"Cuando Esther Sanz supo que iba a ser desahuciada comenzó a movilizarse a
través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). También
acudió al párroco del barrio de San Cristóbal, en el distrito de
Villaverde. En ese momento, dos personas le abordaron en plena calle con
una oferta alternativa:
“Sabemos que te van a desahuciar y sabemos la
fecha y la hora. Si nos das 600 euros te abrimos una casa ese mismo
día”. No es la única a la que se lo han ofrecido. Aquí los pisos vacíos
no duran ni un día.
La ola de desalojos de los últimos cuatro años, que ha golpeado con
especial intensidad a San Cristóbal, se ha convertido en un caldo de
cultivo ideal para que florezcan las ocupaciones y quienes hacen negocio
con ellas. De un parque de 6.000 viviendas, la asociación de vecinos
contabiliza 500 pisos de patada, como se les conoce.
Sus
propietarios, los bancos, se desentienden de las propiedades una vez
ejecutan el desahucio y en algunos casos ni siquiera pagan las cuotas de
la comunidad vecinal. Estas quedan a merced del abandono y de quienes
se lucran con la desgracia de otros.
Esther Sanz denuncia con rabia la existencia de “mafias organizadas” que
“saben de antemano cuando se va a producir un desahucio y van a
intentar captar a familias que ya están hundidas en la miseria”.
Afirma
que controlan incluso qué pisos se quedan libres una temporada. Ese fue
el caso de Juan, nombre ficticio de un ciudadano de Santo Domingo que
marchó por unos meses a Almería y, al volver, se encontró con la
cerradura forzada; una familia se había instalado en su casa. Puso la
correspondiente denuncia, pero de eso hace dos años, y hace apenas un
mes que recuperó su vivienda
“Ese es el problema”, critica María del
Prado, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal desde
1991. “Se dan mucha prisa en echar a familias que no pueden hacer frente
a la hipoteca, pero luego los procesos de desalojar a los ocupas se
alargan dos años o más, y el conflicto social se queda en el barrio”.
Hay casos que rozan el esperpento. María Serna, colombiana de 51 años,
fue desalojada el pasado 11 de julio. Su casa, en la cuarta planta de un
bloque cercano al de Esther Sanz, la compraron en 2008 por 135.000
euros.
20 días después de firmar el contrato, su marido se quedó en
paro. En el momento de ejecutarse el desahucio la familia debía a Bankia
22.000 euros, que subieron a casi 60.000 entre intereses de demora y
pago de la derrama por la reforma comunitaria del piso.
Cuenta que fue
un desahucio “violento” por la excesiva presencia policial. En el mismo
edificio otro piso se desocupó ese mismo día. Allí vivían varios
marroquíes que se asustaron al ver tanta policía y pusieron pies en
polvorosa. En esa vivienda de la primera planta vive hoy María con sus
dos hijas, su marido y su sobrina.
Se lo encontraron “destrozado, sin
puertas, sin plato de la ducha”, pero trajeron lo que pudieron salvar
escaleras arriba. Su antiguo piso de la cuarta planta no tardó en
convertirse en piso de patada.
Ella no sabe quién lo ocupó, ya que
apenas sale de casa. “Pensamos en regresarnos a Colombia”, cuenta entre
lágrimas, “pero con las niñas en pleno curso escolar no sabemos qué
hacer. Cada vez que llaman a la puerta se me para el corazón”.
En la mayoría de estos pisos de patada viven hoy personas de etnia
gitana, pero no son los únicos. Hay casos de inmigrantes como Abrahim,
un marroquí de 40 años que fue engañado para meterse a ocupar: “Un
dominicano me aseguró que la casa era suya y me pidió 2.000 euros de
fianza a cambio de las llaves. Me dijo que volvería para firmar el
contrato y nunca más le he vuelto a ver”.
Y también hay casos como el de
una joven española de 28 años que no da su nombre, pero no tiene
reparos en reconocer que lleva más de dos años ocupando con su novio y
su bebé. En este tiempo no han recibido citación alguna, pero corrobora
que las ofertas alternativas están a la orden del día en el barrio. “Si
me vienen a desalojar seguro que se enteran y ahí están, ofreciéndose a
abrirme otro piso por dinero”. (...)
“Hace cuatro años había 68 de estas ocupaciones, y hoy estamos en
500. Seis desahucios a la semana. ¿Qué Madrid estamos viviendo?”.
Esther Sanz nunca fue desahuciada; llegó a un acuerdo para pagar un
alquiler social de 350 euros. No hay muchos casos como el suyo en San
Cristóbal. Por su implicación en la PAH, a Esther le paran por el barrio
personas como Cymien Valero.
El desahucio de este camerunés de 38 años
está previsto para el 4 de diciembre. Con una nena de tres meses y sin
un lugar a donde ir, tiene claro que buscará un techo. A cualquier
precio." (El País, 21/11/2012)
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