"No hay razones económicas para pensar que
los desequilibrios coyunturales de las cuentas de la Seguridad Social
española requieran nuevas reformas; el Fondo de Reserva diseñado con tal
finalidad, puede hacer frente a tales desequilibrios incluso en un
horizonte largo, como puede ser el año 2018, cuando las propias
perspectivas del gobierno hablan de una vuelta al superávit en las
finanzas de la Seguridad Social. (...9
Pero más allá de este servilismo a la
coyuntura, o mejor a la política coyuntural del gobierno actual, me
preocupaba, entre otras cuestiones relacionadas en el factor de
sostenibilidad diseñado por la mayoría del Comité, el enfoque
estratégico que ello significaba para el futuro de las pensiones
públicas.
La reforma contenida en la Ley 27/2011, que acaba de entrar en
vigor a principios de 2013, ya significará un recorte importante en el
valor de las pensiones medias, estimado oficialmente en un ahorro del
gasto de unos 3 puntos porcentuales de PIB en el horizonte del 2060.
A
lo que habría que añadir, según tales estimaciones otro medio punto
porcentual, al menos de ahorro adicional, por la aplicación del factor
de sostenibilidad relacionado con la esperanza de vida contenido también
en la citada Ley. (...)
Tocaba, a mi modo de ver, que los próximos
ajustes para alcanzar la estabilidad presupuestaria, alterada por la
dinámica demográfica y la evolución económica previsible, acudieran por
el lado de los ingresos, inyectando recursos al sistema desde el erario
público –lo que significa transferencias adicionales desde los activos a
los pasivos- para acabar de alcanzar el deseado equilibrio en las
finanzas de la Seguridad Social en ese entorno de dentro de unas cuatro
décadas. (...)
Ya se que el informe final del Comité de Expertos no niega este camino, pero es obvio que promueve el otro. Seguir insistiendo en la reducción del valor relativo de las pensiones allana el camino para la promoción de fondos privados de pensiones, como mecanismo complementario de suficiencia.
Mecanismo que hasta la
fecha ha operado con escaso éxito en nuestro país, y a tenor de lo
analizado por la OCDE, con escasa eficiencia en sus resultados. Pero
esto es harina para debatir en otra ocasión.
El caso es que este camino
de complementar pensiones públicas con pensiones privadas no está al
alcance de todos los ciudadanos españoles, más bien de pocos y la vía
abierta de repercutir de nuevo los ajustes sobre el valor medio de las
pensiones no llevará sino a incrementar las bolsas de pobreza y de
desigualdad en la distribución de la renta en el ámbito de la población
jubilada, ya de por sí suficientemente expuesta a situaciones de
vulnerabilidad económica."
(Santos M. Ruesga , NdE.: Santos Ruesga formo parte del comite de expertos, siendo el
unico que ha votado en contra del informe encargado por Empleo para
aplicar el factor de sostenibilidad a las pensiones, Economistas frente a la crisis, 13/06/2013)
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