"La batalla ideológica alrededor de la próxima reforma de las pensiones, va en aumento. Ahora son 24 expertos (vea la lista completa) -el doble de los convocados por el Gobierno- quienes critican duramente los cambios planteados por la ministra Báñez. Y lo hacen con un argumento central: la reforma del sistema público de pensiones se ha planteado siempre “como un problema técnico cuando es un problema político”.
En
opinión de estos economistas, “se ha querido enmarcar como una cuestión
de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestión
es la distribución de la renta”. (...)
Los expertos parten para su análisis de un principio. El factor más
importante para garantizar la viabilidad del sistema “no es el número de
personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente puedan hacerlo”.
Y en este sentido, critican la decisión de retrasar la edad de
jubilación, que, en su opinión, carece de todo sentido cuando existe un
altísimo nivel de paro.
En 2013, en España, con 6 millones
largos de parados, elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años
“no tiene demasiada lógica”, sostienen.
La clave, según ellos, es la productividad.
Y recuerdan que 100 trabajadores pueden producir lo mismo que 1.000 si
su productividad es diez veces superior, “de tal modo que los que
cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error
al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de
trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se
reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho
mayor”. (...)
Para los firmantes del documento, “la auténtica amenaza sobre las
pensiones se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad Social
como algo distinto y separado del Estado”. En su opinión, la separación de fuentes se ha entendido como algo estructural, no como un mero instrumento para la transparencia y una administración racional de los recursos del Estado. (...)
Según recogen en el escrito, “en un Estado definido como social por
la vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable,
que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales”.
Y en este sentido, aseguran que “son todos los recursos del Estado los
que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado,
también a las pensiones”.
Según sus cálculos, el equilibrio
financiero depende no solo del número de pensionistas y empleados y de
la magnitud de las pensiones, sino de otros factores de los que no se
habla cuando se propone rebajar las pensiones:
Del empleo, pues cuanto mayor sea el número de empleados más ingresos recibirá la Seguridad Social.
De la productividad,
pues a medida que aumenta (como viene sucediendo en los últimos años),
se puede obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones
incluso con menos empleados.
Del nivel de los salarios
y, por tanto, de la participación de los salarios en los ingresos
totales, pues cuanto mayor sea ésta más masa salarial habrá para
financiar las pensiones.
De la extensión de la economía sumergida, pues cuanto más pequeña sea más cotizantes habrá y, en consecuencia, también más ingresos para la Seguridad Social. (...)
Los autores del documento recuerdan que el artículo 50 de la
Constitución afirma que “los poderes públicos garantizarán, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. (...)
Y para avalar sus argumentos recuerdan que el gasto del sistema
público de pensiones español en relación al PIB es reducido cuando se
compara con el de la mayoría de los países de nuestro entorno, “por lo
que no parece que tenga mucho sentido hablar de que su viabilidad esté
en cuestión”. Se destina el 10% del PIB, mientras que la media de la
Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%.
Tras la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, según admite la Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report,
sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se
reduce rápidamente debido a que la presión demográfica de la llegada a
la edad de jubilación de las generaciones del baby boom
es sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones
de la más baja tasa de natalidad de la historia).
Es decir, se tendrá
que destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin
demasiadas complicaciones países como Austria, Francia o Italia
Existen sospechas bien fundadas, dicen los firmantes, de que las múltiples campañas realizadas para sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas tienen también como finalidad potenciar los fondos privados
de pensiones. De ahí que en todas las reformas se plantee la necesidad
de completar las pensiones públicas con pensiones privadas." (El Confidencial, 23/09/2013)
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