"La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Epsa,
fue diseñada con la filosofía neoliberal al uso: lo público debe ser
rentable. Así, su cultura empresarial interna es la de una promotora
inmobiliaria, que gestiona suelo y viviendas públicas, pero con un
balance de pérdidas y ganancias, y la obligación de obtener beneficios.
"Cambiar esa cultura por otra de rentabilidad social no es fácil", dicen desde la Consejería de Vivienda
que dirige Elena Cortés, una de los representantes de Izquierda Unida
en el Gobierno de coalición con el PSOE de José Antonio Griñán. "Para
empezar, lo primero ha sido conseguir que Epsa dejara de exigir avales
para acceder a una VPO en alquiler a los potenciales inquilinos",
explican a modo de ejemplo desde la Consejería.
El
siguiente objetivo impuesto a Epsa es el de adaptar los precios de su
parque público residencial a la realidad social. Objetivo que se
trasladó ayer jueves a los responsables provinciales de la empresa
pública en una reunión celebrada en Sevilla. "No es más que ser
congruentes, adaptar nuestra actividad al espíritu del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda", afirman.
Hacerlo supone convertir el equivalente al 25% de los ingresos del
inquilino de una vivienda social en el límite máximo de la cuota mensual
del alquiler. Así, aquellos que residan en una de las viviendas
sociales y destinen más del 25% de sus ingresos a pagar su casa verán cómo su cuota mensual baja.
A cambio, a todos aquellos cuyos ingresos superen ya, pasados los años,
los que se establecieron en su contrato inicial, Epsa les podrá
actualizar la cuota de alquiler. Eso sí, siempre sin superar el tope
máximo del 25% de los ingresos. Se trata, explican desde la Junta, de
fomentar la rotación del parque público, y hacer frente a aquellos casos
en los que haya inquilinos pagando rentas antiguas que ya no son
acordes con su actual nivel de ingresos.
De esta
forma, EPSA pretende terminar con situaciones como la de algunas
familias con dos sueldos elevados que pagan 30 euros al mes por el
alquiler, o algunos que incluso tienen una segunda residencia en la
costa. En estos últimos casos, perderán el derecho sobre la vivienda." (eldiario.es, 02/05/2013)
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