"Lluís Martí, de 54 años, mecánico de profesión, separado y padre de
un niño de 10 años, ha paralizado el desalojo de su casa en La Bisbal
del Penedés, un pueblo a 30 kilómetros de Tarragona, en cinco ocasiones.
Asegura que es la primera persona en España que lo ha conseguido. Entre
otras causas por la ayuda de 30 personas de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) que el 3 de noviembre de 2010 rodearon su casa con
pancartas para impedir el desalojo.
“Mi caso se ha archivado. Se
suspendió por voluntad del banco (Cataluña Caixa). Debía más de 100.000
euros, pero no tenía trabajo desde 2009. Sigo en mi casa y no la voy a
dejar”, dice.
Con esta iniciativa arrancó la campaña Stop Desahucios de la PAH que
hoy ha logrado paralizar 500 desalojos y se ha convertido, junto a
movimientos como el 15-M, en la punta de lanza de iniciativas ciudadanas
contra la vieja Ley de Ejecución Hipotecaria.
Ada Colau, de 38 años,
licenciada en Filosofía y trabajadora en un observatorio de derechos
sociales, es una de las impulsoras de esta plataforma que en solo dos
años ha crecido como hongos por todo el país. “Hemos conseguido pequeñas
grandes victorias, como daciones en pago antes de la subasta y
condonaciones de deuda después de la subasta. Centenares de
Ayuntamientos nos apoyan pidiendo que se cambie la ley”.
Con ese objetivo, PAH y otros colectivos han reunido 600.000 firmas y
presentado una iniciativa legislativa popular ante el Congreso para
lograr la dación en pago retroactiva. Martí Batllori, letrado de la PAH,
califica de “tortuosa y conflictiva” la presentación de esta iniciativa
y augura que alcanzarán el millón de firmas.
Para Pablo Matos, portavoz
de vivienda del PP en la anterior legislatura, la dación en pago es un
“disparate porque lo que consigue es la pérdida de la vivienda y el
abandono del hogar familiar”. (...)
Ada Colau, la activista de la campaña Stop Desahucios, considera
insuficientes las medidas del Gobierno. “Las moratorias parciales no son
la solución. Se habla del desahucio, pero no de la deuda. La gente
tiene que poder liberarse de esa carga. No se les puede dejar excluidos
de por vida.
Definir colectivos vulnerables es otra equivocación, ya se
hizo con el código de buenas prácticas, que ha sido un fracaso. Con este
decreto el caso de la señora que se suicidó en Barakaldo no entraría:
era un matrimonio con trabajo y un hijo de 21 años”.
Guillem Soler, de 36 años, titular de un juzgado de Barcelona, es uno
de los pioneros en denunciar los abusos de los desalojos. Hace dos años
y medio, cuando estaba al frente de un juzgado de Sabadell y casi nadie
hablaba del drama, planteó la inconstitucionalidad de la ley de
ejecuciones hipotecarias, pero el Constitucional avaló la vieja ley de
1909.
En su opinión el ciudadano está indefenso y lo explica así:
“Cuando un ciudadano pierde la vivienda por no pagar no puede alegar, no
puede paralizar la ejecución. Si quiere hacerlo tiene que ir a un
proceso distinto. Es una ley restrictiva del derecho de defensa”.
La moratoria de dos años aprobada por el Ejecutivo para las familias
que no ingresen más de 19.200 euros al año es para Soler puro
maquillaje. “El fondo de este problema es este sistema injusto que
requiere que se cambie la ley.
Hace falta una reforma legislativa a
fondo”. El juez propone dos opciones; la dación en pago o la
modificación de la ley procesal para que el banco en vez de quedarse con
la casa por el 60% de su valor lo haga por el 80%. “Así quedaría poca
deuda por pagar”, apostilla. Y añade: “tienen que tener efecto
retroactivo porque de no ser así el problema continúa”.
Edmundo Rodríguez, de 49 años, magistrado de la Audiencia Provincial
de Álava, reclama suprimir el procedimiento de ejecución hipotecaria y
destaca la indefensión de los miles de afectados, que además carecen de
abogado. “Yo lo haría desaparecer. Hay que ir a uno ordinario y común
para los acreedores.
Hay que ampliar las causas de oposición del
acreedor: por cláusulas abusivas o intereses de demora
desproporcionados; establecer que el inmueble que se ejecuta sirva de
vivienda familiar; que sea obligatorio para los deudores la intervención
de letrado. Ahora en el 95% de los casos no hay oposición. Y como no
hay oposición ejecutamos y subastamos por dos duros”.
Una encuesta con 6.000 casos recogidos por la plataforma de afectados
PAH ofrece datos sorprendentes: el 82% de las viviendas ejecutadas eran
el hogar de al menos un menor; el 65% eran españoles; más de un 40%
había suscrito una hipoteca entre 100.000 y 200.000 euros; un 49,1% se
encontraba en el paro.
La lista de las entidades ejecutantes la
encabezan Bankia con un 16%, y el BBVA con un 12%. “Los afectados están
desesperados, no se les ocurre ir al Colegio de Abogados a pedir
defensa. Cuando vienen sin letrado tenemos un problema”, confiesa el
juez Rodríguez.
El abogado Rafael Mayoral, de 38 años, ha asistido en Madrid a
decenas de desalojos. No imaginaba que el movimiento que iniciaron unos
pocos llegaría tan lejos. Se ha implicado porque cuando se notifica la
demanda de ejecución al deudor no se le informa de su derecho a la
defensa gratuita.
“El afectado está indefenso, no tiene información
sobre el procedimiento. Además, si no lo pides el banco te carga las
costas”, dice. Cien letrados han creado un turno solidario para asistir a
desalojados y redactar escritos.
José Luis González Armengol, decano de los jueces de Madrid, reclama
una reforma que va más allá de la que acaba de aprobar el Gobierno. Esta
es su receta: “Hay que ir a un cambio legislativo que lleve anejos
otros aspectos legales del Código Civil en el que se fije la dación en
pago. El banco es un acreedor privilegiado.
Hay que garantizar el
compromiso de las Administraciones con las viviendas sociales. Se tiene
que potenciar el mercado de alquiler para llegar a estándares europeos.
La compra implica más riesgos. Estamos pagando las consecuencias de una
política de vivienda equivocada”.
La moratoria de dos años aprobada por el Gobierno para los más
vulnerables es un error para José María Fernández Seijo, de 47 años, el
juez que recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE el caso de
Mohamed Aziz, un obrero marroquí residente en Cataluña, una iniciativa
que amenaza con tumbar la ley hipotecaria española. El dictamen de la
abogada general del tribunal, califica de abusiva la normativa.
“La
moratoria por sí sola es peligrosa si no hay una quita. Debería ir
acompañada de la reestructuración de la deuda. Si la paralizas lo que
haces es retardar el problema porque los intereses siguen creciendo. Si
no rebajas la deuda no hay solución definitiva. Además, las clases
medias deberían beneficiarse, no solo las clases más bajas”.
La futura sentencia europea augura que la ley española está muerta.
Algunos lo ven tan claro que ya proponen la paralización de todos los
desahucios. Ángel Dolado, de 50 años, juez decano de Zaragoza y
presidente del Foro Judicial Independiente, dirige esta iniciativa.
“Para evitar males mayores hay que suspenderlos.
Hemos redactado un
formulario a modo de auto que estamos distribuyendo en toda España.
Queremos que las juntas de jueces valoren la posibilidad de pararlos”.
El abogado Mayoral asegura que mañana numerosos afectados pedirán la
suspensión de sus desalojos en juzgados en todo el país. Y esgrimirán el
informe de la abogada del tribunal europeo. “Vamos a ver si lo atienden
los jueces”, se pregunta.
Diego Gutiérrez, de 37 años, juez en Lleida, cree que sí: “Hay que
hacer algo. Hay un compromiso de parte de la judicatura para afrontar
estas situaciones tan dramáticas. Algunos compañeros se plantean
suspender algunas ejecuciones hasta que el tribunal europeo se
pronuncie”.
José Francisco Cobo, de 55 años, el magistrado de la
Audiencia de Navarra que dictó uno de los primeros autos críticos con el
sistema de desahucios, recita todo el acerbo comunitario en materia de
protección a los consumidores y apostilla: “Me parece una posibilidad
correcta y razonable. Deberíamos ir por ahí”.
Otros como Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala Primera del
Tribunal Supremo, buscan vías más complejas y estudian si es posible
plantear recursos a los autos de desalojo ya que la casación exige
proceder solo contra sentencias: “No es fácil, pero no imposible.
La
novedad sería la apelación ante la Audiencia, y contra la sentencia de
esta cabe el recurso de casación. Buscar alguna vía para que lleguen
ante el Supremo”.
El movimiento ciudadano continúa y el decreto del Gobierno calienta todavía más los debates en los foros de los jueces." (
José María Irujo
, El País, Madrid
18 NOV 2012)
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