"Ada Colau pide seguir el ejemplo andaluz para expropiar viviendas a los bancos.
Tal vez lo más importante sea la opinión que de esta ley tengan los que sufren los desahucios, la lacra de los lanzamientos judiciales, la pérdida de su vivienda y la hipoteca no solo de sus cuentas sino de su propia vida.
En ese sentido hay que destacar que la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha calificado de “muy positiva” la iniciativa aprobada por el Gobierno de Andalucía que prevé la expropiación de viviendas a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desalojos de familias en riesgo de exclusión social.
Colau ha explicado que esta medida demuestra que “es cuestión de voluntad política el hecho de empezar a poner límites a las entidades financieras”. Asimismo, ha instado a las otras comunidades autónomas y a los ayuntamientos a que “tomen nota”.
No obstante, ha comentado que estas medidas “van a ser insuficientes y habrá que hacer mucho más y seguir presionando en el Congreso para que se apruebe la iniciativa legislativa popular (ILP) hipotecaria y que se condonen las deudas ilegítimas que asfixian a las familias de porvida”. (El Plural, 11/04/2013)
"La consejera de Presidencia, Susana Díaz, informa de que unas 200 familias que ya han acudido a las oficinas de protección a la vivienda que tiene en marcha la Junta van a ser las primeras que se van a acoger al decreto de función social de la vivienda que este viernes entra en vigor y que va a permitirles "una esperanza a esa situación de desahucio que la vienen oprimiendo".
Tal vez lo más importante sea la opinión que de esta ley tengan los que sufren los desahucios, la lacra de los lanzamientos judiciales, la pérdida de su vivienda y la hipoteca no solo de sus cuentas sino de su propia vida.
En ese sentido hay que destacar que la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha calificado de “muy positiva” la iniciativa aprobada por el Gobierno de Andalucía que prevé la expropiación de viviendas a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desalojos de familias en riesgo de exclusión social.
Colau ha explicado que esta medida demuestra que “es cuestión de voluntad política el hecho de empezar a poner límites a las entidades financieras”. Asimismo, ha instado a las otras comunidades autónomas y a los ayuntamientos a que “tomen nota”.
No obstante, ha comentado que estas medidas “van a ser insuficientes y habrá que hacer mucho más y seguir presionando en el Congreso para que se apruebe la iniciativa legislativa popular (ILP) hipotecaria y que se condonen las deudas ilegítimas que asfixian a las familias de porvida”. (El Plural, 11/04/2013)
"La consejera de Presidencia, Susana Díaz, informa de que unas 200 familias que ya han acudido a las oficinas de protección a la vivienda que tiene en marcha la Junta van a ser las primeras que se van a acoger al decreto de función social de la vivienda que este viernes entra en vigor y que va a permitirles "una esperanza a esa situación de desahucio que la vienen oprimiendo".
Preguntada
sobre si le preocupa un posible recurso al decreto, Díaz ha manifestado
que es una ley "con rigor jurídico" y "jurídicamente intachable". Ha
apuntado que los servicios jurídicos de la Junta han hecho "un magnífico
trabajo, con rigor" y ha agregado que son conscientes de que es una
medida que tiene "una innovación legislativa, pero tiene mucho rigor
jurídico".
Así, ha considerado que el Gobierno lo que tendría que hacer "es copiar" a Andalucía en una iniciativa de este tipo.
En
este sentido, su compañera en el Ejecutivo andaluz, la consejera de
Fomento y Vivienda de Andalucía, Elena Cortés (IU), ha planteado a
Fomento que convoque una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para
debatir sobre los desahucios y para que la Junta explique con detalle
el nuevo decreto ley sobre función social de la vivienda.
En su
comparecencia en la comisión de Vivienda del Parlamento andaluz, ha
ofrecido esa posibilidad a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para
"ayudar desde las comunidades autónomas a cambiar esa injusticia social"
que suponen los desahucios dentro de las competencias autonómicas para
paralizar los lanzamientos.
La consejera ha defendido el decreto
ley de la función social de la vivienda, aprobado el pasado martes por
el Gobierno andaluz, y ha argumentado que "no se puede seguir impasible
ante el proceso de exclusión social" que está provocando la crisis
económica." (Público, 11/04/2013)
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