Milton Friedman advertía en 1972 que era imposible acabar con el tráfico de drogas y que la prohibición era la peor estrategia para usuarios y no usuarios; 17 años después afirmaba que la epidemia del crack se habría evitado de ser legal la cocaína.
Gary S. Becker señalaba en 2001 que la legalización, aun no siendo la panacea y presentándose como "una aventura hacia lo desconocido", eliminaría las ganancias del narcotráfico y la corrupción y que el posible aumento del consumo se compensaría con el control de la calidad. (...)
En contra de la legalización se dice que los beneficios de acabar con el crimen organizado no serían mayores que los problemas que causaría el aumento del consumo. Pues bien, creo que esta afirmación es hoy claramente incierta.
Admitiendo como muy probable un aumento inicial del número de consumidores de las drogas ya legales, a la vez, serían seguros otros efectos beneficiosos: control de la calidad de las sustancias, lo que evitaría los males asociados al consumo de los venenos ilegales que hoy circulan; disminución de precios, lo que reduciría drásticamente la cifra de delincuencia drogoinducida; sacar a los consumidores de determinados ambientes especialmente insalubres y peligrosos, para dirigirlos a un mercado legal y controlado.
Solo lo anterior ya justificaría pensar muy seriamente y sin prejuicios en un proceso de legalización y de control estatal, con o sin impuesto especialmente fuerte a la producción, con mayor inversión en las políticas de reducción de la demanda -educación, prevención y rehabilitación- y con un ahorro espectacular en los enormes esfuerzos económicos que hoy se lleva la represión a cambio de unos resultados decepcionantes.
Pero habría más: se desposeería al crimen organizado de su actividad favorita y más rentable y, con ello, de parte de su capacidad de corromper voluntades públicas y privadas y de infiltrarse en la economía lícita; se podría prescindir de la excepcionalidad legal hoy imperante en la persecución y represión del tráfico de drogas que, en ocasiones, nos coloca en los límites de lo que el Estado de derecho es capaz de soportar; desaparecería el pretexto según el cual, la lucha eficaz contra el narcotráfico justifica la intervención de Estados Unidos en asuntos de otros países castigados por este azote.
Y hablando de Estados Unidos conviene echar la vista al pasado y recordar algunos datos:
1º) Que hubo otra situación previa a la prohibición, en la que el consumo de drogas -muy extendido en aquel país en el siglo XIX- no se consideraba un problema de salud pública.
2º) Que alguno de los "problemas de la droga" son hijos de la prohibición.
3º) Que la prohibición se ha desarrollado en los más variados escenarios y ha afectado a casi todo, más allá del ámbito de la salud pública. Basta recordar que la fiscalización internacional se impone al mundo colándola como un polizón en el Tratado de Versalles; que Estados Unidos ha condicionado su ayuda exterior a que los países destinatarios obtuviesen resultados satisfactorios en la lucha contra la droga; que el narco Pablo Escobar ofreció el dinero de la droga para pagar la deuda externa de Colombia a cambio de un compromiso de no extradición; y que hasta la fórmula originaria de la Coca-Cola hubo de modificarse para sustituir la cocaína por cafeína.
4º) Que la cruzada planetaria que Estados Unidos desata a principios del siglo XX no fue motivada por razones de "salud pública".
Hubo motivos racistas contra los negros del Sur y contra la mano de obra china; motivos económicos en la guerra de médicos, farmacéuticos, productores y curanderos por tener la exclusiva en la dispensación de drogas; motivos políticos en la pugna entre China y Filipinas por el monopolio del opio y, también motivos políticos, en el hallazgo de uno de los pretextos -otros han sido la amenaza comunista y el terrorismo islámico- para legitimar el intervencionismo de la gran potencia en la andadura de otros países." (ARACELI MANJÓN-CABEZA: Drogas, ¿seguir con la prohibición?. El País, 22/09/2010, p. 29)
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