"Limitar el acceso a la sanidad para determinados colectivos puede afectar no solo a su salud, sino a la de toda la sociedad. Ese es el principal argumento del Tribunal Constitucional para avalar la atención sanitaria universal. Además, el alto tribunal considera que el derecho a la salud, que consagra la Constitución, debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que la discriminación en la atención sanitaria supone.
La doctrina que anticipa un auto del Tribunal Constitucional --la sentencia tendrá que esperar-- echa por tierra elacceso restringido a la sanidad que el Gobierno de Mariano Rajoy implantó con los recortes aprobados en abril, que excluía a los sin papeles de la asistencia normalizada —solo contempla su atención gratuita en urgencias, parto y posparto—. Y lo hace levantando lasuspensión de un decreto del Gobierno vasco que se rebelaba contra estos recortes.
El alto tribunal no admite, sin embargo, la eliminación del aumento del copago farmacéutico, que también incluían las medidas de Rajoy, y contra el que también se posicionó el entonces Ejecutivo de Patxi López. En cualquier caso, el Constitucional no entra a determinar el conflicto de competencias, algo que dirimirá en una sentencia posterior.
En el auto, adoptado por el pleno del Constitucional, el tribunal atiende las alegaciones del Gobierno vasco respecto a que excluir a determinados colectivos de la atención sanitaria supondría poner en riesgo su salud “lo que repercutiría no solo en su estado de salud individual sino en la prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto contagiosas, afectando seriamente a la salud de toda la sociedad”.
Argumentos de salud pública que están también en el trasfondo del auto del Constitucional. Este indica que todos los poderes públicos deben “garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud”, y esgrime que el argumento del ahorro, en el que se basó el Gobierno para limitar la atención sanitaria, no puede prevalecer sobre el interés general de preservar la salud.
La “conveniencia de evitar riesgos para el conjunto de la sociedad”, y la importancia de mantener el derecho a la salud y a la integridad física de las personas no pueden verse desvirtuadas “por la mera consideración de un eventual ahorro económico” que, como indican, ni siquiera se ha concretado.
Uno de los puntos clave de la reforma sanitaria que el Gobierno aprobó en abril es la exclusión de la asistencia normalizada de los extranjeros en situación irregular —que se hizo efectiva el 1 de septiembre con la desactivación de sus tarjetas sanitarias—. Un punto que el País Vasco trató de sortear con un decreto que fue recurrido ante el Constitucional por el Ejecutivo de Rajoy.
Para seguir garantizando la asistencia universal, el Gobierno vasco argumentó que el colectivo de sin papeles es “el que resulta más afectado por patologías infecciosas” como el VIH, la tuberculosis, la meningitis tuberculosa, el paludismo y la hepatitis B, “que presentan una prevalencia en la población inmigrante superior a la española y cuya falta de seguimiento puede dar lugar a un estado de alarma social por deterioro de la salud pública”. Dejar a estas personas “sin el apoyo clínico sanitario, supondría un riesgo de contagio para el resto de la población”, defendía también.
La resolución del Constitucional habla del caso vasco, pero su alcance es mucho más amplio. Y es que Euskadi no es la única autonomía que se ha rebelado ante la ante la decisión del Gobierno de expulsar de la asistencia normalizada a los inmigrantes irregulares —unos 150.000—, a quienes se pretende cobrar por una asistencia a la que ellos, como el resto de la población, contribuyen con sus impuestos. También Andalucía, Asturias y Cataluña siguen dándoles tarjeta sanitaria.
Además de estas autonomías, otras cuatro —Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra— tratan de proporcionarles asistencia, aunque a través de fórmulas administrativas y programas específicos. Nueve comunidadesaplican el decreto del Gobierno a rajatabla: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón. Allí, a los inmigrantes irregulares solo les queda la opción de pagar por los servicios, contratar un seguro o recurrir a las organizaciones que tienen programas gratuitos." (El País, 17/12/2012)
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