"Nadie se podría explicar cómo han podido desaparecer más de cuarenta
entidades —el sector ha pasado de 56 a 15 bancos en cuatro años— sin
saber qué ocurrió entre los muros del Banco de España.
Los inspectores
de esta institución conocían los entresijos de las antiguas cajas y de
los bancos: su contaminación por los préstamos a promotores y
constructores, así como su enorme dependencia de los bancos
internacionales, a los que pidieron miles de millones de euros.
Desde 2003, los inspectores avisaron de que había problemas en el
funcionamiento interno del supervisor. En 2005 encendieron las primeras
luces de alarma, y lo volvieron a hacer en 2006, pero alguien las apagó:
primero el gobernador, Jaime Caruana, y después su sucesor, Miguel
Fernández Ordóñez.
Ambos actuaron en connivencia con los ministros de
Economía, Rodrigo Rato y Pedro Solbes, que no quisieron frenar una
economía desbocada y que, cuando llegaron los problemas, confiaron
ciegamente en que la recuperación internacional solucionaría los
problemas financieros de las entidades españolas. Este es el relato de
los primeros avisos silenciados y el envenenado ambiente que se creó en
el interior del Banco de España.
En solo unos pocos años, los inspectores del Banco de España han
pasado de ser un cuerpo de élite respetado en Europa y Estados Unidos a
tener una posición más que dudosa sobre su actuación en la crisis
financiera. (...)
Según algunos de los inspectores consultados, las intromisiones en su
labor están detrás de este problema. Los intereses particulares de los
gobernadores y de los altos ejecutivos del Banco de España (que en
algunos casos han saltado de la institución a puestos de relevancia en
la banca privada) y el escaso interés por enfrentarse al PP y al PSOE,
así como a los barones autonómicos que controlaban las cajas de ahorros,
explican parte de esta falta de eficiencia.
Los inspectores coinciden
en que ha habido una autocensura en sus propios informes, después de
percibir que la jefatura no quería, en muchas ocasiones, “tener
conflictos con las entidades. Parece que valoraban más los informes
positivos que los negativos”, dicen. (...)
El resultado fue que los inspectores se acomodaron y existió, en algunos
casos, una simbiosis entre los deseos de la entidad, los responsables
del Banco de España y los funcionarios que acabaron por bajar la
guardia. (...)
Por último, no hay que despreciar tampoco la presión de los grandes banqueros para proteger sus propios intereses.
Estas circunstancias son las que han llevado a los máximos
responsables del Banco de España a actuar con “poca decisión o de modo
insuficiente o inadecuado”, como afirmó el actual gobernador, Luis
Linde, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados en
julio de 2012.
Linde hizo la crítica más dura que se conoce hasta ahora,
sobre todo porque ha venido de “dentro de la casa y de arriba”, como
recuerdan algunos.
Los errores en el funcionamiento del Banco de España son hoy ya de
dominio público internacional. La prueba son las afirmaciones que
aparecen en el informe del FMI de mayo de 2012 y en el Memorándum de
Entendimiento de la Comisión Europea (julio de 2012).
En estos
documentos se destaca, por un lado, la calidad de la inspección, pero,
por otro, se apunta que la intromisión del poder del Ministerio de
Economía (es decir, de la política) había provocado que el supervisor
aplicara “un enfoque lento en la adopción de medidas correctoras, lo que
ha permitido que los bancos débiles sigan funcionando. (...)
la Asociación de Inspectores del Banco de España consideró que los
diferentes cambios legales llevados a cabo en la reglamentación de 2003
(la modificación de la Ley del Régimen del Personal del banco al
introducir el artículo 6 bis de la Ley de Autonomía del Banco de España)
permitía la “arbitrariedad y discrecionalidad” de la alta dirección a
la hora de decidir las actuaciones sobre las entidades.
Así lo
denunciaron en un escrito, donde afirmaron querer buscar garantías de
“seguridad e independencia” en sus funciones, conscientes de que los
jueces podrían llamarlos a declarar en caso de que alguna entidad
quebrara, como ha ocurrido en el caso de la Caja del Mediterráneo y de
la CCM.
No obstante, la inspección del Banco de España tiene problemas
crónicos en su propia estructura organizativa, según afirman expertos
con un profundo conocimiento del sector financiero. Son muchas las voces
que piden cambios en la forma de trabajar, como que los inspectores
roten de entidades cada cierto tiempo.
De esta forma, se evitaría el
síndrome de Estocolmo con el banco, es decir, que no haya un exceso de
identificación del inspector con la entidad inspeccionada que le haga
perder la objetividad. “Lo peor que puede decir un inspector es: en mi
banco no hay problemas”, apunta un alto cargo.
En cualquier caso, la pregunta clave para juzgar el papel de la
inspección es: ¿denunciaron el deterioro financiero de las cajas antes
de que estas quebraran? Los inspectores afirman que en sus informes
internos hablaron de los problemas de la CCM, de la CAM, de Caja Madrid y
de Bancaja, entre otras.
La querella contra los gestores de Bankia y
los documentos aportados en el sumario han permitido conocer parte de la
actuación de la inspección. En algunos casos, se actuó con diligencia
sobre Caja Madrid, advirtiendo las primeras dificultades en 2003, luego
en 2006 y más adelante en 2009.
Pero hubo claroscuros difíciles de entender. Con la salida a Bolsa de
Bankia, los informes levantaron el pie del acelerador. Así, por
ejemplo, en el informe del 23 de febrero de 2011 los inspectores
consideraron que los deterioros de los activos crediticios e
inmobiliarios de Bankia estaban “bien cubiertos los dos próximos años”
gracias a los fuertes saneamientos realizados en ejercicios anteriores.
En los informes del 2 de agosto y del 2 de septiembre se señala que las
desviaciones sobre los planes objetivos “no son recurrentes y supondrán
una menor presión sobre las cuentas de resultados futuras, que se verán
aliviadas por el esfuerzo inicial de saneamientos de 2010”.
Curiosamente, tras el estreno bursátil, en diciembre de 2011, llegó otro
informe que cuestionaba la viabilidad de la entidad.
¿Pudieron estar presionados los inspectores para no truncar la salida
a Bolsa de Bankia, una operación que parecía como un proyecto de vida o
muerte para España? Algunos expertos creen que sí, pero entienden el
proceso de la siguiente manera: fueron los propios inspectores los que
poco a poco fueron suavizando sus informes al ver que sus superiores
rechazaban aquellas actas con calificaciones duras contra las entidades.
Los inspectores llegaron a desarrollar, por decirlo así, una
autocensura, para acabar escribiendo lo que sus jefes querían leer. Y lo
que querían leer es que no había problemas en las entidades; o que, si
los había, eran problemas superables con el tiempo, por lo que más valía
no aplicar medicinas muy severas que colapsaran al banco o a la caja en
cuestión.
“No tienen capacidad para hacer más provisiones, así que
dejad de encontrarles más problemas”, dicen algunos que reclamaban sus
superiores. Es lo que se conoce, según algunos economistas, como “el
secuestro del supervisor”. (
Íñigo de Barrón , El País, 25 NOV 2012)
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