El colectivo observa con especial preocupación la existencia de esa bolsa en plena senda de austeridad, que impone recortes en partidas cruciales de gasto. Las cuotas pendientes de cobro por delito fiscal equivalen al tijeretazo aplicado por el Gobierno a la política de infraestructuras -algo suavizado posteriormente- y no han dejado de crecer en los últimos años.
"En esos 6.000 millones habrá pérdidas definitivas, pero si se toman medidas desde el primer minuto, es más fácil cobrar", subrayó ayer Francisco de la Torre, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, en la inauguración del congreso anual, dedicado al delito fiscal.
De la Torre critica especialmente que en la mayoría de los casos esas cantidades, recurridas hasta el final por los presuntos deudores, no vengan respaldadas por medidas cautelares que garanticen el cobro. Esa labor resultará más sencilla cuando entre en vigor, a final de año, la reforma del Código Penal que modifica algu-nos elementos del delito fiscal (cuota defraudada superior a 120.000 euros) y que debería ayudar a desembolsar la deuda.
La organización de inspectores, que aglutina al 90% del colectivo, reclama también un periodo de prescripción superior a los cinco años actuales, pues la demostración de un delito fiscal es laboriosa y en muchos casos la deuda prescribe, como ocurrió con las cuentas secretas de españoles en Liechtenstein destapadas hace dos años. De la Torre hace especial hincapié en estas prácticas y pide que se agraven las penas por utilización de paraísos fiscales." (El País, 29/10/2010, p. 25)
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