Ｊｕｄｉｔ @judit_sinhache
A ver si lo entiendo, ¿el cabecilla de la UCO patriótica, Juan Vicente Bonilla, está involucrado en la TRAMA HIDROCARBUROS y TRABAJABA para la FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN, la misma unidad donde lo hace LUÍS PASTOR, el FISCAL que PACTÓ y SOLTÓ a ALDAMA en tiempo récord, es así, no?
Última edición5:52 p. m. · 30 may. 2025 13,8 mil Visualizaciones
"El PP de Ayuso juega con las cartas marcadas contra el PSOE con su 'UCO patriótica'.
El 5 de abril de 2021, un capitán de la UCO llamado Juan Vicente Bonilla mantenía una conversación con un confidente. En dicha conversación, el agente preguntaba por Koldo García. Este hecho podría ser absolutamente normal si no fuera por el hecho de que en ese momento, ni la Guardia Civil, ni mucho menos un juzgado, investigaban al que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos. ¿Es esto normal? No. Y más si se leen el resto de conversaciones entre estas dos personas. Unas conversaciones que llevan a pensar en la existencia de una UCO patriótica al servicio, al menos en parte del PP de Ayuso.
Un PP que si estuviera jugando una partida de póquer con el PSOE, lo haría con las cartas marcadas. Me explico: esta conversación tuvo llegar a principios de abril del 2021 y tiempo después, ese mismo capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, se fue a trabajar como alto cargo del Gobierno de la lideresa madrileña por 84.000 euros al año, y, sorpresa, en marzo de 2022, un consejero de Ayuso presentaba en Anticorrupción una denuncia contra Koldo. ¿Casualidad?
Una conversación que rezaba:
- Confidente de la Guardia Civil: “Buenas tardes, señor. ¿Estás por el pueblo o sigues de vacaciones?
- Agente de la UCO Juan Vicente Bonilla: “Hola míster. ¿Cómo te va la vida?”.
- Confidente de la Guardia Civil: “Me va bien, aunque ha sido la Semana Santa más aburrida de los últimos años”
- Agente de la UCO Juan Vicente Bonilla: “Pues sí. La mía exactamente igual. Inactiva del todo. Es lo que quieren los ‘rojomorados’...que nos mate el aburrimiento”.
- Confidente de la Guardia Civil: “A esos los vamos a matar nosotros. Ya te contaré cuando te vea. Búscame un hueco en tu agenda”.
- Agente de la UCO Juan Vicente Bonilla: “¿Sobre qué quieres que hablemos?”
- Confidente de la Guardia Civil: “Sobre Koldo”.
Investigación prospectiva
Pero más allá de esto, tenemos el hecho de que si se demuestra que esa investigación se hizo con fines políticos, todo el caso Koldo pendería de un hilo, y es que, por suerte para todos los españoles, vivimos en un Estado de Derecho donde las investigaciones prospectivas están prohibidas.
En nuestro país no se puede investigar a una persona “por si ha hecho algo”, ya que esto es incompatible con el proceso penal que debe tener un Estado de Derecho. Además, se estaría vulnerando el principio de especialidad, ya que está prohibido que los poderes públicos hurguen en la intimidad de una persona para ver qué encuentran. Hay que investigar delitos, no personas eñ busca de delitos.
Y a eso hay que sumar que se estaría vulnerando el artículo 24 de la Constitución Española cuyo punto 1 dice: Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Y el punto 2: Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
Por tanto, estas conversaciones entre ese confidente y el capitán de la Guardia Civil no solo versan sobre la intención de atacar al oponente político, sino que, de demostrarse, significarían la vulneración más absoluta de derechos que hemos visto en mucho tiempo. Pero como les digo una y otra vez, lectores, apliquen ustedes el principio de la navaja de Ockham pues las conclusiones, como siempre, son suyas.
( , El Plural, 29/05/25)
"Presuntas irregularidades internas, filtraciones selectivas a medios de comunicación conservadores, informes fabricados a medida, espionajes y contravigilancia fuera de procedimiento.
Estas son las cuestiones que se han denunciado y que alimentan la percepción de la posible existencia de un entramado dentro de la Guardia Civil dispuesto a intervenir en la vida política para condicionar el devenir institucional del país. Es aquí donde entra en juego el ahora cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Juan Vicente Bonilla, que fue jefe de Fuentes de la UCO y que ha sido acusado de ocultar “información crítica” en los sucesivos procedimientos que lograban incoar desde la Guardia Civil para beneficiar al Partido Popular.
Así consta en una denuncia a la que ha tenido acceso ElPlural.com y que fue presentada en el Juzgado Central de Instrucción número 5, a cargo del juez Santiago Pedraz, en la que también se señala, según los denunciantes, que también hay una serie de guardias civiles que junto con Bonilla estarían obteniendo información directamente de las bases de datos de la Guardia Civil, asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones para beneficiar al PP.
En concreto, en la denuncia se remarca que “se investiga simultáneamente y por los mismos hechos a, al menos, una persona y se está utilizando para investigaciones de contenido político” y que “los guardias civiles actuantes han distribuido a su antojo y con criterios personales tanto la información como el momento en el que introducían la misma en cada uno de los sucesivos procedimientos que lograban incoar”.
También se reseña el elemento de ocultación que utilizaba Bonilla, ya que empleaba según la denuncia el alias de ‘Roberto Alcázar’ para otorgar información al empresario José Luis Caramés, relacionado con el fraude de hidrocarburos. En este sentido, se señala la constelación de causas paralelas utilizadas “al libre albedrío de la UCO sin control judicial alguno e instrumentalizadas a favor de una opción política concreta”.
Una red de apoyo dentro de la UCO
Los denunciantes dejan patente de la misma forma la existencia de informadores en la Guardia Civil, haciendo a su vez referencia al atestado nº 190 presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5. Se trata, en concreto, de tres agentes, bajo las iniciales de L.H., O.V.V. y F.G.S.R. Son funcionarios que, de acuerdo con la investigación, habrían actuado de forma estable y coordinada con fines políticos, proporcionando información interna y apoyo técnico a los protagonistas de diferentes causas judiciales de tinte político-mediático.
El documento remarca que L.H., además, “estaría trabajando de modo estable asesorándoles y redactando escritos técnicos en sus avatares jurídicos”, lo que evidenciaría su papel activo en la construcción de narrativas judiciales alineadas con los intereses del Partido Popular. Asimismo, los tres habrían ofrecido apoyo logístico y táctico, “asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones”, funciones que requieren conocimientos operativos y un alto grado de especialización.
Entrada en el Gobierno de Ayuso y otros elementos llamativos
Juan Vicente Bonilla es la figura central de esta presunta red en la UCO y destaca que en 2023 fuera incorporado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, con un salario anual de 84.268 euros.
Su vinculación a las estructuras de seguridad de la Comunidad de Madrid no es solo lo llamativo, sino que también destaca su supuesto papel como coordinador informal de esta red de agentes dentro de la Guardia Civil.
Según ha podido saber ElPlural.com tras tener acceso a más de 6.300 mensajes intercambiados entre Bonilla y un confidente de la Guardia Civil entre 2016 y 2021, las sospechas de connivencia política no se limitan al terreno técnico. Además, en estas conversaciones Bonilla expresa en múltiples ocasiones su animadversión hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien llama “inútil”, “felón” y “mentiroso”, y proponiendo su “destierro”.
De la misma forma, hay otros elementos que apuntan a la existencia de esta ‘UCO patriótica’. Es el caso de los múltiples errores supuestamente accidentales en alguno de sus informes -la Abogacía del Estado contabilizó hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias” en uno de sus informes contra la Fiscalía General del Estado-; las cada vez más frecuentes filtraciones a la prensa conservadora de datos personales o causas secretas; así como la evidente tendencia a realizar investigaciones con visos de inquisición retroactiva, pese a estar expresamente prohibido por la ley."
( , El Plural, 29/05/25)
" Señalados con nombres y apellidos: el capitán de Ayuso y los otros tres guardias civiles implicados en la ‘UCO patriótica’.
El caso de la conocida como ‘UCO patriótica’ ha cobrado nueva relevancia tras el fichaje por parte de Isabel Díaz Ayuso de uno de sus presuntos integrantes: el exjefe de fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO), Juan Vicente Bonilla. Sin embargo, más allá de su incorporación al Gobierno de la Comunidad de Madrid, las denuncias en sede judicial apuntan a la existencia de una red más amplia, compuesta por otros tres agentes de la Guardia Civil que habrían desarrollado funciones clave para supuestamente favorecer al Partido Popular: acceso a bases de datos reservadas, labores de contravigilancia y elaboración de documentos técnicos usados en procedimientos judiciales.
Según consta en el atestado nº 190 -al que ha tenido acceso ElPlural.com- presentado ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 5, dirigido por el juez Santiago Pedraz, los nombres de estos tres agentes son L. H, O. V. V y F. G. S. R. Se trata de funcionarios que, de acuerdo con la investigación, habrían actuado de forma estable y coordinada con fines políticos, proporcionando información interna y apoyo técnico a los protagonistas de diferentes causas judiciales de tinte político-mediático.
Una red de apoyo dentro del cuerpo
En el citado atestado judicial se detalla que estos tres guardias civiles “estarían obteniendo información directamente de las bases de datos de la Guardia Civil”, información a la que solo se puede acceder bajo autorización oficial y con fines estrictamente profesionales. El documento remarca que L.H, además, “estaría trabajando de modo estable asesorándoles y redactando escritos técnicos en sus avatares jurídicos”, lo que evidenciaría su papel activo en la construcción de narrativas judiciales alineadas con los intereses del Partido Popular.
Asimismo, los tres habrían ofrecido apoyo logístico y táctico, “asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones”, funciones que requieren conocimientos operativos y un alto grado de especialización. Estas actuaciones no solo comprometerían la neutralidad del cuerpo, sino que apuntan a una presunta instrumentalización de los recursos públicos en beneficio de una formación política concreta.
El nexo con Bonilla y su entrada en el Gobierno de Ayuso
El nombre de Juan Vicente Bonilla, hasta hace poco jefe de fuentes de la UCO, aparece como figura central en esta presunta red. El agente fue incorporado en 2023 al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, con un salario anual de 84.268 euros. Lo llamativo no es solo su vinculación a las estructuras de seguridad de la Comunidad de Madrid, sino su supuesto papel como coordinador informal de esta red de agentes dentro de la Guardia Civil.
En este sentido, tal y como adelanta este medio, la denuncia sostiene que Bonilla habría “ocultado información crítica” en diversas diligencias para favorecer los intereses del Partido Popular. En ese contexto, el atestado judicial indica que “Juan Vicente Bonilla, jefe de fuentes de la UCO, […] informaba directamente a José Luis Caramés”, otro nombre clave en la supuesta operativa de este entramado, y al que “sin duda se refieren cuando hablan de la UCO”.
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