"La sanidad pública nació en España como un seguro social, vinculado a la
cotización del trabajador. El modelo se transformó después de la
Transición. Desde los años 80, se ha ido avanzando lentamente hacia otra
concepción de la salud: no una contraprestación a lo cotizado, sino un
derecho ciudadano universal.
Desde la Ley General de Sanidad de 1986
hasta la ley de salud pública de 2011, todos los pasos han ido en esta
dirección, también durante los ocho años de Aznar en el Gobierno.
Separadas hace tiempo las cuentas sanitarias de las de la Seguridad
Social, son los impuestos generales los que sostienen la prestación.
Sin
embargo, el paquete de reformas publicado este martes en el BOE
desanda gran parte de ese camino. El Gobierno ha cambiado el modelo y
la sanidad vuelve a considerarse algo que hay que ganarse. El paciente
pasa de ser ciudadano a “asegurado”. (...)
La nueva norma cambia las reglas. Garantizará la asistencia a quien
pueda acreditar “condición de asegurado”. Eso o estar prácticamente en
la pobreza, el otro requisito que exige el Gobierno para poder tener una
tarjeta sanitaria. (...)
La sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para todos los
ciudadanos y se convierte en una sanidad solo para los asegurados y la
beneficencia. (...)
“Las indignas denuncias demagógicas de falsos aprovechamientos de
nuestra generosidad no ocultan que los únicos perjudicados con estos
cambios serán ciudadanos de nuestro país excluidos de la condición de
asegurado”. (...)
“Significa que la sanidad deja de ser un derecho básico y fundamental”,
señala. Y aunque a corto plazo la repercusión de la reforma puede
parecer “menor” a “medio plazo”, sostiene, habrá muchos ciudadanos que
se queden fuera del sistema.
“En principio son personas con muchos
recursos que pueden acceder a sanidad privada, pero se verán también
afectados colectivos más cercanos a la marginalidad”. advierte. (...)
con las medidas publicadas ayer se saca el sistema a personas que ahora
tenían derecho a tarjeta sanitaria. Y pone varios ejemplos: “Hay monjas,
por ejemplo, que no han trabajado nunca y tampoco han cotizado que
tendrían que hacer un convenio especial, o los rentistas que nunca hayan
cotizado que, junto a los autónomos sin prestación deberían ser los
siguientes en entrar en el sistema, según la previsión de la Ley de
Salud Pública”. (...)
“Y sustituir el modelo de servicio universal de salud de Estado de
bienestar por un modelo de Seguridad Social tiene la implicación de que
deja a gente fuera. ¿Qué pasa con los mayores de 26 años que no estén en
la indigencia?” (...)
... el real decreto puede “abrir la puerta” también a una fórmula en la que
se establezcan diferentes tipos de seguros, según la condición del
ciudadano. Y ahí puede entrar en juego la reorganización de la cartera
de servicios que también se ha incluido en la nueva norma y que
establece una cartera “básica”, otra “suplementaria” y otra “accesoria”.
“La unión de todos estos cambios puede abrir el mercado a que
aseguradoras no solo públicas puedan participar en la prestación de
servicios”, asegura Minué. “Según el real decreto solo tiene derecho a
prestación quien cotiza a su aseguradora, pero no se dice que estas
aseguradoras tengan que ser públicas, sino que es la Seguridad Social la
que determina quién tiene derecho a asistencia sanitaria.
Ahora mismo
es solo una hipótesis, pero se ha dejado abierta la opción de que en un
futuro la Seguridad Social no se haga cargo de todo y se dejen unas
prestaciones en manos de aseguradoras privadas”, apunta el profesor de
la Easp. (...)
“Para culminar un modelo neocentralizador de seguro social y echar del
sistema las clases medias solo les faltaría crear un sistema de
desgravación fiscal individual de los seguros de salud privados”, apunta
el portavoz de Izquierda Unida.
Algo en lo que abunda Sánchez Bayle:
“El PP pretende cambiar el sistema para crear diferentes tipos de
seguros: que las personas con ingresos altos sean atendidas por seguros
privados y el resto por un modelo de seguro público parecido a la
beneficencia". (...)
Para Rey está claro que no se puede invocar la razón de la eficiencia,
porque la cobertura de los extranjeros en situación irregular, unas
150.000 no supone un problema ya que son pocos y gastan menos”. (El País, 24/04/2012)
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