Se quitó la tarjeta sanitaria a 873.000 inmigrantes. Amnistía Internacional denuncia que se pone en peligro sus vidas

"La crisis económica no puede convertirse en una crisis de derechos humanos". Es una de las conclusiones del informe que ha presentado este jueves Amnistía Internacional (AI) bajo el título "El laberinto de la exclusión sanitaria". 

 El trabajo, más que en datos cuantitativos, se basa en los testimonios y experiencias de inmigrantes en situación irregular que, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012 en abril de 2012 quedaron en una situación en la que la organización considera que "se está vulnerando el derecho humano a la salud".

De acuerdo con ese decreto, los inmigrantes en situación irregular deben pagar por recibir asistencia sanitaria. Las únicas excepciones en las que el acceso al sistema sanitario se ofrece en condiciones de gratuidad son las urgencias, los accidentes –hasta el alta médica–, el embarazo, el parto y el posparto.

También entran en este reducido cupo de excepciones quienes han solicitado protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos. El resto de personas deben abonar cantidades que AI estima desproporcionadas. Además, la organización asegura que se están cometiendo numerosas irregularidades, como emitir facturas por acudir a los servicios de urgencias.

Así, desde la entrada en vigor del decreto se ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas migrantes, lo que impide su acceso al sistema sanitario, "incluso poniendo en ocasiones su vida en riesgo". Esta circunstancia es especialmente preocupante porque, recuerda el informe, se trata de "uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad". 

 Para la elaboración del análisis se han tomado como ejemplo las Islas Baleares, donde se han retirado 19.856 tarjetas sanitarias y donde tuvo lugar uno de los casos con mayor repercusión mediática de falta de asistencia: el del joven senegalés Alpha Pam, fallecido en Inca (Mallorca) por una tuberculosis –a pesar de que esta enfermedad debe tratarse de forma gratuita– tras negársele hasta en tres ocasiones la realización de las pertinentes pruebas diagnósticas.

En el texto hecho público este jueves, la organización también censura el discurso de un buen número de políticos, que han justificado la restricción de derechos a migrantes con discursos que "contribuyen a construir prejuicios".

 Amnistía Internacional, dice en el documento, "condena estos discursos que asocian inmigración y utilización abusiva de la sanidad" algo que, como se recuerda, contradice "diversos informes técnicos que aseguran lo contrario", y que muestran que la utilización de los recursos sanitarios por parte de este colectivo es inferior o, en todo caso, similar a la media.  (...)

Por último, AI denuncia en su informe que con la finalización de la universalidad del derecho a la salud, el Gobierno contradice lo recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece el derecho a "un nivel de vida adecuado que asegure (...) la salud y el bienestar, y en especial (...) la asistencia médica". 

La medida también es contraria, según la organización al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y a la Convención sobre derechos del niño (1989).

"Los derechos sociales no son concesiones del Estado que puedan ser retiradas en tiempos de dificultades económicas. Son derechos humanos que el Estado no puede eludir bajo la premisa del contexto de crisis", concluye el texto. Ante la grave situación en la que la restricción de derechos ha dejado a miles de personas, Amnistía Internacional también ha querido destacar la respuesta de sanitarios y organizaciones que, a veces por canales informales, han buscado dar cobertura sanitaria al colectivo de inmigrantes en situación irregular."              (InfoLibre, 04/07/2013)