Antonio Campos e Igone Aldaregia, padres de cuatro hijos y en paro, están a punto de perder su casa de protección oficial
"Para Antonio Campos, extremeño de origen, de 34 años, y su mujer
Igone Aldaregia, de 35, el tiempo corre en contra para no acabar
perdiendo su vivienda de protección oficial en un barrio periférico de
San Sebastián.
Padres de cuatro hijos, todos menores de edad, autónomos
en paro desde hace casi dos años, sobreviven de la ayuda económica
familiar y de las visitas quincenales al Banco de Alimentos.
A este matrimonio no solo le preocupa quedarse en la calle con cuatro
hijos. En su día tuvo que recurrir a dos avalistas a la hora de pedir
un crédito hipotecario. “Mi tío nos avaló con su nómina y mi abuela, que
tiene 80 años, con su casa.
Si quieren les doy mi piso en pago al
banco, pero no quiero que toquen a mi abuela. Su casa está ya pagada y
no debe pasar por el disgusto de quedarse en la calle por haber sido
avalista”, se lamenta.
Llevan casi dos meses sin poder pagar la cuota mensual de la hipoteca
de 120.000 euros que contrajeron en 2007 con el Banco Santander, más un
crédito personal, porque no tienen ingresos. Hace cuatro meses
solicitaron la ayuda de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que
supondría 933 euros, que no acaba de llegar.
Ahora intentan negociar con
la entidad financiera la aplicación de una carencia de tres años para
pagar solo intereses antes de entrar en mora y ser desahuciados. Pero
llevan meses sin una respuesta.
“Mientras en la oficina de aquí nos dan largas, desde Madrid el banco
te manda cartas con amenazas de desahucio sin darte alternativas. Lo
único que pedimos es reajustar la deuda y vivir con un poco de
dignidad”, denuncia esta pareja desesperada por encontrar un trabajo, él
como albañil y ella en el servicio doméstico o alguna empresa de
limpieza.
Tanto Antonio como Igone se quejan de la falta de acceso a la
información que existe en torno a las salidas que hay para defender tu
vivienda cuando te encuentras en exclusión social si no acudes a una
plataforma como Stop Desahucios,
donde han encontrado asesoramiento y apoyo legal. A esta dramática
situación, una de las miles que se están viviendo en España, se suma la
necesidad de vivir de las pensiones o sueldos de familiares.
“Mi madre era quien se hacía cargo de nuestra hipoteca desde que nos
quedamos en paro, pero hace meses que se ha quedado en la calle y con el
subsidio que le queda no nos da para pagar la hipoteca. Lo que entra en
casa es para dar de comer a mis hijos, que son la prioridad”, comenta
Igone, a quien le indigna que la fiscalía no se persone en los
desahucios donde hay menores de por medio.
“¿Quién los protege? Se
preocupan de que tengan educación y sanidad, pero no de que los dejen en
la calle. La vivienda es un derecho básico y no es justo ni ético que
400.000 familias estén en la calle. La Ley Hipotecaria es obsoleta y hay
que adaptarla a los tiempos de crisis”. (El País, 04/11/2012)
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