"La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna ha puesto en marcha
una campaña con el objetivo de aglutinar el mayor número de entidades y
organizaciones posibles y pedir al Govern de la Generalitat y al
Parlament de Catalunya que impulsen medidas para poner en régimen de
alquiler social los pisos vacíos en manos de entidades financieras.
Según datos de la Plataforma, integrada por CCOO Catalunya, UGT
Catalunya, Justicia i Pau, la Organització de Consumidors i Usuaris de
Catalunya (OCUC) y Cáritas Diocesana, las entidades financieras tienen
120.000 viviendas vacías, nuevas y de segunda mano, en Cataluña,
mientras que tan solo son 900 los pisos que el Fondo Social de Viviendas
tiene en la comunidad.
La demanda de crear un Fondo Social de Viviendas de Cataluña
contempla la integración de los cerca de 80.000 pisos de obra nueva sin
vender que contabilizó un estudio de la Generalitat sobre el stock de
viviendas (casi 90.000 según el informe del Consell de Treball Econòmic i
Social de Catalunya), y los pisos de segunda mano, cuyo número no está
cuantificado.
Según los estándares europeos, recuerda la Plataforma, un
18% del parque construido debería dedicarse al alquiler social, lo que
en Cataluña equivaldría a medio millón de viviendas. La oferta actual,
por lo tanto, se encuentra muy lejos de esta cifra.
“Estas viviendas existen y gran parte están en manos de entidades
financieras, muchas de las cuales han sido rescatadas con dinero
público, lo que supone una contradicción absoluta”, ha expresado el
presidente de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres.
“Estamos planteando el
alquiler forzoso de los pisos vacíos de las entidades financieras, para
acoger a las familias desahuciadas, en vía de desahucio, y aquellas que
se encuentran mal alojadas”, ha subrayado el secretario general de CCOO
Catalunya, Joan Carles Gallego.
Según un estudio sobre exclusión social realizado en 2009, en
Cataluña hay 37.000 personas residentes en alojamientos que no reúnen
unas condiciones mínimas. En los últimos cinco años, según datos del
Consejo General del Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarias
llevadas a cabo en la comunidad se elevaron a 50.000.
En Cataluña, las
familias inscritas en el registro de solicitantes de viviendas
protegidas son además 69.000, ; y el pacto nacional de vivienda estima
en 65.000 las familias en riesgo de exclusión residencial. Todo ello
sitúa las necesidades de vivienda de alquiler social en la comunidad en
una cifra superior a las 220.000.
La Plataforma señala, además, que uno de los problemas del Fondo
Social de Viviendas es que los pisos están exclusivamente destinados a
familias víctimas de ejecuciones hipotecarias y deja fuera a aquellas
que han sido desahuciadas por no poder pagar el alquiler y a las que se
encuentran mal alojadas, cuando, precisamente, en Barcelona y su área
metropolitana el 80% de los desahucios se producen por impago del
alquiler." (...)
“Lo que estamos planteando es posible. Se está haciendo hoy en
Andalucía, en Canarias y en Navarra”, ha apuntado Gallego. La respuesta
de la Comisión Europea al decreto andaluz de vivienda, alegando que la
expropiación temporal de pisos vacíos en manos de los bancos para
ponerlos en alquiler afectaría negativamente a la estabilidad del sector
financiero, es para las entidades un claro ejemplo de que la
Administración mira más por los intereses de las entidades financieras
que por los de la población.
“La Comisión Europea se pone la manos en la
cabeza con las medidas que se han tomado en Andalucía, cuando a mi modo
de ver son bastante limitadas”, ha defendido Álvarez." (La Marea, 03/04/2013)
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