La coexistencia en el tiempo de la bajada de ingresos propios por el colapso del sector inmobiliario, la bajada de la participación en ingresos del Estado y el cierre de la financiación a medio y largo plazo por la reciente legislación sobre control del déficit y endeudamiento, independientemente de que las entidades financieras han cerrado el grifo de la financiación también a las Administraciones locales, provocan el crack generalizado de la Administración local, el más importante de los tres niveles de las Administraciones públicas para el bienestar de la ciudadanía. (...)
En esta situación permanente de déficit en los ingresos está la causa última de las carencias de servicios públicos de calidad, de la perversión de la transformación de la planificación urbanística en fuente de ingreso estructural para poder mantener los servicios y, a la postre, su puesta al servicio de los especuladores inmobiliarios y la corrupción de políticos responsables que vemos como un rosario continuo en los juzgados a través de los medios de comunicación. (...)
Generalmente se ha hecho una gestión municipal enfocada al servicio del capital, es decir, con consumo y endeudamiento excesivo. El capital gana con el endeudamiento de las personas, familias y Administraciones Públicas.
Por eso las actividades se enfocan hacia la mercantilización y gestión privada de los servicios públicos como suministro de agua, luz, sanidad, etc. y el consumo de los individuos, normalmente hombres conductores de coches de uso individual, para los que se construyen parking, carreteras y puentes más allá de toda lógica y sentido común donde se localiza la mayor inversión municipal.
La financiación debe venir de la participación de las Administraciones locales en los ingresos por el establecimiento del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en la zona euro, que a un tipo impositivo del 0,1% supondría más de 400.000 millones de euros/ año, un tercio del actual presupuesto anual de la UE.
Teniendo en cuenta que lo pagarían sólo los especuladores, que desestabilizan la economía y no aportan nada a la sociedad perjudicando al sector productivo, y que actualmente no pagan ni siquiera el IVA, esta medida es de justicia y un imperativo ético y moral.
Los Presupuestos han de ser participativos con perspectiva de género, teniendo en cuenta los porcentaje de personas por edad, jubilados/as y viudas/os existentes, para los que un transporte público de calidad, eficiente y barato es esencial.
La política de movilidad se basará esencialmente en el transporte público. Las inversiones se realizarán de acuerdo a las necesidades reales de los barrios, lo que permitirá reducir el endeudamiento porque los volúmenes de inversión bajarán al reducir, sino eliminar, las obras faraónicas basadas en el cemento y ladrillo.
Además, el beneficio social y la productividad social se incrementará al vincularse con las demandas reales de la población y el aumento de su calidad de vida." (Attac España, 06/04/2011, Fernando Moreno Bernal: Déficit y falta de liquidez en los Ayuntamientos)
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