"Ningún gallego perdió su vivienda ayer. Era domingo y los juzgados no
trabajaban. Pero hoy los servicios judiciales llamarán a la puerta de
siete nuevas familias para entregarles sus respectivas órdenes de
desahucio. Un drama que, desde 2007, se ha repetido en Galicia en 6.700
ocasiones. (...)
Los sin techo de reciente aparición son, casi siempre,
familias trabajadoras que, sin saberlo, hipotecaron su futuro y el de
sus hijos a los caprichos innegociables de una dictadura, la del
Euribor, que nadie les describió, y a la explosión de una burbuja, la
inmobiliaria, que banca, medios y administraciones negaron con evidente
fervor.
En Galicia, un cóctel de desesperación y coraje
convirtieron a María José Álvarez en el rostro y la voz que denunció "la
estafa" cuando "estar embargado era como ser un leproso". La moañesa
inauguró las movilizaciones contra las entidades financieras y fue la
primera gallega en revelar su situación ante la prensa. Pero su
historia, dice, es como la de los demás.
"Lo que me interesa es que se
explique qué están haciendo los bancos con nosotros". Su pesadilla
comenzó cuando tanto su nómina como la de su pareja dejaron de registrar
ingresos. Las facturan comenzaron a amontonarse. "Si el empresario no
te paga porque él tampoco cobra, ¿qué puedes hacer tú? Dependes de los
demás".
Al llegar al punto de tener que elegir entre comer o pagar la
hipoteca, el matrimonio trató de negociar con La Caixa la concesión de
un préstamo de 12.000 euros para que, sumados a los 70.000 de la venta
del inmueble, se saldara su deuda. Pero la entidad se negó, pidió la
ejecución de la hipoteca y se adjudicó la casa por 67.400 euros.
Ahora
la vende en Servihabitat, su servicio inmobiliario, por 82.300 euros.
"Estamos sufriendo una usura financiera. A los bancos no les interesa
encontrar una solución, no les interesa la igualdad, quieren tener a la
población con la soga al cuello para poder hacer con nosotros lo que
quieran". (...)
Por eso, M. prefiere no revelar su nombre. A la pérdida de su
vivienda, suma el robo de su dignidad. "Lo más sangrante es que te
tratan como a una apestada, como a una delincuente. Y yo no robé. No
maté a nadie. Somos seres humanos, no parias, pero, por desgracia, aún
funciona lo de "si le quitaron la casa será por algo".
Pero M. es, como
tantos otros en su situación, una expatriada de la clase media. Jamás se
había imaginado teniendo que entregar las llaves de su casa. Hasta que
cierto día, alguien decidió que a sus 49 años era demasiado vieja para
trabajar. De nada valieron los continuos despliegues de currículos y las
interminables rondas de entrevistas.
Sin empleo, pagar los 700
euros que se tragaba la hipoteca cada mes le resultaba imposible. El
Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) no se apiadó. A pesar de los
intentos de la propietaria por llegar a un acuerdo con el organismo
dependiente de la Xunta, este descartó cualquier alternativa distinta
del desahucio. Incluso, que M. permaneciera en la vivienda en régimen de
alquiler.
Por si fuera poco, durante meses, y hasta que el desalojo se
hizo efectivo, M. tuvo que soportar, además, el bochorno diario de una
funcionaria que, "aporreando la puerta", la instaba a gritos a abandonar
el inmueble.
Desesperada, trató entonces de encontrar ayuda en la
justicia gratuita. Tras un plazo relativamente breve, le fue asignada
una letrada de oficio que, sin embargo, no hizo sino más honda la
herida. "No se dignó a realizar ni la más mínima gestión, alegando,
entre otras cosas, que yo no daba el perfil de desahuciada".
La
pasividad de la abogada era de tal calibre que M. ni siquiera sabía
cuando tendría que abandonar su vivienda. Durante horas, atisbaba tras
la cortina, esperando que un taxi del juzgado parara junto a su portal.
"Aún recuerdo la angustia que padecí, atenta al más mínimo ruido que
escuchaba en la escalera, cada vez que sonaba el ascensor.
Bajaba a
comprar el pan y no sabía si al llegar iba a poder entrar en mi casa.
Psicológicamente esto acaba por minarte". Al final, decidió abandonar
voluntariamente su propiedad antes de que la echaran por la fuerza.
"Tuvimos que hacer la mudanza en un tiempo récord para evitar
espectáculos".
Pero en su equipaje siguieron ocupando espacio las
complicaciones y los absurdos. "Para acceder a un alquiler necesitas
disponer de una fianza, cuando no de un aval bancario, requisitos que,
dada tu situación, es obvio que no tienes". Gracias a los amigos "y las
casualidades", ha conseguido encontrar un piso en el que vivir.
Pero
sigue desempleada y el pago del alquiler se le hace casi imposible. "Lo
peor es que aún sigo sobresaltándome cuando oigo un timbre o la puerta
de algún vecino cerrándose con cierta fuerza. No puedo olvidar lo que
viví". (El País, ed. Galicia, Galicia, 19/09/2011, p. 3)
Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
26.9.11
Siete familias gallegas son desahuciadas de sus casas cada día por impagos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario