"El Gobierno acaba de poner el eslabón final a una extraordinaria crisis financiera causada por cajas y bancos. La crisis de las participaciones preferentes se salda consagrando cuantiosísimas pérdidas
a los clientes, al arbitrar su canje por acciones tras devaluar
enormemente su valor facial.
Este asunto perjudica a una parte
sustancial de los 700.000 afectados que invirtieron en ellas por importe
superior a 32.000 millones de euros. (...)
Muchos sufren un severo castigo, los que pierdan en la parte alta de
la horquilla del 10% al 70% de su capital. Es un ejército de
ahorradores, pues las entidades les colocaron masivamente esos productos
tóxicos desde que en 2007 empezaron a dejar de tener liquidez y los
inversores institucionales huyeron de ellos como de la peste.
Y se
despliega en colectivos geográficamente bastante concentrados —en
Galicia, en Cataluña, en Madrid y en Valencia, aunque no solo— en torno a
los principales centros de las cajas nacionalizadas, aunque tampoco
solo ellas.
Seguro que entre los inversores se registraron conductas imprudentes
—incluso de clientes con cultura financiera—, estimuladas por la golosa
remuneración que ofrecían las preferentes.
Pero los estrictos arbitrajes
ya realizados han arrojado un promedio de cerca de un tercio de casos
favorables a los clientes, pues fueron engañados o desinformados; hasta
el punto de que productos tan complejos se vendieron a analfabetos
o a enfermos de alzhéimer. Ello indica que la perversión era sistémica,
para nada aislada.
Es decir, fue culpa de las entidades: más de las
peor gestionadas, que han acabado necesitando socorro público, pero
también del resto, que han llegado a acuerdos de reconversión parcial de
esos activos.
Entre los responsables figuran además los organismos
reguladores y supervisores que, pese a advertir del problema,
desplegaron escasa contundencia en aplacarlo. Y los sucesivos Gobiernos,
desde que el Ejecutivo de Aznar legalizó en 2003 las preferentes para
neutralizar el procedimiento abierto contra ellas por la Fiscalía
Anticorrupción." (El País, 25/03/2013)
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