" En el hospital de Sant Pau (Barcelona), con un modelo concertado similar a los PFI madrileños ( Hospital Infanta
Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Hospital del Norte, del
Sureste y el del Tajo), los trabajadores también han denunciado, en
numerosas ocasiones, el
cierre de salas, la reducción del número de camas y de trabajadores
eventuales,y, en consecuencia, el aumento de listas de espera y muchos
más reingresos de pacientes.
"El principal problema de las empresas privadas con fuerte ánimo de lucro es que tienden a la selección de riesgos:
es decir, buscan "descremar" la demanda y quedarse con los casos
menos graves y que se puedan resolver de forma más sencilla y con
menor riesgo de efectos adversos y complicaciones", señala José Ramón Repullo, jefe de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad.
El catedrático y director del Máster de Evaluación Sanitaria en la Carlos III de Madrid, Félix Lobo, también denunció el sábado, en la I Jornada de Gestión Sanitaria de Afem,
que la selección de riesgos es "difícil de controlar", debido a que los
contratos que la Administración firma con las empresas concesionarias
"no son fáciles de diseñar para que prevengan estos problemas de forma
completa".
Según este experto, debido a que, si se derivan pacientes a
los centros 100% públicos, los hospitales privatizados
tienen "el incentivo de no derivar a otros hospitales, pero sí a la
atención primaria", con los consecuentes riesgos que esta práctica puede
suponer en la salud de los pacientes.
Además, otras formas de selección
de riesgo son, según Lobo, "la especialización en tratamientos no complejos,
la escasez de facilidades para discapacitados y la no contratación de
médicos buenos en especialidades caras para que los pacientes no vayan" a
tratarse de enfermedades no rentables.
Es así como las concesionarias
que gestionan los hospitales ya privatizados de la Comunidad desde
épocas de Esperanza Aguirre consiguen salir rentables en las cifras oficiales.
En cuanto a las pruebas e intervenciones realizadas a los pacientes,
además, Repullo también advierte de que "si se paga por acto, se tenderá al uso excesivo e inapropiado; si se paga por capitación (una cantidad por persona y año) se tenderá a la provisión de menos servicios de los demandados y posiblemente de los necesarios".
"Por eso se suele decir que el tabaco es malo para la salud y el
ánimo de lucro malo para la sanidad", metaforiza el experto en Economía
de la Salud.
"La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
asegurado que los sistemas universales y públicos son los que
consiguen mejores resultados en salud con menos dinero", cita también
el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez Bayle.
"Es difícil demostrar
con rigor esta situación debido a la falta de información, pero las
empresas privadas, por lógica, tienen que repartir beneficios
y es lógico también que ese dinero salga de la reducción de médicos,
del tiempo de estancia del ingreso, de pruebas dianósticas...", señala
también Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de
la Sanidad (CAS-Madrid). (...)
"No sabemos de dónde salen esas cifras [441 euros por persona, en lugar
de 600], cómo ha realizado la Consejería esos estudios, porque no es lo mismo contabilizar coste por persona en un área determinada que coste por paciente realmente atendido", señala Juan Oliva, presidente de la Asociación Economía de la Salud.
El Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público de Madrid
es, para Oliva, "un plan ambigüo que no dispone de ningún informe
técnico que lo avale ni de una fuente de información de donde podamos
obtener ese cálculo", insiste.
Lo que sí se conoce hasta ahora es que el presupuesto inicial destinado
por la Comunidad de Madrid tanto a hospitales públicos como
semiprivados acaba aumentándose con creces al final de cada año.
"El gasto siempre está por encima del presupuesto, con lo que podemos concluir que los centros están infrapresupuestados; un juego perverso que, en cualquier caso, demuestra una mala gestión,
bien por parte de la Administración pública que lo gestiona, bien por
parte de la empresa privada que maneja el hospital en cuestión",
advierte este experto.
"Así no hay forma de saber quién es el culpable, porque no se dispone de información suficiente", añade." (Público, 18/02/2013)
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