El informe constata 4.392 casos de un total de 109.000 eclesiásticos, de los que poco más de un centenar han sido condenados por los tribunales: muchos habían muerto o sus delitos habían prescrito, pero también una buena parte se libró por los acuerdos con las víctimas a los que llegó la Iglesia norteamericana para que, guardando silencio, no se querellasen. Al parecer, la operación ha costado 2.300 millones de dólares.(...)
No hay institución que se libre de delincuentes, pero el escándalo mayúsculo al que hoy se enfrenta la Iglesia es que los obispos -protegidos, cuando no obligados por el Vaticano- han practicado sistemáticamente una política de encubrimiento en los casos de pedofilia que llegaban a su conocimiento, sin denunciar nunca tan graves delitos a la fiscalía.
Aquí radica el meollo de un asunto, que hoy indigna a muchos que no encuentran explicación para tal conducta.
La Iglesia católica se ha considerado por siglos una sociedad perfecta en el mismo sentido en que lo sería el Estado. Tenía un derecho, el canónico, y una jurisdicción propia, para juzgar a todos los fieles (podía incluso excomulgar al que detentase el poder, librando a los súbditos del deber de obediencia), pero en especial se sentía la única que podía juzgar, evitando cualquier forma de escándalo, los delitos de los que hubieran elegido la carrera eclesiástica. Los que dedican su vida al servicio de la Iglesia han de ser especialmente protegidos, garantizando su subsistencia material y su impunidad frente al Estado. (...)
En 1962 el Concilio Vaticano II puso término a considerar a la Iglesia un poder equivalente al del Estado, pero hasta 2002 no ha reconocido explícitamente la jurisdicción del Estado para juzgar todos los delitos que cometa cualquier ciudadano, incluidos los eclesiásticos." (IGNACIO SOTELO: Maquinaria para encubrir. El País, ed. Galicia, internacional, 02 /04/2010, p. 8 )
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