"La corrupción de la judicatura permite la impunidad de los políticos
corruptos, los cuales potencian actividades que les permiten garantizar
sus beneficios, pero no aquellas que benefician a la colectividad.
Esta
impunidad, unida a la ineficacia que la política de saqueo del Estado
genera, produce una deslegitimación del sistema político y, en concreto,
de la democracia como régimen, favoreciendo el surgimiento de derivas
autoritarias que, a su vez, tarde o temprano permiten mayor corrupción
en los niveles superiores del Gobierno. Una judicatura honesta puede
reducir la expansión
del fenómeno y la transmisión a la sociedad de mensajes fortalecedores de la legitimidad de las democracias.
En resumen, la corrupción judicial juega un papel extraordinariamente
perverso para la gobernabilidad democrática y la mejora de las
condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población.
Hasta aqui una pequeña parte del informe de la organización
Transparencia Internacional sobre la corrupción judicial. La pregunta
que nos hacemos los ciudadanos es la siguiente ¿Como es posible que una
institución como el poder judicial, clave en la vigilancia del poder
ejecutivo no detectó el alarmante nivel de corrupción que se producía?
Caben dos cuestiones, o bien la institución judicial no era un poder
independiente y por tanto inservible, o bien era un poder corrupto.
En cualquier caso, ninguno de los poderes encargados de velar por la
transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones detectaron
lo que a los ojos de los ciudadanos era evidente, hasta el punto de que
su inacción nos ha llevado a la quiebra institucional y la necesidad de
una regeneración urgente de las instituciones, pues las actuales se han
demostrado inútiles e inservibles y han sido la causa fundamental del
fracaso de la democracia y del daño cometido a sus ciudadanos.
El daño cometido a los ciudadanos es aún de mayor gravedad cuando se
quiere hacer pasar al propio ciudadano por el culpable del desastre
condenandolo al embargo, al desahucio y a la pérdida de sus derechos
fundamentales por algo originado por el mal funcionamiento de sus
instituciones. Ni los bancos, ni las Cajas de Ahorros saqueadas ni los
políticos saqueadores y corruptos pueden hacer pagar a los ciudadanos el
daño por ellos cometido.
Por tanto, los ciudadanos declaramos al Estado culpable del daño
producido y exijímos a los jueces que procedan a la restitución de los
derechos civiles y de los derechos fundamentales de todo ciudadano de un
Estado de derecho como es el incuestionable derecho a la propiedad, el
fin de los desahucios y la ejecución de los culpables que han llevado al
pueblo español a la ruina.
Procedase por tanto, a la incautación de los bienes y patrimonio de
las entidades y particulares que son los verdaderos responsables del
saqueo a España y a sus ciudadanos para hacer frente a las
responsabilidades contraidas con los mismos." (Colectivo burbuja, Carlos Rodriguez)
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