Con los próximos Presupuestos se puede crear un fondo de 40.000 millones redirigiendo créditos blandos de la Adenda del plan de recuperación, para impulsar la creación de un gran parque de vivienda pública de alquiler asequible, y al que accederían empresas públicas estatales, comunidades autónomas y ayuntamientos y que estaría condicionado al cumplimiento de hitos y condiciones, como, por ejemplo, que las viviendas no se pudieran descalificar. El fondo se emplearía, en primer lugar, en movilizar las viviendas vacías mediante agencias públicas de alquiler seguro, garantizado y asequible. Y, en segundo lugar, en construir a través de inmobiliarias públicas viviendas en zonas tensionadas donde la movilización de vivienda vacías sea insuficiente. Si toda la financiación se destinara a este fin, se podrían construir hasta 500.000 viviendas, cuyo alquiler ascendería a 400 euros mensuales para una vivienda de 80 metros cuadrados que, a su vez, permitirían devolver la financiación y pagar su mantenimiento... Hay mucho suelo público disponible en la Administración Central (ADIF, SAREB, SEPEs, Ministerio de Defensa, etc.), comunidades autónomas y ayuntamientos (Carlos Martín Urriza)

 "Nuestra Carta Magna obliga a los poderes públicos a hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y, con este fin, impedir el aumento especulativo de su precio mediante la regulación del uso del suelo. A pesar de este claro mandato constitucional, los precios de la vivienda en propiedad están en las grandes ciudades y sus conurbaciones en niveles imposibles, similares a los registrados durante la burbuja inmobiliaria. El alquiler tampoco es una alternativa, pues su fuerte crecimiento hace tiempo que dejó de estar vinculado al de los salarios y un rentismo extractivista succiona como un parásito sin fondo muchos de los esfuerzos del gobierno o las organizaciones sindicales para mejorar el poder de compra de los hogares. 

Este grave problema golpea el corazón de una ciudadanía que no encuentra solución en unos poderes políticos que parecen atenazados. Al menos una parte del gobierno de coalición parece tener miedo a “hacerlo bien”, pues ello implica coger el toro por los cuernos y abandonar la zona de confort donde es fácil escurrir el bulto hacia los gobiernos autonómicos que tienen las competencias de vivienda y mayoritariamente están gobernadas por el Partido Popular. Pero aun siendo cierta la deserción de los gobiernos autonómicos, no lo es menos que el Gobierno central puede y debe hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora, que el tiempo corre en contra y que está siendo muy lento el cambio de mentalidad en los responsables del ramo cuando las soluciones a desarrollar son bien conocidas, pues no son otras que las que ya han tenido éxito en otros países.

La clave es convertir la vivienda en una infraestructura pública más de acceso asequible y no enajenable o descalificable, como en el pasado se hizo con la sanidad pública, una parte de la educación o las infraestructuras de transporte, hídricas, energéticas y de telecomunicaciones. Esto a su vez abaratará el parque de viviendas privadas de la misma manera que la universalidad y la calidad de la sanidad pública ha rebajado los precios de la sanidad privada. La tarea puede parecer en principio titánica y solo realizable a largo plazo, pero nada más lejos de la realidad. Solo requiere de voluntad política y sacar a los intereses privados de la ecuación, tanto los de las inmobiliarias privadas, que encarecen el precio de la vivienda y ponen en claro riesgo la permanencia de su protección pública (como lo demuestran los millones de VPOs que se han construido bajo su paraguas y que han terminado todas en el mercado especulativo), como el resto de los intereses ligados a la generación de plusvalías a cargo del Estado (recuérdese la operación Chamartín en Madrid). 

Desgraciadamente, el Ministerio de Vivienda sigue reincidiendo en este modelo fracasado y subordinado a los intereses privados, véase el Programa Vive operado por inmobiliarias privadas o su negativa a gravar a las viviendas turísticas. Sin cambiar el enfoque, tampoco una empresa pública va a solucionar el problema. Se necesita cambiar la forma de pensar y poner en el centro de la discusión que el sector público es rico en los dos insumos clave para solucionar el problema: suelo y financiación abundante y barata. Y que el Estado debe ser promotor directo de las viviendas que con ellos se construyan.

Hay mucho suelo público disponible en la Administración Central (ADIF, SAREB, SEPEs, Ministerio de Defensa, etc.), comunidades autónomas y ayuntamientos. Y en los próximos Presupuestos Generales del Estado se puede crear un fondo de 40.000 millones redirigiendo créditos blandos de la Adenda del plan de recuperación, para impulsar la creación de un gran parque de vivienda pública de alquiler asequible y al que accederían empresas públicas estatales, comunidades autónomas y ayuntamientos y que estaría condicionado al cumplimiento de hitos y condiciones, como, por ejemplo, que las viviendas no se pudieran descalificar. El fondo se emplearía, en primer lugar, en movilizar las viviendas vacías mediante agencias públicas de alquiler seguro, garantizado y asequible. 

Y, en segundo lugar, en construir a través de inmobiliarias públicas viviendas en zonas tensionadas donde la movilización de vivienda vacías sea insuficiente. Si toda la financiación se destinara a este fin, se podrían construir hasta 500.000 viviendas, cuyo alquiler ascendería a 400 euros mensuales para una vivienda de 80 metros cuadrados que, a su vez, permitirían devolver la financiación y pagar su mantenimiento. Es el momento de la audacia como la que puso en práctica el ministro Ernest Lluch a mediados de los ochenta cuando universalizó la sanidad pública. Resistir, escurrir el bulto o quedarse quietos no levantará a los ciudadanos de sus sillones el día de las elecciones. Es el momento de actuar sin miedo al fracaso. Los ciudadanos premian a los que encaran los retos y asumen riesgos."

(Carlos Martín Urriza , El País, 13/12/24)