"Por una curiosa circunstancia, la aplicación del “tasazo” judicial que entró el lunes en vigor y encarece la justicia para los pobres, ha venido a coincidir con una reforma del Código Penal que equipara como delincuentes a quienes incurran en fraude al sistema de pensiones o al subsidio de desempleo con los defraudadores de millones de euros.
Tal vez el término “equiparar” sea inexacto, pues los primeros serán castigados con penas de 6 meses a 3 años de prisión con independencia de lo percibido indebidamente, y los segundos, los de cuello blanco, sólo se considerarán delincuentes si el importe de la estafa fiscal supera 120.000 euros.
Además, si pagan voluntariamente su deuda con Hacienda o regularizan su situación antes de que se produzca la acusación y comience el proceso penal, quedarán libres de imputación. Y si lo hacen durante la tramitación de la causa –las penas pueden llegar a seis años de prisión–, se podrán beneficiar de la decisión del juez de dar carpetazo y archivar el asunto y, en todo caso, de una rebaja de la pena que puede ser de uno o dos grados.
Tamaña asimetría penal entre trabajadores y pensionistas con los grandes defraudadores confirma la vigencia de aquella apreciación recogida en 1905 por Azorín para El Imparcial entre los trabajadores de Lebrija (Sevilla), según la cual “las leyes se hacen para los ricos”. “No busque usted más, será completamente inútil –le decía el médico del pueblo–: esta no es una demagogia libresca, sino la constatación de la realidad”.
Esa asimetría llevó el lunes al socialista Julio Villarrubia a clamar ante el presidente del Consejo del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, contra una reforma penal que “legaliza la impunidad de los delincuentes de cuello blanco, de los grandes defraudadores y criminaliza a los desempleados, trabajadores y pensionistas”. El atropello –añadió Villarrubia– se consumará el jueves en el pleno Congreso por la mayoría absoluta del PP." (Luis Díez, Cuarto Poder, Rebelión, 20/12/2012)
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