Respuesta. Esta ley supone el mayor avance en protección social en la última década. Más de medio millón de personas ya reciben alguna prestación, si bien es verdad que otras 250.000 que tienen ese derecho reconocido aún esperan.
En algunos territorios sí se puede decir que los dependientes han mejorado respecto a 2006. Pero la ley ha puesto de manifiesto las carencias del sistema de servicios sociales y cómo algunos territorios han errado al aplicarla o, simplemente, no la han desarrollado.
P. Hay enormes diferencias entre unas y otras. ¿A qué las achaca? Se habló de boicot por parte de algunas comunidades.
R. Resulta muy preocupante constatar que una tercera parte de la población española vive en comunidades en las que existe una falta de voluntad institucional para implantar el sistema, por lo que sus ciudadanos no pueden beneficiarse aún de prestaciones que ya son una realidad en el resto. En Canarias, Valencia, Madrid, Baleares y Murcia, es donde se vive esta cruda realidad. (...)P. Las comunidades se quejan de falta de financiación y de un calendario de aplicación muy estrecho.
R. La financiación y el calendario son iguales para todas, por lo que no caben las excusas de mal estudiante. No queremos creer que se haya tratado de un boicot por razones políticas o partidistas, pero sí se evidencia una preocupante falta de creencia en el sistema público de servicios sociales en algunas regiones.
P. Ustedes denuncian que hay comunidades que no sólo no ponen el dinero debido sino que reciben del Estado más de lo que gastan en Dependencia.
R. Hicimos una estimación de los gastos que asume cada comunidad sólo en la parte de los servicios y las prestaciones económicas. Y las disparidades de esfuerzo presupuestario entre unas y otras son clarísimas. Algunas se han limitado a recibir fondos del Estado para abonar parte de lo que ya se venía prestando en esos territorios. La financiación de la Dependencia no es tanto un problema de dinero como de reparto y control de los fondos. La financiación debe estar ligada al derecho reconocido a cada dependiente y al coste del servicio que se le presta. En ningún caso se puede tomar como una financiación territorial indefinida para asuntos inespecíficos.
P. Un informe de la Agencia de evaluación del Gobierno recomendaba al Ministerio, ahora de Sanidad y Política Social, ir a los tribunales contra aquellas autonomías que no aplicaban la ley.
R. El informe de esa agencia -que, por cierto, es muy bueno- no hacía sino significar que en un sistema tan complejo como el de la Dependencia, con un novedoso órgano en el que participan todas las comunidades, es normal que se busquen los consensos, pero de ninguna manera que se permitan incumplimientos de la ley." (El País, ed. Galicia, sociedad, 06/02/2010, p. 42)
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