16.1.13

Los hospitales valencianos de gestión privada exigen más dinero

"Estas empresas —participadas por aseguradoras sanitarias y Ribera Salud— también reclaman que la Generalitat les modifique al alza la fórmula de actualización anual de la póliza (639 euros en 2012) que la Generalitat paga por cada habitante adscrito a cada concesionaria (entre 150.000 y 250.000 ciudadanos en función del departamento de salud).
 Esta es una reclamación que viene de largo. En lugar de usar como referencia el incremento del presupuesto en asistencia sanitaria de la Consejería de Sanidad, las empresas quieren que el aumento de la cápita se vincule al crecimiento del gasto real, que es superior. 
Además, también plantean otras cuestiones, como que sea la Generalitat la que asuma los gastos financieros del confirming, un sistema de pago por el que, para paliar los retrasos del Gobierno valenciano, las entidades bancarias adelantan los abonos a las operadoras sanitarias a cambio de cobrar por esta operación.

 Las concesionarias consideran que no son ellas, sino la Generalitat quien ha de correr con estos gastos, que rondan, en total, un millón de euros al año.

Todo ello sucede mientras Castilla-La Mancha pretende extender este modelo privatizador valenciano a cuatro hospitales y Madrid aprobó ayer la ley que permite ceder a empresas la gestión de centros sanitarios públicos, lo que ha desatado una movilización sin precedentes contra la privatización de la sanidad.  (...)

Pero la operadora sanitaria —controlada por Sanitas—, va aún más lejos. En el mismo escrito plantea que o se solventan las deudas y se cumplen las condiciones del contrato, o se renegocien de nuevo. 

Y propone distintas alternativas como la prórroga del servicio, la ampliación de la población cubierta (y por ello los ingresos de la Administración) o la incorporación de prestaciones excluidas de la concesión como la oxigenoterapia o las prótesis.

Aunque estas condiciones se parecen mucho a un rescate, Sanitas niega que esté solicitando una solución de este tipo a la Generalitat."    (El País, 27/12/2012)

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