"A la mayoría de los sectores económicos la crisis les está resultando
interminable. Pero a otros el vendaval se los ha llevado por delante y
han tenido que poner prácticamente punto final a su actividad.
Eso le ha
ocurrido al sector inmobiliario tradicional, el que fuera el motor
económico durante la época de bonanza con la que España arrancó el siglo
XXI. La patronal estimó en 2006 que hasta 5.000 inmobiliarias
trabajaban a destajo atraídas por lo que creían un mercado ajeno a las
reglas de la economía, en el que los precios nunca bajaban y el crédito
no tenía fin.
Reyal Urbis, la que fue la tercera promotora española por
volumen de activos, está al borde de seguir la misma suerte que las casi
3.600 inmobiliarias que, según PricewaterhouseCoopers, desde 2008 hasta
hoy han tenido que solicitar el concurso de acreedores.
A medida que el boom alumbraba nuevas inmobiliarias, algunos
empresarios se proponían levantar grandes imperios del ladrillo. La
historia del pez chico que se comía al grande era la más común en los
años 2006 y 2007, cuando el ciclo tocaba su fin.
Fue la historia de Luis
Portillo, que se hizo con Colonial y Riofisa; Fernando Martín, que
atacó Fadesa; Bruno Figueras, que desde Habitat engulló la división
inmobiliaria de Ferrovial, o Román Sanahuja, que se quedó con
Metrovacesa.
Todos esos cuentos acabaron mal. Los concursos se han ido
sucediendo hasta hoy. En la lista de quienes tuvieron que acudir al juez
están nombres tan ilustres como Martinsa Fadesa, Habitat, Sacresa,
Nozar o Restaura.
Rafael Santamaría ha sido el último empresario del ladrillo en
engrosar la lista de quienes han solicitado un procedimiento judicial
para poner orden en su pasivo. Su aventura fue similar a otros fiascos.
En julio de 2006, el grupo Reyal presentó una oferta pública de
adquisición (OPA) por el 100% de Urbis —entonces controlada por
Banesto—, que facturaba el doble que la empresa de Santamaría y poseía
cuatro millones de metros cuadrados de suelo. La compra ascendía a 3.317
millones de euros, lo cual suponía una prima del 18% sobre el precio de
las acciones en ese momento.
Reyal Urbis ha podido aguantar cinco años de temporal antes de pedir
el concurso anticipado. Muchas de las promotoras que han ido cayendo en
los últimos meses han pasado el último lustro con respiración asistida,
con refinanciaciones de deuda sujetas a planes de negocio que resultaron
irreales.
El sector lo conoce como “la patada hacia adelante”. “Los
planes de venta eran más un deseo que una realidad por la tremenda
dureza de la crisis. El rápido crecimiento del desempleo y la caída de
transacciones los convirtieron en papel mojado”, explica el director
general de Aguirre Newman, Ángel Serrano.
En ese grupo estaba Reyal Urbis, que firmó dos acuerdos, uno en
octubre de 2008 y otro en febrero de 2010. El último pacto postergaba
los plazos de devolución de la deuda, exigía daciones en pago para
aliviar el pasivo y fijaba un plan de negocio para la empresa.
El
oxígeno venía con una línea de crédito de 35 millones, que no pudo
compensar la sobrecarga de activos ilíquidos de la inmobiliaria. De
acuerdo con la memoria remitida a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), los activos inmobiliarios de la promotora ascienden a
3.600 millones de euros (de los que se han tenido que provisionar 738
millones por su depreciación).
De esos, solo 281 millones corresponden a
inmuebles terminados, mientras que el resto es suelo. Y los terrenos
hoy son un problema: por una parte, sin demanda, su valor es cero, y en
ocasiones negativo. Y por otra, la banca trata de reducir su cartera
crediticia al sector inmobiliario, por lo que el grifo para esta
actividad está cerrado a cal y canto.
El preconcurso de Reyal Urbis y la suspensión de pagos de Mag Import y
Alteco Gestión —controladas por la familia valenciana Soler y el
empresario Joaquín Rivero—, son una nueva sacudida para un sector cuyas
10 primeras empresas llegaron a tener un valor bursátil de más de 48.800
millones de euros a comienzos de 2007.
Hoy, la suma de la
capitalización bursátil de las siete sociedades que cotizan —excluida
Martinsa— apenas supera los 2.000 millones y arrojaron en el primer
semestre unos números rojos de más de 500 millones de euros. En solo un
lustro, el sector ha perdido más de 46.000 millones de euros en el
mercado de valores.
Si, como indican la mayoría de organismos, la recuperación se hace
esperar todavía más, las inmobiliarias —que suponen el 16% de los
concursos de acreedores presentados desde 2006— seguirán cayendo. “Si no
hay actividad promotora suficiente, si los activos no dan las rentas
necesarias y sin actividad complementaria, es obvio dónde acabará”,
asegura el socio de la consultora Irea, Mikel Echavarren.
Pintan bastos,
pues, para las promotoras que han logrado sobrevivir hasta ahora. “Una
parte de las que quedan tendrán que ir a concurso, y muchas otras se
verán obligadas a entrar en liquidaciones extrajudiciales, por ejemplo,
mediante daciones en pago”, añade Echavarren." (El País, 28/10/2012)
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