"Se entiende por deuda ilegítima toda aquella que vulnera los derechos
humanos, sociales, económicos, culturales y medioambientales. Es decir,
aquella que presenta un carácter injusto.
Esta, según ha aseverado esta
mañana en una rueda de prensa la Plataforma por la Auditoría Ciudadana
de la Deuda (PACD), es la esencia de los rescates a la Banca en España.
Tal y como han explicado, “la ilegitimidad de las ayudas proporcionadas
a la banca emana de los propios mecanismos que originaron el
sobreendeudamiento de las entidades financieras y, por ende, la aparente
necesidad de que fueran rescatadas con dinero público”.
Desde la PACD han denunciado que Luis de Guindos pretende que la ciudadanía crea que únicamente las medidas de capitalización basadas en inyecciones de capital o el esquema de protección de activos
son las únicas que existen, que ascienden a unos 61.000 millones de
euros.
Sin embargo, han explicado que hay otras realidades que no
quieren contar y que están íntimamente ligadas con el rescate, como por
ejemplo que “por cada euro que se ha reconocido como perdido hay un
riesgo potencial cuarenta veces superior”.
En el informe que documenta y argumenta que este rescate es ilegítimo, cifran en 1.427.355 millones de euros la cantidad total de las ayudas públicas recibidas por las entidades financieras en España.
“Para que nos demos cuenta de la magnitud de este importe, pensemos en
que con esta cantidad se podrían abonar las pensiones durante algo más
de 11 años”.
Sin embargo, desde la PACD han querido dejar claro que esta suma de
dinero “no recoge todas las ayudas públicas de las que las entidades
bancarias se benefician” ya que “uno de los elementos que más lucra a
los bancos es su actuación como prestamistas del Estado”.
Además, este informe constata que dichas ayudas públicas, que se presentaron como imprescindibles, han sido inútiles ya que “únicamente el 6% de ellas se han destinado a la recapitalización”.
A la ineficacia del rescate, que no ha contribuido a solucionar la
situación del sistema bancario, hay que sumarle lo perjudicial que ha
sido para la Administración Pública. Y es que, según los datos
facilitados por el Banco Central Europeo, existe una “clara relación
entre las ayudas a la banca y el proceso de crecimiento de la deuda
pública”.
Al impacto indirecto causado por el transvase de dinero público hacia
la banca privada es necesario añadirle “el efecto oculto que supone que
el aval implícito que el Estado otorga a los depósitos bancarios de
hasta 100.000 euros por titular”. Es decir, que “somos todos los ciudadanos españoles los que respondemos por ese aval”.
Esto supone que, además del riesgo soportado por el Estado, hay más de
800.000 millones de euros en avales que no se contabilizan como deuda
púbica ni figuran estadísticamente como riesgo indirecto pero que
repercuten directamente sobre las arcas públicas.
Otra de las denuncias que contiene el informe de la PACD es que “nos han intentado convencer de que el importe del rescate lo pagarán las entidades que hayan recibido las ayudas.
Esto es absolutamente falso”. Según han afirmado, esta es una ayuda
pública a nivel europeo que, finalmente, tendrán que pagar los
ciudadanos españoles y, en caso de que no puedan, “los ciudadanos europeos a escote. O sea que nosotros como españoles o nosotros como europeos, seremos quienes abonaremos estas ayudas en cualquier caso”. (...)
“Lo que tenemos claro ya es que una gran parte del rescate que han
recibido los bancos no se va a pagar”. El siguiente paso, por tanto,
consiste en señalar quiénes serán los encargados de abonarla. “Y desde
luego que no somos los ciudadanos los que debemos cargar con el pago de
una deuda que no hemos adquirido nosotros”.
Para ello, la auditoría
ciudadana debe esclarecer qué parte concreta de la deuda generada por
los rescates bancarios es ilegítima, “que debería ser el 100%”. Una vez
se hubiera concretado, “exigimos no pagar la deuda ilegítima que se
derive de las ayudas públicas”.
Finalmente, consideran que hay dos opciones. Por un lado, que los bancos rescatados dejen de ser privados y pasen a ser entidades financieras públicas.
Por otro, en el caso de que el impago de la deuda derive en quitas como
ya sucedió en Grecia, “que sean los accionistas, los directivos y todos
aquellos que se han beneficiado con el rescate los que carguen con
ella. Y si tienen que perderlo todo, que lo pierdan. Lo que está claro
es que los ciudadanos no somos los que tenemos que hacernos cargo“. (La Marea, 10/10/2013)
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