"La privatización del Registro Civil contenida en el Anteproyecto de Ley
de Reforma Integral de los Registros es solo la punta del iceberg de un
propósito de mayor calado. La génesis y el contenido del anteproyecto
revelan una ambición inaudita de controlar la vida de los ciudadanos. (...)
Pretenden controlar desde nuestro nacimiento, hasta nuestra muerte,
pasando por incapacitaciones, emancipaciones, matrimonios, separaciones,
divorcios, nulidades matrimoniales, parejas, testamentos, domicilio a
efecto de notificaciones, seguros de vida y quién sea beneficiario del
mismo, si somos socios de una asociación o somos fundadores o patronos
de una fundación…
En fin, todos los datos de nuestra vida, los más
íntimos, vinculados al ejercicio de derechos fundamentales y de derechos
constitucionales, quedarán en manos de un cuerpo de funcionarios que,
además, se cuida de evitar cualquier control público. ¿Su
responsabilidad? Solo ante la Historia.
Para conocer la génesis del anteproyecto basta hacer una consulta a la web de la poderosa asociación de registradores, Arbo (http://www.arbo.org.es/),
que desvela cómo los beneficiarios del espléndido regalo se han
encargado de prepararlo, ejerciendo funciones de promoción legislativa
propias del Ministerio de Justicia. (...)
El anteproyecto atribuye a los registradores la llevanza de todos los
registros jurídicos. En concreto, sumarían a la llevanza del Registro de
la Propiedad y del Mercantil, el Registro Civil, el de Contratos de
Seguros de Cobertura de Fallecimiento, el de Actos de Última Voluntad,
el de Asociaciones y el de Fundaciones de ámbito estatal, entre otros.
Se crea un monstruo, un gran registro, al estar todos interrelacionados. (...)
¿A qué obedece este afán acaparador? En primer lugar obedece a motivos
económicos. Así se ha reconocido en las respuestas del Ministerio de
Justicia a las primeras críticas; aludiendo a las maltrechas economías
de los registradores, golpeados por el estallido de una burbuja
inmobiliaria que contribuyeron a crear, con demoledoras consecuencias
para las economías de los ciudadanos. Recuérdese que el debate sobre los
desahucios tiene uno de sus focos en la reforma de la Ley Hipotecaria. (...)
Para ello se atribuyen al Colegio de Registradores funciones esenciales
de coordinación, cooperación, vigilancia e inspección. Corporación a la
que se califica como un órgano permanente y soberano en el que
participan democráticamente los registradores.
Reflejo nítido de la
máxima aspiración de un cuerpo de funcionarios de estatuto especial: ser
independientes y hacerse con una importantísima parcela de poder real
sobre los ciudadanos. Un Estado dentro del Estado. Ya quisieran los
independentistas tamaño reconocimiento de soberanía. (...)
Pese a sus diferencias, todos los registros obedecen a un interés
público en el tráfico jurídico, inmobiliario, mercantil, financiero,
industrial o intelectual. Nadie objetaría el carácter público de la
función registral.
Pero esa función se desempeña por los Registradores
de la Propiedad de manera singular, pues en ningún otro país son al
tiempo funcionarios y profesionales, que el anteproyecto convierte en
una especie de jueces, sin dependencia jerárquica.
Unos funcionarios que
cobran por inscribir y por consultar lo inscrito, que mercantilizan la
información del registro mediante el artificio de la publicidad formal,
autodenominados controladores —gatekeeper— de los mercados y árbitros de la legalidad en una sociedad que se atreven a calificar de despersonalizada y escasamente moral.
Grave es agredir a los ciudadanos con descalificaciones como estas y
sumar privilegios a su ya privilegiada posición. Privatizan registros
pagados con nuestros impuestos (como el Civil o el de Asociaciones),
para explotarlos en beneficio propio.
Pero lo más grave es que están en
juego derechos fundamentales y libertades civiles. Atado y bien atado,
España se convertirá en un Estado registral, que entrega a los
registradores el derecho a la privacidad, el derecho a contraer
matrimonio, el derecho de asociación, el derecho de fundación.
Un Estado
en que los registradores carecerán de límites para interferir en la
vida de las personas y controlarán el ejercicio de derechos civiles y de
derechos políticos, como el de asociación y el de fundación.
Un Estado
en el que el marco de las libertades civiles deja de referirse al Estado
constitucional, para referirse al Estado registral. Una invención cuasi
mística de poder frente al ciudadano. ¿Qué tienen que decir a esto el
legislativo y el judicial?" (
Pilar Blanco-Morales Limones , El País, 9 ENE 2013)
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