 50.000. Se evalúa que hay unos tres millones de residencias vacantes, un 60% más que en 1990.

La idea del Gobierno es incitar a que entren en el mercado viviendas que ahora ni se alquilan ni se venden, y favorecer la construcción. Entre otras medidas, ha planteado un aumento de la oferta de alquiler, con una “corrección” de los métodos de cálculo que permitirá mantener en el mercado 140.000 viviendas de menos de 40 metros cuadrados sin la obligación de renovarlas para adaptarse a las normas medioambientales. También prevé acelerar la construcción de 30.000 nuevas viviendas durante los próximos tres años en 20 territorios considerados prioritarios.

Irlanda: un mercado en tensión por las multinacionales

La crisis de la vivienda es, desde hace años, el principal problema de la República de Irlanda. Es el factor por el que se mide el éxito o el fracaso de los políticos, y la causa de un giro drástico en las tendencias tradicionales del voto. El país solía registrar, hace décadas, el nivel más alto de propiedad de viviendas de la UE. Hoy, a pesar de sus continuas cifras de crecimiento económico —gracias al desembarco de los principales gigantes tecnológicos, atraídos por una situación fiscal ventajosa—, apenas el 66% de los domicilios están en régimen de propiedad.

Las multinacionales dan trabajo a un 10% de la población irlandesa, junto a miles de expatriados que se han trasladado allí. La crisis de la vivienda ―con precios que superan en Dublín, y en el resto del país, a los ya desorbitados de Londres―, sumada a unos servicios públicos en tensión, ha llevado al triunfo en número total de votos del Sinn Féin: el partido que durante años fue el brazo político del IRA y hoy representa la opción política más a la izquierda.

En la última década, los precios de la vivienda han subido un 75%. Los de los alquileres, un 90%. El precio medio de renta por una vivienda en Dublín es de unos 2.100 euros, el equivalente al salario medio de un profesor. La especulación del mercado inmobiliario ha supuesto que prácticamente el 60% de la vivienda nueva que se construye en la capital es adquirida de inmediato por fondos de inversión en vez de por particulares.

Bélgica: alquiler forzoso de pisos vacíos

La primera penalización por un piso vacío en Bélgica llegó a finales de 2023: un tribunal de primera instancia de la región de Bruselas condenó en octubre al propietario de una vivienda en el centro de la capital belga desocupada desde el año anterior a volver a ponerla en el mercado en un máximo de tres meses. En caso contrario, afrontaría una multa de 100 euros diarios hasta un máximo de 100.000. La secretaria de Estado de la región Bruselas-capital, la socialista Nawal Ben Hamou, celebró la primera sentencia de este tipo desde que el gobierno regional decidió, en 2021, endurecer la vigilancia —las normas ya existían desde hacía tiempo— para evitar que haya viviendas vacías durante más de un año cuando la demanda supera ampliamente la oferta. En 2021, se estimaba que había más de 26.000 viviendas desocupadas en la capital belga. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en febrero reducía esa cifra a un máximo de 9.000.

Tras Bruselas, donde en materia de protección al inquilino vulnerable rige también, al igual que en ciudades como París, la denominada tregua invernal —una moratoria que prohíbe echar, incluso aunque no paguen, a los inquilinos durante los meses de invierno— siguió el ejemplo de la región francófona de Valonia, que también impone desde 2022 multas de entre 500 y hasta 12.500 euros por viviendas desocupadas.

Portugal: coto a la vivienda turística

La falta de viviendas accesibles es una de las principales razones de descontento social en Portugal. Ni la compra ni el alquiler están al alcance de la mano de muchas familias de clase media o de jóvenes que desean emanciparse. Según Eurostat, el precio de venta casi se ha duplicado desde 2010, mientras que el de los alquileres ha aumentado en un tercio. La evolución de los salarios, en un país con bajas retribuciones, no ha acompañado la escalada inmobiliaria.

El país es un destino turístico de moda, que tiene como efecto secundario la retirada de viviendas del alquiler tradicional para ofrecerlas a los visitantes. A finales de 2022, había 108.523 viviendas turísticas, que representaban el 1,8% de los alojamientos del país. En el verano de 2023 se aprobó una norma para prohibir la apertura de nuevos apartamentos turísticos en Lisboa, Oporto y buena parte del litoral del país, donde los precios inmobiliarios se han disparado especialmente. Además, se estableció una “contribución extraordinaria” del 15% sobre el alojamiento turístico y se reforzó el poder de las comunidades de propietarios para impedir la apertura de pisos turísticos en sus edificios o incluso forzar la retirada de la licencia a los ya existentes.

Estas restricciones forman parte del paquete de medidas Más Vivienda, que el Gobierno socialista aprobó en 2023 para tratar de paliar el déficit habitacional de los portugueses. Aunque inicialmente se había previsto el alquiler forzoso de pisos vacíos, el ejecutivo acabó dando marcha atrás ante las críticas recibidas. Ahora solo se contempla como algo excepcional a lo que podrán recurrir los ayuntamientos. Portugal cuenta con 723.215 pisos vacíos, según el Instituto Nacional de Estadística.

El Gobierno también decidió suprimir los visados de oro, vigentes desde 2012, para conceder permiso de residencia a extranjeros no comunitarios a cambio de inversiones en el país. De los 11.758 visados otorgados durante el tiempo que estuvo en vigor la medida, el 87% se debió a compras de casas por un valor superior a 250.000 euros.

Italia: las medidas no llegan

La demanda de vivienda en Italia sigue creciendo considerablemente, mientras que la oferta, condicionada por el aumento de los alquileres turísticos y la especulación inmobiliaria, no es capaz de hacerle frente. Especialmente en las grandes ciudades, los precios son cada vez más elevados. En muchas, como Milán, Brescia, Roma o Bolonia, los estudiantes han acampado en tiendas de campaña durante varios días como protesta por el encarecimiento tan pronunciado de los alquileres. Según un informe de la empresa de intermediación y servicios inmobiliarios Abitare Co, realizado en las ocho principales ciudades italianas (Milán, Roma, Bolonia, Florencia, Génova, Nápoles, Palermo y Turín), alquilar hoy un apartamento de dos habitaciones y 70 metros cuadrados cuesta una media de 945 euros al mes.

Italia carece de un plan de vivienda estructurado para todo el país. El ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, anunció hace unos meses un nuevo plan de vivienda, en el que deberían participar las autoridades locales y regionales, pero de momento no hay nada concreto. El Gobierno ha creado recientemente un observatorio público para la vivienda, pero aún no está operativo. Los sindicatos de inquilinos reclaman límites máximos a los alquileres en función de los salarios de la zona o planes masivos de nuevas viviendas públicas.

Alemania: los topes a los alquileres

Alemania lleva años luchando contra el problema de escasez de vivienda, sobre todo, en los centros urbanos, donde los precios se han disparado por el incremento del número de residentes y la falta de oferta. La promesa del Gobierno alemán de 2022 de garantizar 400.000 viviendas nuevas al año no se ha cumplido. En 2022 se construyeron algo menos de 300.000 y el pasado año, cerca de 250.000 debido a la explosión de los costes desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Esa escasez aumenta la presión sobre el mercado del alquiler. Los pisos de rentas asequibles son cada vez más escasos. En las principales ciudades alemanas faltan alrededor de 1,9 millones de pisos baratos, de los cuales unos 1,4 millones son de menos de 45 metros cuadrados para hogares unipersonales. La brecha es mayor en Berlín, Hamburgo y Colonia. Los alquileres, además, siguen escalando. En el caso de Berlín, el precio de los pisos subió el pasado año un 20% en comparación a hace un año.

Desde 2015, además, hay una norma para poner límites a los alquileres. Esa ley fija que cuando se firma un nuevo contrato de arrendamiento, este solo puede ser un 10% superior al alquiler comparativo local recogido en un índice elaborado por las ciudades y municipios, que se publica de forma anual. El índice es una media de los alquileres de los últimos seis años para una vivienda de determinadas características en un área concreta. Todos los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a crear un índice de alquiler desde julio de 2022.

El límite a los alquileres obliga a las zonas con un mercado de vivienda problemático. Cada Estado federado es el encargado de decidir si se aplica o no. En el caso de Berlín, por ejemplo, se hace desde 2015. En el caso de grandes ciudades bávaras como Múnich, Núremberg o Augsburgo, no se puso en marcha hasta enero de 2022. La congelación del alquiler, que se ha prorrogado hasta finales de 2025, se aplica al realquiler de pisos existentes, pero no a los de nueva construcción. Tampoco se aplica a los alquileres de corta duración. En este caso, el gobierno prepara una reforma para que el límite se aplique también a los alquileres de corta duración iguales o superiores a seis meses y a los contratos de corta duración consecutivos.

Países Bajos: cuotas de alquiler social

El proyecto de ley de vivienda, remitido a principios de marzo al Congreso por el ministro del ramo, el democristiano Hugo de Jonge, promociona la construcción de casas de alquiler social. En su propuesta, el ministro indica que el 30% de los pisos de nueva construcción deberán serlo. Estos no pueden superar los 870 euros mensuales de alquiler social, y tampoco pasar de 1.230 euros al mes en el alquiler medio. Por otro lado, el Gobierno holandés en funciones se propone edificar 981.000 viviendas hasta 2030. De estas, dos tercios deben ser asimismo asequibles.

Según el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, Países Bajos tiene la tasa más alta de vivienda social de Europa. Hay cuatro millones de personas viviendo en 2,3 millones de estas casas. Sin embargo, la crisis del sector se traduce en falta de oferta y en precios poco asequibles, y lo atribuye a varias causas estructurales. Entre ellas, el hecho de que distintos Gobiernos hayan permitido a lo largo de la última década que las compañías de viviendas sociales se comportaran como firmas privadas en busca de lucro. También, haberse apoyado en exceso en el sector privado, falta de suelo adecuado para construir y la ausencia de protección de los derechos de los inquilinos, incluidos los desahucios. Según Rajagopal, la situación se ha fraguado con el tiempo y no puede atribuirse a la llegada de inmigrantes, como ha afirmado el líder de extrema derecha, Geert Wilders."             (El País, 24/03/24)