Éste viene establecido por el precio de mercado que la Ley Eléctrica de 1997 establece como el coste que tienen que satisfacer los consumidores, pero esto no significa que ése sea el coste en el que incurre la empresa que produce la electricidad. En el caso de las centrales hidráulicas y nucleares existentes, que generan un 40% de la electricidad total, dicho coste es muy inferior al de la central más cara de gas o carbón que determina el precio de mercado, como ha puesto de manifiesto la Comisión Nacional de la Energía.
El precio de mercado es un indicador relevante para decidir hacer nuevas inversiones en centrales, pero no tendría que aplicarse como precio de venta de la energía producida por las centrales que ya existían al aprobarse la ley de 1997, cuya decisión de inversión se tomó en base a la ley anterior, que les reconocía la recuperación de los costes, que les fueron luego asegurados por los CTC (Costes de Transición a la Competencia) que cobraron íntegramente. (...)
Por otro lado, el sistema regulatorio vigente es intrínsecamente amenazante para los consumidores, porque incentiva a que las empresas traten de equilibrar la demanda con la oferta de la central más cara, que marcará el precio al que les tendrán que remunerar toda su producción, incluida la de las centraleshidráulicas y nucleares. Este incentivo hace que también puedan tratar de aumentar sus beneficios incrementando puntualmente la demanda con exportaciones o con bombeo, para casarla con una oferta marginal más cara que determinará un precio más alto para toda su producción.
Todo ello genera un sobrecoste eléctrico que es gravoso para todos los consumidores, que dificulta la competitividad de las empresas españolas y genera desconfianza en el precio de mercado." (Martín Gallego Málaga: ¿De quién es el negocio nuclear?. El País, Opinión, 23/07/2009, p. 25)
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