"La crisis económica
ha barrido las rentas de centenares de miles de hogares que, ante el
debilitamiento y la pérdida de eficacia de las medidas públicas de
protección social, dependen de la familia para sobrevivir. Según refleja
el estudio Crisis y fractura social en Europa.
Causas y efectos en
España, que se hizo público ayer y que forma parte de la colección
Estudios Sociales de la Fundación La Caixa, en uno de cada cinco hogares en los que todos sus integrantes están en el paro vive una persona mayor de 65 años, cuya pensión es, según el citado análisis, “un recurso de supervivencia”.
“Las políticas sociales han mostrado una reducida capacidad de
compensar las desigualdades sociales que genera el mercado”, incluye el
informe entre sus conclusiones. “El recurso a la institución familiar
presenta ya limitaciones obvias para cubrir todas las necesidades
sociales que se van generando”, se subraya en el texto.
España ha pasado de ser el país con menor brecha social al tercero de entre los 27 de la Unión Europea que registra mayor desigualdad
entre el 10% más rico y el 10% más pobre: los primeros tienen cinco
veces más ingresos, un aumento en el llamado coeficiente de Gini del
16,3% desde 2007.
La pobreza extrema y la exclusión social han crecido más que en la
mayoría de los otros países de la UE. La crisis ha afectado más a la
población con edad de trabajar, “no tan solo por la inmensa pérdida de
puestos de trabajo, sino también debido a la limitada capacidad
protectora —en cuanto a la intensidad o el tiempo—, de las políticas de
protección por desempleo, de rentas mínimas, familiares y de vivienda”.
El estudio compara la efectividad de los sistemas de protección
social en Dinamarca, Francia, Reino Unido y España. En casi todos los
puntos de contraste, España sale malparada. (...)
Los más afectados han sido los trabajadores sin calificación, los
temporales, los jóvenes y los extranjeros. Este impacto en el empleo ha
llevado a su vez al aumento de la población situada por debajo de los
umbrales de la pobreza severa —por debajo del 30% de la media de renta—,
que alcanzó en 2010 al 5,2% del total.
La debacle económica de las familias españolas queda también patente
en otros datos contenidos en el estudio. El 7,6% de los hogares
españoles tienen a todos su miembros en paro. El 52,8% de los jóvenes
entre 18 y 34 años conviven con sus padres, frente al 17,7% de Dinamarca
o el 34% de Francia.
Los jóvenes, según el estudio, padecen “una
elevada tasa de desempleo y temporalidad laboral con un alto nivel de
desprotección”. Los mayores suponen el único sector en el que se ha
registrado un mayor incremento en el nivel de cobertura frente a la
pobreza.
Pero el fracaso del Estado de bienestar en España queda claro a la
hora de juzgar su falta de eficacia para revertir la situación de los
ciudadanos en situación de pobreza.
La proporción de las personas que,
gracias a las coberturas sociales, superan el umbral de la pobreza al
cabo de dos años es del 16% en España, por el 37,5% del Reino Unido o el
28,1% de Francia.
Según el análisis, pese a que en España ha crecido el 1,8% el número
de hogares que perciben alguna prestación desde 2007, “las cuantías
notablemente más reducidas de las prestaciones, su distribución desigual
y el carácter limitado en el tiempo de las mismas”, lleva a que la
capacidad de cobertura del Estado de bienestar en España esté “muy por
debajo del resto de los países analizados a la hora de reducir la
pobreza”.
La familia —un concepto social, cultural y afectivo, sobre todo
personal y hasta religioso— llega hasta donde los servicios de
protección social no lo hacen. Algo que ha sido rápidamente
instrumentalizado por los poderes públicos, que han incluido su impacto
en los cálculos de los recortes sociales.
Es el caso, por ejemplo, de la inclusión de la relación domiciliar con padres y abuelos como factor decisivo a la hora de percibir la ayuda excepcional de 400 euros para parados de larga duración.
Pero la cobertura familiar —“un elemento diferencial de la sociedad
española”, según los autores del estudio— está llegando a su límite con
las 300.000 familias que prácticamente viven de una pensión." (El País, 07/11/2012)
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