"La tasa de morosidad de los créditos al comprador —el 3,63 %— no
puede servir de baremo para medir el alcance de las medidas
que deben adoptarse cuando en nuestro país la tasa de desempleo
es del 26 % y un 10,5 % de los hogares tiene a todos sus miembros
en el paro.
El desempleo no es la causa del problema, pero sin
empleo y con una regulación hipotecaria injusta el
endeudamiento de las familias puede estar llevándolas a
situaciones límite de necesidad que pueden y deben evitarse.
Hacerlo no pondría en riesgo el sistema financiero, como así
lo expresaron varios expertos ante la mencionada Comisión.
Estos han sugerido medidas de calado, recogidas en el
proyecto de ley de 193 páginas que está pendiente de ser
debatido:
el establecimiento de medidas preventivas que
eviten el sobreendeudamiento y regulen tanto el plazo
máximo del préstamo como el valor del mismo, la independencia
de las tasadoras respecto a las entidades financieras, la
renegociación forzosa de la deuda para que el crédito
residual no pese de por vida en los hogares endeudados, una ley
de segunda oportunidad para los deudores de buena fe y el
obligado cumplimiento por parte de las entidades financieras
del Código de Buenas Prácticas son solo algunas de las
sensatas propuestas planteadas.
La autoría del logro épico de que el Congreso aprobase por
unanimidad —y en el último momento— esta Iniciativa
Legislativa Popular es algo de lo que no parecen tener duda
los españoles: un 70 % atribuye la preocupación y el mérito a
los movimientos ciudadanos, como la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca.
Es la primera vez que una acción colectiva
liderada por la sociedad civil concentra las fuerzas de
diferentes actores —sociales, políticos y judiciales— en la
defensa de un cambio legislativo que desafía los argumentos
esgrimidos por la élite financiera para perpetuar el
sistema.
Paradójicamente, el contexto de crisis ha
proporcionado unas condiciones objetivas para que arraigue
una de las históricas reivindicaciones de las organizaciones
sociales que —desde hace muchos años— venían denunciando los
riesgos y abusos de un sistema hipotecario injusto. Sin ir más
lejos, en el año 2011, entre las propuestas del 15M
—aparentemente utópicas e inalcanzables entonces— se
encontraba la de reformar la Ley Hipotecaria de modo que la
entrega de la vivienda en caso de impago sirviese para
cancelar la deuda.
Los problemas estructurales que provocan exclusión social
ya estaban antes de que se iniciara la crisis. Muchas de las
denuncias y las propuestas para solucionarlos, también, sin
embargo, es ahora cuando la sociedad civil toma conciencia del
poder de su voz y de la importancia de su presencia.
Algo está
cambiado en el actual contexto de recortes y casos de
corrupción que propicia unas condiciones óptimas para que las
acciones colectivas se tornen en movimientos sociales
capaces de presionar a instituciones y de plantear desafíos
legales impensables hace dos años. Existe una convicción
generalizada de que sí se puede cuando lo reclamado y
reivindicado es una cuestión de justicia y de solidaridad." (
Violeta Assiego Cruz El País, 17 FEB 2013)
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