"El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha confirmado su colaboración con la Policía Nacional en la investigación que ha llevado a la imputación en la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por blanqueo de capitales, entre otros presuntos delitos.
Un portavoz de ese departamento ha indicado en la CNN que hubo "colaboración con la policía española en una investigación sobre el blanqueo de fondos públicos internacionales", aunque sin aportar más información. "Aunque no podemos comentar los detalles de la investigación penal en este momento, mantenemos el compromiso de colaborar con nuestros socios internacionales para combatir la delincuencia global, proteger a nuestras comunidades y defender el Estado de derecho", ha añadido el portavoz.
El propio auto de imputación del juez José Luis Calama ya detallaba esa colaboración de las autoridades norteamericanas. Concretamente apuntaba que la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI), perteneciente al citado Deparmento de Seguridad Nacional, había puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional "la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas".
El venezolano Rodolfo Reyes era hasta hace seis meses propietario de un significativo paquete de acciones de Plus Ultra a través de la empresa Snip Aviation. Vive en Madrid y su domicilio fue registrado en noviembre pasado. (...)" (20Minutos, 21/05/26)
"El rescate a Plus Ultra, base de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue tramitado por servicios técnicos de la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI) y avalado por Europa.
Hay que remontarse cinco años atrás para encontrar el origen del préstamo, de 53 millones de euros. El 9 de marzo de 2021, la aerolínea recibió una ayuda del Gobierno de España para paliar los efectos de la pandemia del Covid. Junto a ella, otras tres compañías afectadas por la crisis sanitaria obtuvieron subvenciones del Estado: Air Europa, Air Nostrum y Volotea.
El proceso de la ayuda: "Estricto cumplimiento"
El rescate a Plus Ultra, que ha ganado peso mediático esta semana después de que la Audiencia Nacional se abriera a investigar al que fuera responsable del Ejecutivo, recibió dicho montante -con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)- respondiendo a un procedimiento administrativo.
En dicho proceso participan servicios técnicos de SEPI, como se ha indicado, asesores externos y la compañía misma, y recibió la resolución favorable del Consejo Gestor en base a media docena de informes técnicos. Todos esos documentos avalaban y confirmaban que la aerolínea disponía de los requisitos establecidos para recibir la ayuda. Después, es el Consejo de Ministros quien se encargó de autorizar la propuesta.
Además del beneplácito de la SEPI y de contar con el asesoramiento de asesores financieros y jurídicos externos, fue revisado por varios organismos judiciales, numerosas acusaciones populares y un perito; y analizado por la Comisión Europea, que no halló ninguna irregularidad en el régimen de ayudas de Estado.
El organismo del continente ha llevado a cabo un seguimiento puntual del expediente, mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado el régimen de ayudas que se concedió a algunas firmas en el marco de la pandemia.
El mismo expediente está asimismo incluido en la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, que concluyó su legalidad.
Con todo ello, fuentes de Moncloa defienden que la adjudicación de los préstamos obedece a un “marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad, ni la discriminación”, únicamente el “estricto cumplimiento de los requisitos establecidos”.
Cuánto dinero recibió cada aerolínea y cuánto ha devuelto
Plus Ultra fue la compañía más pequeña de todas las rescatadas -Air Europa recibió 475 millones de euros; Volotea, 200; y Air Nostrum,111- y cuenta con una cuota de mercado menor, pero la SEPI amparó su condición estratégica porque proporcionaba conectividad de nicho en rutas hacia América Latina, más concretamente a países como Ecuador, Perú o Venezuela.
El organismo argumentó que su desaparición derivada de la crisis habría perjudicado la competencia en el turismo de larga distancia, así como las conexiones de personas migrantes y recibió 53 millones de euros, de los cuales solo ha devuelto 12 en intereses mientras renegocia el calendario para retrasa los vencimientos de su deuda.
No es la única de las aerolíneas que tiene pendiente la devolución del préstamo, también Volotea. En su caso, ha acordado con la SEPI una extensión de su calendario de amortización hasta el año 2028.
Por el contrario, Air Europa, la tercera aerolínea más grande de España, ha devuelto el 100% del montante. Pudo hacerlo un año antes del plazo de vencimiento gracias a la entrada de Turkish Airlines, que adquirió un 26% del capital de la firma española por 300 millones de euros.
En último lugar, Air Nostrum ha devuelto 20 millones de euros, dejando una deuda todavía pendiente de 91 millones. Esta compañía acordó una modificación de su plan de viabilidad para ampliar los plazos de devolución hasta 2028.
Investigación en curso
La investigación en curso analiza si Plus Ultra pudo utilizar el dinero con el que fue rescatado para fines distintos a los autorizados o para blanquear dinero procedente de fondos venezolanos.
La principal tesis que se maneja, atendiendo a la Fiscalía Anticorrupción, es que se utilizaran los 53 millones de euros para devolver préstamos a sociedades supuestamente vinculadas con una trama delictivas.
La Fiscalía Anticorrupción apunta que “la sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamos con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro”, y que esos “contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”.
A Zapatero se le imputan los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, al atribuirle como intermediario en la concesión del rescate. El expresidente siempre ha negado esto y ahora tendrá la oportunidad de defenderse el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional."
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