Esta es la historia hasta la fecha: una crisis inmobiliaria épica y un paro elevado y continuado han desencadenado una epidemia de impagos; millones de propietarios de viviendas se demoran en los pagos de sus hipotecas. Así que los administradores -las empresas que recogen los pagos en nombre de los propietarios de las hipotecas- han estado ejecutando muchas hipotecas y han embargado numerosas viviendas.
¿Pero realmente tienen derecho a embargar esas casas? Las historias de terror se han multiplicado, como la del hombre de Florida al que arrebataron su casa aun cuando no tenía ninguna hipoteca. Y lo que es más importante: ciertos agentes han ignorado la ley. Los tribunales han aprobado ejecuciones hipotecarias sin exigir que los administradores de las hipotecas presentasen la documentación apropiada; en vez de eso, han confiado en las declaraciones juradas que afirmaban que los papeles estaban en orden. Y estas declaraciones juradas habían sido emitidas en muchos casos por firmantes robot o por empleados de bajo nivel que no tenían ni idea de si sus afirmaciones eran ciertas.
Ahora se está revelando una terrible verdad: en muchos casos, la documentación no existe. En el frenesí de la burbuja, muchos préstamos de viviendas fueron asumidos por empresas poco fiables que trataban de generar tanto volumen de negocio como fuese posible. Estos préstamos se vendían a fondos fiduciarios que, a su vez, las rebanaban y troceaban para convertirlas en valores hipotecarios.
Los fondos fiduciarios tenían la responsabilidad legal de obtener y conservar los pagarés hipotecarios en los que se especificaban las obligaciones de los prestatarios. Pero ahora está claro que esas sutilezas solían descuidarse. Y esto significa que muchas de las ejecuciones hipotecarias que se están produciendo ahora son, de hecho, ilegales.
Esto es muy, muy, negativo. Por un lado, es casi seguro que se está defraudando a un número considerable de prestatarios; les están cobrando cuotas que realmente no adeudan y se está afirmando que faltan a sus pagos cuando, según los términos de sus acuerdos de préstamo, no lo hacen.
Aparte de eso, si los fondos fiduciarios no pueden aportar pruebas de que realmente poseen las hipotecas contra las que han estado vendiendo garantías, los avalistas de estos fondos se enfrentarán a demandas legales por parte de los inversores que compraron dichas garantías (muchas de las cuales ahora solo valen una pequeña fracción de su valor nominal).
¿Y quiénes son estos avalistas? Instituciones financieras importantes (las mismas instituciones supuestamente rescatadas por los programas gubernamentales el año pasado). Así que el desastre de las hipotecas amenaza con generar otra crisis financiera.
¿Qué se puede hacer?
Tal como se preveía, la respuesta de la Administración de Obama ha sido oponerse a cualquier acción que pueda molestar a los bancos, como una moratoria temporal de las ejecuciones hipotecarias mientras se resuelven algunos de los problemas. En lugar de eso, está pidiendo muy amablemente a los bancos que se porten mejor y cambien de comportamiento. Bueno, eso ha funcionado estupendamente en el pasado, ¿verdad?
Aun así, la respuesta de la derecha es todavía peor.(...)¿Qué debería suceder? Los excesos de los años de la burbuja han creado una ciénaga legal en la que los derechos de propiedad están mal definidos porque nadie tiene la documentación apropiada. Y cuando no existen unos derechos de propiedad claros es el Gobierno quien tiene el deber de crearlos.
Eso no será fácil, pero ya hay algunas buenas ideas por ahí. Por ejemplo, el Centro para el Progreso Estadounidense ha propuesto que a los asesores hipotecarios y otras entidades públicas se les confiera poder para modificar directamente los préstamos problemáticos y que su criterio sea respetado a menos que el administrador de la hipoteca apele. Esto sería muy útil para aclarar las cosas y nos ayudaría a salir del cenagal." (Paul Krugman: El cenagal de las hipotecas. El País, Negocios, 17/10/2010, p. 23)
"EE UU investiga a la banca por un fraude masivo en los desahucios.
El fiasco hipotecario en EE UU cobra nueva dimensión. Si durante el boom inmobiliario se concedieron préstamos en masa sin revisar si los clientes podían pagarlos, ahora está en duda el procedimiento seguido por los bancos para embargar las viviendas. Las voces por una moratoria nacional en los desahucios crece, mientras se prepara una investigación judicial en 40 de los 50 Estados.En el centro del caos está la práctica conocida como robo-signing, por la que ejecutivos de grado medio autorizaban miles de embargos al mes, sin leer la documentación, para quitarlos de balance.
La primera en admitir esta irregularidad fue la división hipotecaria de GMAC, la antigua filial financiera de General Motors. Uno de sus empleados llegó a firmar 10.000 desahucios al mes. Bank of America y JPMorgan Chase, los dos mayores bancos del país, también siguieron la misma práctica. Los tres suspendieron de forma temporal los desahucios hace semanas.
Ally Bank, propietario de GMAC, se topa ya con la primera demanda en Ohio. Es acusada de entregar a los tribunales documentación engañosa para proceder con los embargos, según el fiscal Richard Cordray. No solo es la justicia la que toma cartas en el asunto. El comité bancario del Senado dedicará una sesión al asunto, dos semanas después de las elecciones." (El País, economía, 12/10/2010, p. 20)
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