"Una magistrada de Córdoba ve indicios de engaño por parte del
subdirector de una oficina de La Caixa a un cliente que invirtió 60.000
euros. Declara al banco responsable civil.
El caso de la denuncia de Ángel Manuel Ojeda es el primero por el que la Fiscalía empezó a acusar de estafa a un responsable de sucursal por la venta de preferentes.
Concretamente, un subdirector de una oficina de La Caixa de Córdoba es
el que está acusado de estafar a Ojeda y a su mujer, Rafaela Molina, al
ocultarles que su inversión de 60.000 euros no era recuperable de forma
inmediata.
Ahora, también es la jueza la que califica de estafa el
acto que cometió el jefe de sucursal. La resolución de la magistrada
del Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba responde a un recurso
de la defensa del acusado que solicitaba que se archivara su caso tras
conocer el auto de procesamiento, en el que se califican los hechos.
La
jueza escribe que "no procede el sobreseimiento y
posterior archivo de la causa" puesto que existen indicios fundados de
la existencia de un delito de estafa. En el documento también decreta
"la responsabilidad civil directa" de La Caixa, por lo que la entidad
tendrá que afrontar las indemnizaciones que se decretan a las víctimas
de la estafa.
Manuel Ojeda y Rafaela Molina metieron sus ahorros en preferentes en
2002 siguiendo las recomendaciones del subdirector de la sucursal, en la
que llevaban cerca de 30 años. En octubre de 2010, esta pareja informó
al responsable de la oficina de que tenían la intención de comprar un
local con el dinero que habían acumulado en preferentes, una cifra que
ascendía a los 60.000 euros.
El subdirector aseguró a ambos que
podrían recuperar el dinero y permitió que los denunciantes prosiguieran
con los trámites de compra y con la obtención de un préstamo
hipotecario. La jueza recuerda en el auto que el acusado "sigue
insistiendo, pese a ser consciente de los graves problemas que se
estaban originando a nivel nacional para proceder la venta de
participaciones, en la liquidez de las mismas".
En diciembre de 2010,
Ojeda y Molina solicitan la venta de sus participaciones en preferentes y
es en ese momento cuando el responsable de la sucursal reconoce "que la
venta estaba bloqueada".
En el auto de la jueza se tiene en
cuenta que las participaciones preferentes se les ofertaron "de forma
deliberada" y "en base a una relación de confianza con la entidad y con el imputado sin que se evaluara la conveniencia de dicho producto", asegura Ojeda a Público.
"Es
un paso más y muy importante", asegura el denunciante. "No podemos
olvidar que tenemos enfrente a una de las entidades financieras más
poderosas de nuestro país que no va a regatear esfuerzos a la hora de
hacernos desistir en la defensa de nuestros derechos".
Ojeda señala que
el proceso "puede ser largo" pero no por ello van a dejar de luchar para
que se haga "justicia" y puedan recuperar sus "ahorros". "No vamos a
rendirnos ahora", subraya.
Actualmente, se encuentra en la fase del procedimiento abreviado, "el
paso posterior a la instrucción y previo a la apertura del juicio
oral", explica Ojeda. Este nuevo auto de la jueza todavía puede ser
recurrido por las partes ante la Audiencia Provincial, pero un posible
recurso no impediría que siguiera el curso habitual del proceso.
A
continuación, comenzaría la formulación de los escritos de calificación
del Fiscal, de la acusación particular y de la defensa, y, tras ellos,
la apertura de juicio oral.
Ángel Ojeda recuerda que "no son los
únicos que han puesto una denuncia penal por las preferentes" y asegura
que los casos son "más numerosos de los que se piensa". Señala que en
Villanueva de Córdoba se han colocado estos productos a "personas con
discapacidad mental, analfabetas, ancianos con diferentes grados de
dependencia" e incluso "menores de edad". "No son una excepción", subraya Ojeda." (Público, 27/11/2012)
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