"Los niños se han convertido en involuntarios escudos ante algunos
desahucios. Permitir que los menores terminen el curso escolar en su
centro de estudios y con sus compañeros de clase, ha sido el motivo que
ha posibilitado el aplazamiento de al menos diez desalojos en la
Comunidad de Madrid en lo que va de año.
Los datos son de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH), ya que en el Consejo General del
Poder Judicial, institución que maneja las estadísticas sobre este tema,
no se registra este tipo de información.
Fue a partir del pasado mes de febrero que los abogados de la PAH
empezaron a plantear este problema a las entidades. El primer caso que
se logró aplazar a finales de junio por este motivo fue el del
dominicano Ronale De la Cruz, padre de dos menores, en la paralización
de cuyo desalojo intervino la hermana Inmaculada,
directora del centro donde estudian sus hijos, el Colegio Nuestra
Señora del Carmen (un concertado de Villaverde).
Desde entonces, este
motivo ha servido para frenar otros nueve desahucios (ocho de ellos de
Bankia, uno de Banesto y un décimo del Banco Guipuzcoano). El argumento
no siempre funciona: el viernes pasado Luciano Chancusig, un camionero
ecuatoriano en paro, fue desahuciado a pesar de que residía en la
vivienda junto a sus tres hijos (de 17, 16 y 13 años).
"Poco a poco las entidades están empezando a aceptar este motivo", dice
Rafael Mayoral, abogado de la PAH. "Tiene su lógica, tras un desahucio
vete a saber dónde acaba la familia, supone un impacto a todos los
niveles y en especial en el proceso educativo de los menores".
Mayoral
destaca que son las propias entidades quienes, "llevadas por la presión
social", están cediendo y aceptando posponer por este motivo desalojos
en los que hay menores involucrados. "Ceden las propias entidades,
cuando es algo que debería ser supervisado por la judicatura para
proteger los derechos del menor", se queja Mayoral.
"Nos pasa lo mismo
en los casos en los que hay inválidos o personas enfermas: depende de la
voluntad de la entidad; la judicatura no interviene". (El País, 23/04/2012)
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