"Si a mediados de 2006 sólo había nueve empresas en el mundo con la calificación máxima de triple A... en enero de 2008... pasaron a 64.000"

"Para entender el papel de las grandes agencias en la crisis actual habría que distinguir dos momentos. El primero, notablemente retratado en documentales como Inside Job, de Richard Ferguson, tiene lugar hacia 2001 con el boom inmobiliario que tuvo especial intensidad en países como Estados Unidos, Irlanda o España.

Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basuras y activos tóxicos sin respaldo real. Las agencias, sin embargo, les otorgaron la máxima calificación, facilitando así su difusión en los mercados secundarios.

Si a mediados de 2006 sólo había nueve empresas en el mundo con la calificación máxima de triple A, en enero de 2008 el número de instrumentos financieros con esa nota pasaron a 64.000. Empresas como Enron o Lehman Brothers, e inversores como Bernard Madoff recibieron el visto bueno de las agencias hasta pocos días antes de declararse en quiebra.

Estas operaciones permitieron a los ejecutivos de estas entidades y a las propias agencias enriquecerse de manera vertiginosa. Entre 2002 y 2006, por ejemplo, Moody’s duplicó sus ingresos y triplicó su cotización en bolsa. A cambio de ello, se fue generando una burbuja especulativa cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo.(...)

En Estados Unidos, estas actuaciones fueron enjuiciadas por diferentes tribunales e investigadas por el Senado y por la Comisión estatal de Bolsa y Valores. (...)

Lo cierto, sin embargo, gracias a su poder mediático, económico y político, las agencias han conseguido neutralizar los controles más incisivos. En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca no llegaron siquiera a eso. (...)

Pero la cuestión no se acaba aquí. Para rescatar a la banca privada y obtener liquidez, muchos gobiernos de la periferia europea se han visto forzados a emitir más deuda pública. Y es aquí, precisamente, donde las grandes agencias han entrado en escena por segunda vez.(...)

A partir de 2010, se han dedicado a desvalorizar las deudas públicas de algunos gobiernos, empresas e instituciones, forzándolos a ofrecer a los eventuales prestamistas beneficios de toda clase. (...)

Y es que para las grandes agencias, la solvencia de un país, de una región o de un municipio, se mide de manera casi exclusiva en función de las ventajas que puedan ofrecer a los especuladores o de su predisposición a restringir el gasto social.

Mientras más favorable se muestre un gobierno a congelar pensiones o a “flexibilizar” las relaciones laborales, más confiable resultará a ojos de los grandes evaluadores. Y a la inversa: mientras más proclive sea a regular los mercados, a ponerles trabas o a fortalecer ciertos derechos sociales básicos, más sospechas despertará entre las agencias.

Basta ver el informe de Moody’s sobre la metodología utilizada para calificar a la baja la deuda pública portuguesa para constatar que la evaluación de las agencias es todo menos objetiva y rigurosa [1]. En ningún caso queda claro por qué utilizan ciertos datos o despachan otros, ni mucho menos quiénes tienen acceso a la información que utilizan.(...)

Lo que esta perspectiva oculta, sin embargo, es que dado el sistema de incentivos perversos permitidos por el actual capitalismo financiero, esta salida no siempre es sencilla.

En Estados Unidos fueron varias las instituciones públicas –municipios, escuelas- que dependían de crédito externo y que denunciaron la presión de las agencias para contratar un servicio de evaluación que no habían solicitado.

O aceptaban la “oferta” de los evaluadores, pagando honorarios que podían oscilar entre 50.000 y 300.000 dólares, u obtenían una calificación a la baja que les obligaba a ofrecer mayores intereses a los inversores [2]. (...)

La mayoría de las entidades afectadas –y eventualmente beneficiadas- por la evaluación de las agencias son bancos alemanes, franceses, del Reino Unido y de Holanda. Existen indicios de peso, en consecuencia, para pensar que aquéllas no actúan como simples periódicos económicos que emiten opiniones sobre la deuda pública de un país.

Más bien operan como una empresa que, abusando de su posición dominante en el mercado, fuerzan a los países a pagarles por una opinión de relevancia pública pero carente de toda objetividad o intento de imparcialidad.

La emisión de dicha opinión no puede considerarse un simple ejercicio de la libertad de expresión, mucho menos si se realiza en ciertos momentos y si se utiliza de manera fraudulenta para favorecer a otros clientes suyos o acaso a sus propias empresas.

Esta última posibilidad cobra especial fuerza cuando se atiende a la estructura de la propiedad que hay detrás de las agencias. Que la dureza, en efecto, exhibida con deudas como la griega o la española, al igual que con la de diversos países de América Latina o Asia, contraste con la laxitud con que se juzgan otras como la norteamericana o la francesa, no es casual.

No en vano los propietarios de Moody’s, de Standard & Poors o de Fitch forman parte del entramado de poder –bancario, empresarial, político e incluso mediático- de estos países y difícilmente harían algo que los perjudicara [4]. ('Las agencias privadas de calificación del riesgo, ante los tribunales', de Gerardo Pisarello · Jaume Asens. Sin Permiso, 27/03/2011)