Uno de los aspectos potencialmente más polémicos de la nueva ley es que obliga a los funcionarios del Registro Civil a denunciar a los contrayentes ilegales o a aquellos que no puedan presentar la debida documentación a la policía de extranjería. (...)
El mismo principio se aplicará a las uniones civiles. Las autoridades destacan que los jueces de paz se enfrentan cada vez más a menudo a matrimonios "sospechosos" en los que habría dinero de por medio o "credulidad por parte del ciudadano suizo". Según las autoridades, uno de cada cuatro matrimonios mixtos estaría bajo sospecha.
Esta medida afectaría muy particularmente a colectivos como el latinoamericano, que cuenta con decenas de miles de ciudadanos sin documentos trabajando en el servicio doméstico en ciudades como Ginebra, Zürich y Lausana.
En Suiza habría, según estimaciones sindicales, más de 120.000 trabajadores sin papeles. Para ellos no cabe esperar ninguna amnistía ni proceso de regularización masiva y la única salida existente hasta el momento, el matrimonio, parece quedarles vedada." (El País, ed. Galicia, sociedad, 05/06/2010, p. 43)
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