La teoría subyacente es que un aumento del suelo urbanizable provoca un descenso del precio del suelo y ello hará que bajen los precios de las viviendas. (...)
Junto al debate teórico, lo sucedido en España en el último ciclo de la vivienda desmonta buena parte del análisis defensivo de la liberalización del suelo a ultranza como panacea de la política de vivienda.
En el periodo de 13 años comprendido entre 1998 y 2010, los Ayuntamientos autorizaron en España la construcción de cerca de 5,5 millones de viviendas, según la estadística de licencias municipales de obras (LMO) del Ministerio de Fomento. A dichas viviendas les correspondió una superficie a edificar de 899.727 miles de metros cuadrados.
Dicha superficie equivale al 0,178% de la superficie total de España (505.990 kilómetros cuadrados). (...)Un ritmo de calificación de suelo urbanizable tan intenso demuestra que no hubo precisamente restricciones al uso del suelo por parte de las administraciones competentes, Ayuntamientos y autonomías. Las normativas autonómicas recogieron el mensaje del texto legal promovido por el Gobierno de Aznar.
La efectiva liberalización del suelo producida ha ocasionado un elevado stock de suelo y de viviendas de difícil digestión, una creciente sobreocupación del suelo y unos precios del suelo y de las viviendas muy superiores a lo que el mercado permite absorber.
Y esto tiene bastante que ver con la difícil situación presente de la economía española.
A pesar de la evidencia de que la abundancia de suelo calificado de urbanizable y de crédito en condiciones excepcionales fue decisiva para alimentar la burbuja, hay quien rechaza aprender de los errores. " (JULIO RODRÍGUEZ LÓPEZ: La única pradera sostenible. El País, Negocios, 14/08/2011, p. 13)
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