"La subasta CESUR realizada el martes 23 de Septiembre de 2013 para fijar
el precio de la energía en la Tarifa de Último Recurso (TUR) – ahora
denominado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) – ha
incrementado el coste de la electricidad que deberán pagar los pequeños
consumidores en un 7,6%. (...)
Porque hay que decir -que no haya confusiones- que si la energía ha
subido para los consumidores en un 7,6%, los costes de producir esa
energía ha subido para las empresas que la producen exactamente cero. ¿O
es que acaso ha subido el agua de los ríos, o el
combustible radioactivo de las centrales nucleares, o las tarifas que
remuneran las energías renovables, o el gas o el carbón de las centrales
térmicas? No, no han subido.
Lo único que ha subido es la percepción de
riesgo de los intermediarios/vendedores de energía a plazo sobre cual
será la oferta de la central que marque el precio a lo largo del periodo
de tres meses en los que tendrán que entregar la energía que el 23 de
Septiembre vendieron. Así es la regulación y así es la inflación de
precios que semejante regulación genera.
Llama la atención que el mecanismo de subasta CESUR haya encarecido
-desde que se instalara en Julio de 2009- el precio de la electricidad
para los consumidores en más de un 15% – en media anual- sobre los
precios del mercado de la electricidad sin que nada se haya hecho, sin
que nada se haya cambiado, cómo si las autoridades regulatorias
permanecieran perplejas y nada supieran que hacer frente a tamaña
perversidad regulatoria. (...)
La subasta CESUR, desde su utilización en 2009 para fijar el precio de
la electricidad en las tarifas eléctricas que pagan los pequeños
consumidores, ha demostrado ser un instrumento inflacionista en la
fijación de los precios minoristas, y ha contribuido al incremento del
déficit tarifario -que nadie se enrede con las trampas de la
contabilidad regulatoria- en más de 5.000 M€. ¿Son estos 5.000 M€ costes
del suministro? No.
Son costes reconocidos por la regulación eléctrica,
ajenos a la cadena industrial del suministro, que apenas aportan valor
añadido alguno, que deterioran la competitividad de la economía y drenan
rentas de las familias que hubieran ido a otros sectores. (...)
Mientras… recortes carentes de base jurídica ni de legitimidad
regulatoria siguen cebándose sobre las energías renovables -acercando
peligrosamente a sus inversores al precipicio de la quiebra-, y la
sobre-retribución de las centrales convencionales nucleares e
hidroeléctricas, producto de normas inadecuadas que falsamente se
remiten al funcionamiento de los mercados, se sigue, sin embargo,
manteniendo intacta." (Jorge Fabra Utray, Economistas frente a la crisis, 26/09/2013)
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