"¿Por qué el Estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda
pública procediendo a la anulación de las deudas ilegítimas? En primer
lugar por razones de justicia social, y además por razones económicas
que todos y cada uno pueden comprender y hacer suyas.
Para salir bien de
la crisis no es suficiente el relanzamiento de la actividad económica
gracias a la demanda pública y de las familias. Porque si nos
conformamos con ese tipo de política del relanzamiento unida a una
reforma fiscal redistributiva, los ingresos fiscales suplementarios
serían absorbidos ampliamente por el reembolso de la deuda pública.
Las
contribuciones que se impondrían a los más ricos y a las grandes
empresas privadas se compensarían con largueza con la renta que sacan de
las obligaciones del Estado de las cuales son, con mucho, los
principales poseedores y beneficiarios (razón por la cual no quieren oír
hablar de anulación de la deuda).
Por lo tanto está claro que
es necesario anular una gran parte de la deuda pública. La amplitud de
esa anulación dependerá del grado de conciencia de la población víctima
del sistema de la deuda (a ese nivel, la auditoría ciudadana desempeña
un papel crucial), de la evolución de la crisis económica y política y
sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyan en la
calle, en las plazas públicas y en los centros de trabajo a través de
las movilizaciones actuales y futuras.
En algunos países como Grecia,
Portugal, Irlanda y Hungría, la cuestión de la anulación de la deuda es
un asunto de plena actualidad. Para España e Italia está a punto de
serlo. Y pronto este tema será un punto central del debate político en
muchos países.(...)
La auditoría también debe permitir que se determinen las diversas
responsabilidades en el proceso de endeudamiento y que se exija que los
responsables, tanto nacionales como internacionales, rindan cuentas ante
la justicia.
En todos los casos particulares es legítimo que las
instituciones privadas y las personas de altas rentas que poseen los
títulos de esas deudas soporten la carga de la anulación, porque tienen
una amplia responsabilidad en la crisis, de la que por añadidura se han
beneficiado.
El hecho de que deban soportar esa carga solo es una vuelta
justa hacia una mayor justicia social. Por lo tanto es importante crear
un registro de los poseedores de títulos con el fin de indemnizar de
entre ellos a las personas con rentas bajas y medias.
Si la
auditoría demuestra la existencia de delitos relacionados con el
endeudamiento ilegítimo, sus autores deberán ser condenados con
severidad a pagar las reparaciones y no se les debe permitir que se
libren de las penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos.
Hay que llevar ante la justicia a las autoridades que asumieron
préstamos ilegítimos.
En cuanto a las deudas que no estén
afectadas de ilegitimidad según la auditoría, convendría imponer un
esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de las
tasas de interés, así como una ampliación del período de reembolso.
También sería útil realizar una discriminación positiva a favor de los
pequeños poseedores de títulos de deuda pública que habría que
reembolsar de forma normal.
Por otro lado, la parte del presupuesto del
Estado destinada al reembolso de la deuda deberá tener un tope en
función de la solvencia económica, la capacidad de los poderes públicos
de reembolsar y el carácter irreducible de los gastos sociales.
Podemos
inspirarnos en lo que hizo Alemania después de la Segunda Guerra
Mundial: El acuerdo de Londres de 1953, que consistía en particular en
reducir el 62% del stock de la deuda alemana, estipulaba que la relación
entre el servicio de la deuda y los ingresos de las exportaciones no
debía sobrepasar el 5% (3).
Se podría establecer una ratio de este tipo:
la suma asignada al reembolso de la deuda no puede exceder el 5% de los
ingresos del Estado." (Rebelión, 11/04/2012, 'Por qué hay que anular la deuda ilegítima', Damien Millet y Eric Toussaint,CADTM)
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