"Resultado del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el
proceso de transición de la dictadura a la democracia, España ha
continuado siendo uno de los países con mayores desigualdades de renta y
de propiedad. (...)
Esta desigualdad se ha caracterizado por una gran concentración de las
rentas y de la propiedad en grupos de la población muy minoritarios que
derivan sus ingresos de las rentas del capital, mientras que la mayoría
de la población, que deriva sus rentas del trabajo, ha visto una
disminución de sus rentas (en términos proporcionales) con descenso de
su capacidad adquisitiva.
Esta situación ha sido paliada debido a la
relativa facilidad en conseguir crédito, lo cual ha enriquecido al
capital financiero. En realidad, la extensión de este último se basa en
la escasa capacidad adquisitiva de la población trabajadora, sea
asalariada (que trabaja para otros), sea autónoma (que trabaja para sí
mismo).
Esta situación ha sido muy acentuada en los últimos años debido a
la burbuja inmobiliaria, que se basó en un enorme endeudamiento y en
una gran expansión del capital financiero. (...)
Este endeudamiento ha permitido ocultar
el grave problema de la enorme desigualdad en España entre aquellos que
derivan sus rentas del capital (una minoría) y aquellos que la derivan
de las rentas del trabajo (la gran mayoría), desigualdad que se ha ido
acentuando.
Así, mientras que en 1977 las rentas del trabajo (que
incluyen mayoritariamente a la población asalariada) representaban el
67,3% de todas las rentas, en el año 2012 estas se redujeron al 53,4%.
Y
este año han pasado a ser el 48,6%, representando un porcentaje menor
que el de las rentas derivadas del capital, una situación sin
precedentes en el periodo democrático. A este descenso de las rentas del
trabajo han contribuido las sucesivas reformas laborales, que han
determinado un descenso de los salarios (un 6,2% este año), el
debilitamiento de los convenios colectivos, y el aumento del paro y de
los recortes salariales en el sector público.
Por otra parte, las rentas superiores se
han beneficiado de las políticas fiscales regresivas. Así, desde los
años ochenta, el 0,1% de los hogares más ricos registró un aumento de
las rentas de un 40%, y el 0,01% de un 73%.
El del 1% fue de un 21%,
porcentaje mucho más elevado que el del resto de la población. El
incremento de las rentas de la gran mayoría de la población fue solo de
un 11% (datos todos ellos obtenidos del excelente informe Desigualdad y
Estado Social en España. Fundación 1º de mayo. Junio de 2013).
De todo lo dicho se deriva que para
disminuir las desigualdades se requiere un aumento de los puestos de
trabajo y de la población empleada, junto a un incremento de los
salarios así como una reducción de las rentas del capital, gravando
intensamente dichas rentas dentro de una política fiscal progresiva y
redistributiva, así como un aumento de las transferencias y servicios
públicos del Estado del Bienestar que beneficie especialmente a las
clases populares.
Todas ellas son medidas opuestas a las realizadas por
los sucesivos gobiernos que han enfatizado todo lo contrario, con el
beneplácito, cuando no imposición, de las autoridades que gobiernan la
Unión Europea. (...)
Mientras, el Estado español continúa siendo de los menos redistributivos
de la Unión Europea. Sin su intervención –a través de transferencias a
la ciudadanía-, el 24% de los españoles serían pobres.
Después de las
transferencias, el 20% lo son, una reducción de cuatro puntos, mucho
menos que en el promedio de la UE-15, ocho puntos, y mucho, mucho menos
que en Suecia, que es más de tres veces más. Esta es la escasa capacidad
redistributiva del Estado español.
Todos estos datos muestran la enorme
influencia que las fuerzas conservadoras (de distintas sensibilidades
políticas) y liberales tienen sobre el Estado español, consecuencia de
la limitadísima democracia existente en este país."
(Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 25 de julio de 2013, en vnavarro.org, 25/07/2013)
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