En primer lugar, comparativamente, es difícil argumentar que el problema sea el Estado. La deuda pública en España representa un 55% del PIB. Esta cifra puede parecer alta, pero se encuentra 20 puntos porcentuales por debajo de la media de la zona euro. En cuanto al déficit, su nivel actual es muy similar al de países que no han sido objeto de la desconfianza de los mercados financieros (como Reino Unido o Estados Unidos).
La vulnerabilidad de la deuda soberana española en los mercados financieros ha sido causada principalmente por la deuda combinada del sector público y el privado. Esta deuda asciende a la apabullante cifra de 1,7 billones de euros (un no menos escalofriante 170% del PIB). La debilidad económica del Estado es, por tanto, la consecuencia de su responsabilidad como garantizador público de una masiva deuda privada (surgida de una burbuja inmobiliaria también sufrida en otros países). (...)
Los mercados financieros están intranquilos por el tamaño de una deuda que es sobre todo privada, pero no se ha tomado ninguna medida que afecte a los actores que se beneficiaron de esta situación. En vez de esto, la solución propuesta por el Gobierno es un plan de ajuste de una austeridad hasta ahora desconocida. (...)Dadas estas características, el sistema fiscal español incurre en una forma perversa de redistribución: la que se produce desde aquellos que tributan a través de retenciones ex ante en sus ingresos (asalariados, pensionistas, funcionarios) a aquellos que tributan ex post vía ingresos declarados (autónomos, profesionales, empresarios) y a las empresas.
Esta transferencia opera a través de los ingresos que el Gobierno no recibe gracias a la bajísima tasa sobre las rentas de capital, de los que deja de recibir como consecuencia del fraude, y de los que agravan la carga fiscal sobre las rentas de trabajo y sobre el consumo. Las medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno no hacen sino empeorar esta situación con un paquete de ayuda al sector financiero pagado por contribuyentes y pensionistas, y una reducción del salario real de estos últimos. (...)
Como saben bien en las economías coordinadas del norte de Europa, no se pueden activar los mercados de trabajo sin invertir en programas de empleo y sin financiar con cargo al Estado los periodos de reciclaje de los trabajadores de sectores en declive. No se puede cambiar el modelo de contratación sin generar incentivos. Y no se puede llevar a cabo una transición hacia la economía del conocimiento permitiendo que las universidades continúen sin los recursos necesarios, sin crear un costoso entramado institucional que facilite una nueva relación entre la producción y la investigación.
Ninguna de estas reformas es viable en un Estado sin capacidad fiscal ni la legitimidad política que emerge de un sistema recaudatorio justo. Por esta sencilla razón, es hora de corregir la miopía que impide a los Gobiernos introducir las reformas necesarias para que el país rompa el círculo vicioso en el que se encuentra. Es evidente que la ruptura de este círculo no pasa por reducir el tamaño del Estado en relación a la economía, sino a través de una reforma del sistema fiscal.
Para empezar, es el momento de considerar una tasa sobre las rentas de capital más alta y, por lo tanto, más acorde con el modelo europeo. Incrementar los impuestos sobre los beneficios de la banca daría legitimidad política a este Gobierno y mandaría un mensaje claro a la coalición que lo sostiene acerca de los objetivos redistributivos de Zapatero.Una subida de los impuestos a rentas altas haría lo mismo. En este respecto, el Gobierno español simplemente seguiría la senda de medidas similares anunciadas por Gobiernos que difícilmente podríamos calificar de izquierdistas (Sarkozy en Francia y Cameron en Reino Unido). Por último, es indispensable combatir de una manera seria el fraude fiscal." (PABLO BERAMENDI / DAVID RUEDA: El pozo, el perro y las pulgas. El País, ed. Galicia, opinión, 20/05/2010, p. 33)
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