"El Gobierno gastó 3,2 millones de euros en el envío de dos cartas a
principios de este año a los más de 8 millones de pensionistas para
informarles de la revalorización de sus pensiones, por un lado, y del
incremento del IRPF de sus prestaciones, por otro.
El Ejecutivo
justifica la correspondencia, donde se subrayaba que Mariano Rajoy
era el responsable de la medida de revalorización, en que era "preciso"
que los afectados conociesen que, tras la congelación de las pensiones
en 2011, en 2012 volvían a mantener su poder adquisitivo y eran objeto
de revalorización.
Además, asegura que en 2011, con el PSOE en el
Gobierno, se gastaron en dos campañas informativas similares 395.000
euros más.
En la primera de las cartas, firmada por la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, se destacaba que la medida era un compromiso de
Mariano Rajoy y que se había aprobado "nada más comenzar la
legislatura".
En la segunda, se informaba de la subida del IRPF en los
años 2012 y 2013 acordada por el Ejecutivo el 30 de diciembre de 2011
para reducir el déficit público, lo que obligaba a recalcular el
montante de la pensión.
Esta última misiva ya no iba firmada por Báñez
ni mencionaba a Mariano Rajoy, sino que estaba rubricada por la directa
general de la Seguridad Social, María Eugenia Martin Mendizábal, quien
por cierto accedió al cargo después de la subida impositiva.
El
coste de los envíos, remitidos a primeros de 2012, se recoge en una
respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado del PSOE Luis Carlos
Sahuquillo, quien preguntó al Ejecutivo por qué razones había mandado lo
que consideraba "cartas de propaganda política", con un coste total
de 7,2 millones de euros (3,6 millones por cada una),
cuando hasta ahora este tipo de comunicaciones, según el parlamentario,
eran de "carácter institucional y desprovistas de contenidos
políticos".
El parlamentario se quejaba además de que se
atribuyese expresamente en una de las cartas al presidente del
Gobierno la decisión de la subida, calificándola como un compromiso
de Mariano Rajoy aprobado nada más comenzar la legislatura, "cuando
es un mandato legal derivado del Pacto de Toledo". (Público, 23/09/2012)
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