Porque si en todo este asunto hay
un, parece que evidente, caso mayúsculo de corrupción, éste se produce
por el lado de los ingresos del Partido Popular y no, insisto, a pesar
del morbo que pueda provocar en la ciudadanía, por el lado de los
gastos.
Ya que si se conocen los nombres de
las personas o empresas que contribuían a financiar de manera irregular
al Partido Popular, ya fuese con pagos muy superiores a los permitidos
por la ley, o directamente con dinero negro, lo que procede, y lo que la
ciudadanía de este país debería estar demandando, es que se investigue
cada uno de los procedimientos de contratación que han dado lugar a los
contratos que esas personas o empresas pagadoras mantenían con las
diferentes administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular.
La verdadera corrupción está en que
se adopten decisiones desde las administraciones públicas para favorecer
intencionadamente a una determinada empresa, en perjuicio de sus
competidores, a cambio de que esa empresa pague el favor ingresando una
determinada cantidad de dinero en las arcas del partido o en el bolsillo
de su tesorero. Estas son las prácticas que corrompen el funcionamiento
del estado de derecho.
Adoptar desde las administraciones decisiones
erróneas o injustas, a sabiendas de que lo son, para favorecer al que
está contribuyendo a financiar a la organización política del que adopta
esa decisión errónea o injusta.
Por cierto, en este mismo apartado
debería entrar la investigación sobre quiénes fueron finalmente los
beneficiarios de la amnistía fiscal promovida por el ministro Montoro.
No vaya a ser que también en este tema se esté hablando de lo mismo..." (A furada do trasno, 11/02/2013)
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